¿Justicia universal en Sudán?
Revista Pueblos
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictado una orden de detención contra un presidente en activo, el sudanés Omar al Bashir. Se le acusa de cinco cargos de lesa humanidad (asesinato, deportación forzosa, violación, tortura y exterminio) y dos por crímenes de guerra (ataques directos e intencionados y saqueos contra la población civil). Desde el 2003 son más de 300.000 los muertos, otros tantos refugiados y refugiadas en Chad y República Centroafricana y cerca de tres millones de desplazados. El TPI suma esta orden de detención a las de arresto, de mayo de 2007, contra Ahmed Haroun (ex ministro de interior) y Ali Kusha, supuesto líder de la milicia janjaweed aliada del gobierno de Jartum.
Para organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rigth Watch, la decisión ha sido de vital importancia en la lucha contra la impunidad. Es más, abogan por la detención del político sudanés, ya que la justicia no se puede negociar. A su vez, son ya más de diez organizaciones presentes en Sudán que han sido expulsadas por el gobierno en represalia a la orden de detención. Miles de personas quedarán sin la ayuda humanitaria básica.
Por otro lado, el presidente ha decidido responder al TPI con “más esfuerzos para alcanzar la paz y aquellos que han emitido una orden de arresto no están cualificados moralmente y no son objetivos para tomar estas decisiones y medidas, porque son responsables de la humillación y el saqueo de las riquezas de los pueblos. Quienes atacan Gaza con todo tipo de armas son los que deben ser llevados a la justicia, no nosotros” [2]. Sobre este telón de fondo los pueblos de Darfur han denunciado la marginación del gobierno de Jartum en la provisión de servicios sociales, infraestructuras, prestaciones sanitarias y estructura institucional [4]. Todo ello ha impactado en la sociedad civil, que es la verdadera perdedora de un modelo profundamente injusto. La pieza oculta neocolonial y las políticas de exterminio del FMI son también parte importante en la aplicación de una justicia universal en función de la reparación de las víctimas.
Por otra parte, no se puede olvidar que Omar al Bashir se hizo con el poder en 1989 mediante un golpe militar que provocó una guerra civil entre el norte y el sur del país, que pronto sirvió de excusa para que Washington apoyara al sur a través de Uganda y transformara a Darfur en un símbolo a favor de lucha contra la impunidad. El presidente sudanés es un dictador que ha actuado al dictado, exclusivamente, de sus intereses. La guerra civil y el grave conflicto de Darfur demuestran que sus intenciones nunca han consistido en resistir al modelo neoliberal, ni en construir tejido social alternativo, ni organizar, ni potenciar el desarrollo del pueblo de Sudán.
Estados Unidos es otra pieza importante a tener en cuenta. El portavoz del Departamento de Estado, Robert Wood, declaró que “su país esperaba que quienes hayan cometido crímenes de esta índole sean juzgados por ello”. Palabras que, conviene recordar, se efectúan desde un país que no es miembro de la Corte Penal Internacional y dispone de derecho de veto en el Consejo de Seguridad, es decir, nunca se podrá procesar a los ciudadanos de Estados Unidos [6] y Amnistía Internacional ha denunciado, en el 2007, a China por la venta de armas usadas al gobierno de Sudán.
El petróleo y las empresas transnacionales
Detrás de las ventas de armas se encuentra la pugna por el petróleo. El eje de la disputa lo describe Wiliam Engdahl: “Chevron encontró grandes reservas de petróleo en el sur de Sudán. Gastó 1.200 millones de dólares para encontrarlas y probarlas. Ese petróleo provocó lo que llaman la segunda guerra civil de Sudán en 1983. Chevron fue objetivo de repetidos ataques y asesinatos y suspendió el proyecto en 1984. En 1992, vendió sus concesiones petroleras sudanesas. Entonces China comenzó a desarrollar los campos abandonados de Chevron en 1999 con resultados notables” [ La globalización neoliberal, al actuar como telón de fondo en el que se desenvuelven las multinacionales, genera mutaciones importantes en los principios democráticos legitimadores de las normas jurídicas. La reaparición de la Lex Mercatoria se aproxima al funcionamiento de los sistemas feudales de poder y regulación más que a sistemas de garantías universales. Las nuevas instituciones sobre las que bascula la construcción del nuevo Derecho Global del Comercio, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estructuran sobre reglas poco transparentes y básicamente antidemocráticas. Las mutaciones en el iter normativo de las normas reguladoras de la actividad de las transnacionales generan la aparición de hiperinflación y celeridad normativa, legislaciones desbocadas, hiperespecializadas, con fecha de caducidad, carentes de trasparencia, de control democrático… lo que contrasta con la necesidad absoluta de seguridad jurídica estructurada en torno al derecho de propiedad, coercitividad y efectos erga omnes. Su naturaleza se privatiza en las reglas procedimentales y en su contenido, y se rodea de pleno imperium en su eficacia.
