Las causas de la nueva guerra en Congo
La actual guerra de Kivu es una secuela de la no resuelta segunda guerra del Congo (conocida también como la Gran Guerra Africana) de 1998-2003. La nueva guerra ha sido fomentada para continuar el saqueo de los ricos recursos minerales congoleños y está alimentado por los conflictos étnicos acumulados tras masivas migraciones a lo largo del siglo XX en la zona y por las secuelas del genocidio rwandés de 1994, ya que las milicias responsables se refugiaron posteriormente en esta zona del Congo y el actual Gobierno de Rwanda apoya a las fuerzas rebeldes congoleñas.
Los intereses contrapuestos de las grandes potencias en la zona han impedido hasta ahora una efectiva resolución diplomática del conflicto. La incapacidad operativa militar de la fuerza de la ONU desplegada en el territorio ha facilitado el avance de las fuerzas rebeldes y ha dejado a la población indefensa frente a las violencias y brutalidades de los diferentes grupos armados e incluso de las propias tropas del ejército congoleño.
La extracción del buscado mineral coltan es uno de los factores que financia el conflicto en el este del Congo. El coltan se utiliza para la producción de tántalo, un mineral resistente al calor y con propiedades eléctricas que se utiliza para fabricar condensadores y componentes eléctricos esenciales en ordenadores, teléfonos móviles, videojuegos y multitud de aparatos tecnológicos.
El coltan, extraído por poblaciones sometidas casi a la esclavitud, es una de las fuentes de financiación de los diferentes grupos armados que operan en la zona y que es exportado hacia los países vecinos con la connivencia de las grandes industrias internacionales. El propio ejército de Rwanda ha sido acusado de haber obtenido en los últimos 18 meses nada menos que 500 millones de dólares gracias al saqueo del coltan congolés. El saqueo de los recursos del Congo no se limita a este mineral, sino que incluye también diamantes, gemas y maderas preciadas.
La actual fase de la guerra enfrenta a las milicias del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), liderado por el tutsi Laurent Nkunda, con el ejército oficial congoleño: las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). Nkunda es considerado por la ONU como uno de los responsables de las matanzas de Kisangani (antigua Stanleyville) en mayo del 2002 y cuenta con el respaldo de Gobierno de Rwanda.
Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), más que un ejército regular constituye un desorganizado contingente armado, mal pagado, propenso a la violencia contra la población civil y de escasa capacidad combativa, que se desplaza con sus mujeres y niños en las mismas zonas de combate.
Otro actor militar del conflicto son las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR), constituidas a partir de las tropas que participaron en el genocidio ruandés de 1994 y renovadas con las nuevas generaciones de hutus nacidos en el exilio congoleño. Este grupo armado ha creado sus propios reinos de taifas en el Kivu-sur y controla un cuarto del territorio de esa región. En Kivu-norte están presentes en las zonas de fuerte población de origen hutu.
Las FDLR han sido aliadas del ejército congolés durante la Gran Guerra Africana y posteriormente. Oficialmente ya no lo son, pero los dirigentes de las FDLR y oficiales del ejército congoleño parecen haber desarrollado intereses comunes en la explotación de los recursos minerales de la zona. Las fuerzas rebeldes de Nkuna también combaten a estos grupos armados hutus por cuenta de Rwanda con la justificación de su responsabilidad en el genocidio de 1994.
La Misión de la ONU en Congo (MONUC), que teóricamente tiene 17.000 soldados, no dispone realmente sobre el terreno que de unos 6.000 combatientes. La MONUC es criticada por la población porque ofrece poca protección real y por Kinshasa por su debilidad y por cerrar los ojos a las incursiones del ejército rwandés, mientras que el rebelde CNDP de Nkunda denuncia su apoyo militar a las tropas congoleñas.