Los derechos de las empresas transnacionales se reenvían al Derecho Comercial Global, que utiliza las siguientes instituciones jurídicas: la bilateralidad contractual como eje de su funcionamiento; la bilateralidad asimétrica en fondo y forma; los laudos arbitrales de expertos, cuyos fallos tienen mayor eficacia que las sentencias y recomendaciones de tribunales y organizaciones internacionales, ya que la sanción económica es fulminante en caso de incumplimiento; el poder judicial internacional se modifica en favor de expertos, lo que provoca la quiebra de uno de los pilares de los Estados de Derecho; y por último, los grandes bufetes de abogados se convierten en los asesores y representantes de las empresas transnacionales, desarrollando una labor más cercana a creadores de normas que a meros intérpretes de las mismas. Son la expresión formal del poder político y económico de las multinacionales. En definitiva, para la tutela de los intereses de las multinacionales el entramado jurídico-institucional es claro y con poderes perfectamente delimitados. No existe dificultad técnica alguna en extender su “lógica de funcionamiento” (es decir, el carácter imperativo, coercitivo y ejecutivo de sus normas) a la tutela de los derechos civiles, sociales y económicos, y en el caso analizado, a la reparación de las victimas. ¿Por qué es más complicado, reitero técnicamente, garantizar la alimentación, salud y educación universal que los derechos de las multinacionales? ¿Por qué el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es, en parte de su contenido material, meramente declarativo?
Las Naciones Unidas
La necesidad de proponer otro entramado institucional internacional pasa por transformar radicalmente las Naciones Unidas, lo que depende más de correlaciones de fuerza que de argumentos sobre el realismo “de lo existente” o de reformas graduales. Partimos, a pesar de las reformas por las que atraviesa la ONU, de cómo la Carta de Naciones Unidas incide en la regulación de las distintas vertientes políticas, económicas, sociales, culturales y no sólo en las relacionadas con la paz y la seguridad entre Estados. Si la especialización normativa y de políticas públicas exige órganos diferenciados, el papel central lo debe ejercer la Asamblea General y el Consejo Económico y Social (ECOSOC). La ONU debe dirigir la política internacional. Es desde esta perspectiva desde donde la OMC, las instituciones de Breton Woods, los acuerdos comerciales y de inversión de carácter regional y bilateral y las empresas trasnacionales tienen que subordinarse a las políticas de Naciones Unidas. Las instituciones como la OMC deben únicamente ser tratadas con un estatus técnico de especialización en la esfera económica, al igual que la OIT lo es en aspectos laborales. La especialización no implica, tal y como se ha reinterpretado contra legem, una división del trabajo de manera independiente entre la ONU y la OMC. Las instituciones financieras y la OMC deben rendir cuentas a la Asamblea General.
La realidad choca con estas afirmaciones, ya que fue en los años 70 cuando la ONU intentó activar ciertas reformas en el sistema económico internacional acompañadas de modificaciones institucionales que fracasaron con las nuevas corrientes neoliberales. Los países desarrollados y las corporaciones económicas recondujeron de manera radical cualquier intento de modificar las reglas de funcionamiento institucional, y para ello se utilizan como instrumentos, en unos casos, la negativa de fondos para la financiación de la ONU y en otros el chantaje. Además, las campañas de ineficacia, de corrupción y de presión directa de las empresas transnacionales y de sus gobiernos no permitieron modificaciones institucionales. Todo ello fue provocando que “los órganos intergubernamentales y organismos de la ONU se convirtieran en meras sociedades de debate o seminarios de eruditos. En los últimos 50 años podría decirse que la ONU ha sido castrada” [9] es muy clara, “¿por qué no reunir a la Asamblea General ahora que el mundo se halla inmerso en la mayor crisis del orden económico desde la fundación de la ONU en 1945, cuyas previsibles consecuencias, directas o indirectas, entran de lleno en los fines de la organización, incluido el fin principal del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales?”. Estas son las ideas centrales sobre la realidad de la ONU.
Se requiere una transformación radical que ponga como eje central de su trabajo la defensa de los derechos humanos de las mayorías sociales. La Carta de Naciones Unidas establece la hegemonía de las grandes potencias en las relaciones internacionales. El Consejo de Seguridad tiene cinco miembros permanentes con derecho de veto que implica la regla de la unanimidad, lo que permite a cualquiera de ellos bloquear cualquier decisión (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética). Tal y como propone Teitelbaum [11].
La caída del Muro de Berlín y el final de la guerra fría plantearon un nuevo escenario, que hubiese permitido reorientar las relaciones internacionales en sentido inverso. Es decir, al margen de la guerra, por un lado, y reinterpretando la soberanía de los Estados a favor de los derechos fundamentales, por otro. La prevención de conflictos hubiese sustituido a la intervención militar humanitaria, tesis discutida por la doctrina y que escapa a los objetivos del presente trabajo.
No obstante, el debate sobre la desvinculación entre la soberanía de un gobierno y la fuente de su autoridad reaparece en relación a la injerencia. No son suficientes las tesis basadas en la defensa de los derechos humanos o la democracia –es decir, en posibles razones humanitarias frente a la soberanía estatal–, ni –a la inversa– las basadas en la razón de Estado, que cierra el espacio estatal a cualquier control exterior. La clave reside en saber quién decide que un gobierno no tiene legitimidad, o que viola sistemáticamente los derechos humanos. En la actual coyuntura internacional este interrogante no queda satisfactoriamente solventado. Resulta evidente que no hay que sacralizar categorías como la soberanía estatal o la no injerencia pero tampoco reinterpretarlas alegremente al calor de la homogenización neoliberal. No podemos obviar que las grandes potencias parten de un proceso de globalización y mercado único que elimina fronteras. El intervencionismo humanitario es un buen instrumento del nuevo orden neoliberal que combina lo militar y lo humanitario. El conflicto de Sudán no pasa por las intervenciones humanitarias, ni para detener a su presidente, ni para pacificar su territorio.
Justicia Universal
Respecto a la justicia universal, es en la dirección de la extraterritorialidad donde el fallo del juez Barttle recogió la responsabilidad del general Pinochet en los casos de tortura y conspiración para la tortura desde el ocho de diciembre de 1998. En aquel momento, la posible extradición de un ex jefe de Estado en aplicación de la legislación universal no tenía precedentes. Supuso el reconocimiento de responsabilidad de todo individuo -aún siendo jefe de Estado- que cometa crímenes contra la comunidad internacional, y permitió que todos los Estados signatarios de la convención contra la tortura tuvieran competencia para juzgarlos y perseguirlos en y por todos los países del mundo [13] (se suprimieron, entre otros, los crímenes ecológicos, la dominación colonial y otras formas de dominación extranjera, la intervención extranjera y los crímenes económicos como violaciones graves y masivas a los derechos económicos y sociales). La jurisdicción de la Corte ha quedado limitada al crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad, de guerra y de agresión. En relación a la responsabilidad de las empresas transnacionales hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones:
Parece muy complicado vincular los tipos descritos con las prácticas generales de las empresas transnacionales. La práctica procesal y material nacional, con alguna excepción, va en el sentido contrario. En cualquier caso, son importantes los sectores doctrinales que empujan en esta dirección, tal y como lo demuestra al respecto el intenso debate sobre el Estatuto de la Corte. La Corte Penal Internacional, a la fecha de hoy, no va a procesar a las empresas transnacionales, ya que las personas jurídicas quedan fuera de su competencia y, pese a la propuesta de Francia -apoyada por algún otro país y por la Fundación Lelio Basso- fue derrotada. Andrew Clapham sostiene, no obstante, la posibilidad de procesarlas por la existencia de la ley n º 10 de diciembre de 1945 del Consejo Aliado de Control de Alemania. Esta ley autorizaba a procesar a las asociaciones que el Tribunal declarase criminales de acuerdo con la interpretación del artículo 25 sobre la responsabilidad penal individual del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se refiere “a quien contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión de crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común”. Esta interpretación es difícil de aplicar, teniendo en cuenta que en Nuremberg nunca se condenaron a la grandes empresas alemanas autoras y cómplices de crímenes contra la humanidad. No obstante, los procesos contra industriales alemanes, en concreto el caso Farben, han sido considerados como claros antecedentes de complicidad corporativa. Así, el Tribunal Militar Estadounidense en la sentencia sobre el caso mencionado estableció que tanto personas individuales como jurídicas pueden violar las normas contenidas en las Convenciones de La Haya.