El teniente general español Vicente Díaz de Villegas, que fue nombrado el 8 de septiembre del 2008 como comandante en jefe de las fuerzas de la ONU en el Congo, acaba de dimitir oficialmente por motivos personales, pero en realidad debido a la falta de medios para desempeñar la misión y a la resistencia de las tropas bajo su mando (indias en su mayor parte) a asumir riesgos personales para proteger a la población local, según fuentes diplomáticas.
Las sucesivas olas masivas de inmigrantes de origen rwandés han generado tensiones, conflictos y profundos resentimientos con las poblaciones congolesas autóctonas de la zona (hunde y nande) y, al mismo tiempo, han trasladado los conflictos entre hutus y tutsis al territorio congoleño.
La primera de esas grandes migraciones se produjo principios de siglo, fomentada por el gobierno belga colonial, que buscaba mano de obra dócil. Después se produjo otra al principio de los años 1960, coincidiendo con la independencia, que el antiguo dictador Mobutu manipuló y utilizó para fomentar sucesivos tensiones étnicas que favorecieran la consolidación de su poder. Y, finalmente tras el genocidio de Rwanda en 1994, se produjo la última, formada por contingentes armados y que acabó de radicalizar a las comunidades locales.
Los intereses contrapuestos de las grandes potencias occidentales no favorece tampoco una actuación internacional coordinada para resolver el conflicto. Estados Unidos y Gran Bretaña apoyan el actual régimen de Rwanda, del presidente Paul Kagame, que sostienen a las fuerzas rebeldes del CNDP de Nkunda. Francia, por su parte, respalda al presidente congoleño, Laurent Kabila, y se encuentra enfrentada diplomáticamente a Kagame, que acusa a París de haber apoyado al antiguo gobierno hutu y de haber permitido las masacres del genocidio. La actuación diplomática de Bélgica, la antigua potencia colonial, y del comisario europeo de Desarrollo, el belga Louis Michel, también ha sido criticada como contraproducente.
Drug Company Immunity-A Bad Deal for US Citizens
Apparently, the United States Supreme Court is going to take up the issue of absolute immunity for drug manufacturers if their dangerous products are FDA approved. Levine v Wyeth has been a topic of much discussion in legal circles and the case causes significant concern. As reported previously in this blog, my home state, Michigan, is currently the only state that gives drug manufacturers complete immunity if their horrendous drug was first FDA approved. As a result, disabled and disfigured Michigan citizens as well as the survivors of those killed by these bad drugs have been completely shut out of any chance of recovery. Thus, Vioxx, Fen-Phen, Redux, etc. victims can be compensated in 49 states; Michigan citizens are shut out.
A Supreme Court ruling for Wyeth in Levine v Wyeth would nationalize the Michigan disaster and prevent all United States citizens from pursuing big pharmacuetical companies for the devastating consequences of bad drugs. We lock up people for selling drugs that make us high; but we should give a free pass to those who sell drugs that kill and maim? What’s wrong with this picture? Here’s an interesting quote from the article that prompted this post:
“With 11,000 regulated drugs on the market and almost 100 more approved every year, the understaffed agency [the FDA] doesn’t have the resources to adequately ensure both efficacy and reasonable safety… The FDA alone simply lacks the ability to serve as the sole guarantor of drug safety,” said editors of the New England Journal of Medicine. This marks the first time that every editor-in- chief of the medical journal signed a Supreme Court brief. Obviously, FDA approval does not even approach a guarantee of safety for any drug; it is illogical and almost criminal to grant immunity simply because this overtaxed agency grants approval to a dangerous pharmaceutical.
Complete immunity for FDA approved drugs has been a disaster for Michigan citizens. It is my fervent hope that the United States Supreme Court has the wisdom and compassion to realize that drug company immunity is a free pass to the drug industry to injure, maim and kill our citizens without regard to safety. The most important safety tool available to our citizens is the threat of a lawsuit against an offending drug manufacturer. The elimination of this vital tool will permit the industry to “self-regulate”. If we have learned anything from the country’s financial crisis, we have learned that self-regulation does not work.
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