Los obstáculos técnicos principales se plantean en relación a la prueba de intencionalidad y culpabilidad personal, difíciles de atribuir a las empresas transnacionales. Obstáculos que la doctrina comienza a subsanar por la vía de la teoría de la cultura corporativa de la responsabilidad, que vincula la culpa con los procesos, sistemas operativos o la propia cultura de la empresa, o bien por las teorías de la diligencia debida o del conocimiento colectivo [ Las relaciones de fuerza se imponen a las posibles interpretaciones expansivas. Son numerosas las potencias que no han ratificado el Estatuto y que quieren asegurar la impunidad e inmunidad de los militares y de los gobernantes. El veto a la jurisdicción universal se extiende a las multinacionales. El Derecho Comercial Global es su legislación y no incluye la separación de poderes. Además, su falta de independencia respecto del Consejo de Seguridad, que en el artículo 16 establece la superioridad de un órgano ejecutivo de Naciones Unidas, y las dificultades de intervención procesal de las víctimas cierran, de momento, las potencialidades de la Corte Penal en relación a las multinacionales.
La izquierda y la solidaridad internacional
La izquierda y la solidaridad internacional no pueden aceptar que la soberanía nacional se mantenga como una categoría intocable, pero tampoco se puede admitir que se reinterprete desde el modelo neoliberal. Juridificar las relaciones internacionales, como principio, implica un primer paso en la lucha contra la impunidad. Romper el binomio relaciones entre Estados- diplomacia como regla del devenir internacional, implica sustraerlas de las relaciones de poder. El TPI debe vincularse a un nuevo orden internacional donde la prevención de conflictos sea la tónica. Eso implica presionar a los países dominantes para que:
propicien negociaciones multilaterales que respeten las decisiones que las partes en conflicto adopten sin interferencias y sin falsos paternalismos que escondan concepciones étnico-racistas. cancelen la deuda externa y la reintegren en necesidades sociales. prohíban la venta de armas a los países en conflicto y devuelvan un porcentaje de sus beneficios a los sectores sociales más empobrecidos. finalicen el apoyo a las dictaduras de los países afectados y embarguen todos sus bienes. propicien un trato preferencial con las zonas en guerra. apoyen una nueva política de cooperación al desarrollo y extranjería. impulsen procesos democratizadores y el envío de lo gastos previstos para las intervenciones.
Todo ello en el marco de un nuevo modelo de globalización.
Por otra parte, resulta imprescindible apoyar a los sectores de la sociedad civil que pretenden mejorar las condiciones de vida, el reparto democrático del poder y la convivencia en paz. La militarización de las zonas en crisis suele destruir estos sectores y la intervención militar humanitaria no va a impulsar una vía civil, sino más bien gobiernos e interlocutores sólidos y poderosos a quienes dejar la gestión del país, es decir se apuesta por estabilizar regiones en función de intereses imperiales.
No seré yo quien censure el procesamiento del dictador sudanés, pero el TPI se encuentra amputado y sólo un cambio sustancial en su funcionamiento y en la estructura institucional mundial nos permitirá convertirlo en un instrumento de la solidaridad internacional. Para empezar, Aznar, Bush y Blair junto a los responsables de la masacre de Gaza deben ser procesados inmediatamente.
Juan Hernández Zubizarreta es miembro de Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y colaborador de Pueblos.
Notas
[1] Información de agencias.
[2] Fréderic Delorca, “Sudán y Chad las estrategias de Washington y París”, Rebelión, 3 de enero 2008.
[3] Txente Rekondo, “La actualidad del conflicto de Darfur”, Rebelión, 23 de Julio 2008.
[4] Frederic Delorca, art. cit.
[5] Sudán tampoco es miembro del TPI pero a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, se ha dictado orden de detención contra su presidente.
[6] Press TV, “Israel está armando a los rebeldes de Darfur”, Rebelión, 5 de enero de 2009.
[7] William Engdahl, “¿Darfur? Es el petróleo tontito…”, Rebelión, 28 de mayo de 2007.
[8] C. Reghaban, “La ONU debe dirigir la política internacional”, Revista del Sur, núm. 45, Junio, 1995.
[9] Jordi García-Petit, “Las Naciones Unidas, excluidas en la crisis”, El País, 24 de diciembre 2008.
[10] Alejandro Teitelbaum, “Las reformas del Consejo de Seguridad y los aspirantes a nuevos miembros permanentes” Alai-amlatina, 24 de septiembre de 2004.
[11] Juan Hernández Zubizarreta, “Intervenciones humanitarias: de la intervención militar a la prevención de conflictos”, en Palabras para cambiar el mundo, Gakoa, San Sebastián, 2002.
[12] Juan Hernández Zubizarreta, “El laberinto Pinochet”, Hika, 2001.
Una misión de la ONU destapa el horror en Kenya
Joan Canela Barrull
La fama de Kenya como una de las democracias más estables de África ha quedado hecha añicos. Tras el controvertido proceso electoral de diciembre de 2007, que acabó con fuertes disturbios y más de 1000 muertes, la publicación del informe, aún provisional, del Enviado Especial de la ONU sobre Ejecuciones sumarias y extrajudiciales ha acabado por demoler lo que quedaba del mito.
Philip Alston, expresidente del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, visitó Kenya entre el 16 y el 25 de febrero a invitación del propio gobierno. Durante estos diez días se entrevistó con autoridades federales y provinciales, fiscales, policías y militares, así como miembros de ONG y víctimas, y sus familiares, de violaciones de derechos humanos. Tras terminar su gira, Alston aseguraba que “los asesinatos por parte de la policía en Kenya son sistemáticos, extendidos y planeados. Y su impunidad está convenientemente asegurada”. En su revelador informe denuncia la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad kenyanas -ni tan siquiera le supieron decir el número de policías que hay en el país- y de la fiscalía, pues el Fiscal General, Amos Wako, no quiso reunirse con él.
A pesar de este boicot, el Enviado especial asegura que se han documentado “centenares de asesinatos anuales en manos de la policía”, sumando los perpetrados por agentes individuales y los de escuadrones de la muerte “organizados por altos mandos”. Estas muertes serían motivadas por la persecución de presuntos delincuentes, pero también por casos de corrupción, venganzas y extorsiones, así como la liquidación física de los seguidores de la secta religiosa de los Mungiki, a la que se culpa de numerosos crímenes, sobretodo en Nairobi.
Otro punto especialmente sensible es la actuación de la policía y el ejército en la represión a la insurgencia en la región del Monte Elgon, que supuso “la retención de numerosos residentes varones”, “torturas sistemáticas” y decenas de muertes extrajudiciales.
Sobre la violencia electoral del año pasado encuentra “probado” la organización de actos violentos por miembros del gobierno y los disparos de la policía contra manifestantes.
En el informe también se destaca la persistente negativa a creer en los informes de las asociaciones de derechos humanos y la “constante descalificación” de las mismas y de sus profesionales; así como el “archivo inmediato” de cualquier denuncia y las amenazas a los denunciantes.
Amplio abanico de medidas
Alston propone una amplia serie de medidas para reducir la incidencia de las ejecuciones arbitrarias. Las propuestas van desde reformar la misma constitución kenyana -que en su artículo 71 permite el uso de fuerza letal para “la defensa de la propiedad” o “suprimir un disturbio”- hasta la creación de una comisión de asuntos internos independiente y “con los recursos y poderes necesarios” para investigar las denuncias de abusos policiales. Pero sus recomendaciones más inmediatas son el relevo del Comisario Superior de la policía y del Fiscal General, a quien califica de “personificación de la impunidad”. En el caso de la violencia postelectoral pide el establecimiento de un Tribunal Especial -paralelo a la actuación del Tribunal Penal Internacional- para evitar que “se reproduzcan los mismos incidentes tras los comicios del 2012”.
A pesar de la fuerte repercusión que el informe ha tenido en la prensa africana, el gobierno de Kenya no ha emitido ninguna valoración.
Despiece
Algunos ejemplos del horror:
James Ng’ang’a Kariuki: Este joven de 29 años, profesor de derecho en Londres e hijo de un exdiputado fue disparado por un policía el 24 de enero, quien previamente le había hecho bajar del coche. Antes había tenido una discusión con el dueño de un hotel. El informe redactado por el mismo agente aseguraba que Ng’ang’a era atracador de bancos y miembro de la secta Mungiki. Este caso es presentado en el informe como “un ejemplo” y reconoce que la existencia de testigos y la posición social de la víctima facilitaron la denuncia.
El policía arrepentido: En el 2008 un agente ofrecía un informe detallado y preciso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya sobre los escuadrones de la muerte policiales. Él mismo había sido chofer de uno que realizó 58 ejecuciones en 24 ocasiones. En su testimonio aseguraba que recibían órdenes de altos oficiales, incluido el Comisario Superior de Policía. Nadie de los acusados fue investigado, pero el testigo fue asesinado en octubre del mismo año.
Monte Elgon: Desde 2006 existe en esta región del este del país una milicia llamada Fuerza de Defensa de la Tierra Sabaot. Alston les atribuye la mayoría de las violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, agresiones sexuales y robos, aunque explicita que “durante casi dos años las autoridades se inhibieron en la protección de la población”. Cuando el ejército y la policía iniciaron la Operación Okoa Maisha para erradicar la milicia la situación se puso aún peor: “3.265 personas fueron retenidas y la mayoría denuncia haber padecido torturas. Y a pesar de mis esfuerzos para obtener las grabaciones de los interrogatorios, estos han sido, no sorprendentemente, sin éxito hasta hoy”, escribe Alston en su informe.
La farmacéutica Sanofi Aventis deberá indemnizar a otras 15 víctimas de Agreal
Posted on 30 Marzo 2009 by Miguel Jara
La Audiencia Provincial de Barcelona ha emitido una sentencia por la que se indemnizará a 15 mujeres víctimas del medicamento Agreal, del laboratorio Sanofi Aventis. Según me cuenta el abogado de las afectadas, Fernando Osuna, el documento judicial consolida que el fármaco Agreal:
Produce efectos extrapiramidales (temblores, movimientos involuntarios o parkinson.
Que lo razonable y prudente hubiera sido incluir una advertencia sobre la posibilidad de efectos psiquiátricos en el prospecto, extremo que no cumplió el laboratorio condenado. Igual ocurre con el síndrome de abstinencia.
Acerca de la duración del tratamiento con este preparado, la citada Audiencia Provincial censura a Sanofi Aventis porque la información que facilita en el prospecto es equívoca e incompleta”.
La sentencia viene a decir que se ha demostrado la relación entre la toma del medicamento y los resultados dañinos para la salud de dichas personas.
Las víctimas del fármaco han aportado suficiente documentación médica sobre que antes de tomar Agreal no habían tenido estos padecimientos y que no hay otra causa que haya incidido en su salud y que haya podido causar estos males. Hay que recordar que una señora de Málaga acabó quitándose la vida porque no podía vivir sin el medicamento, por la fuerte adicción y dependencia que le producía. Pese a la escasez de medios económicos de los que disponían las demandantes, por no tener dinero para pagar a profesionales especialistas en neurología, medicina interna o psiquiatría, que hicieran frente a los peritos judiciales del laboratorio, en los que casi todos eran catedráticos, académicos y doctores, se ha obtenido un resultado aceptable. Hay que recordar que esta es la segunda sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que da la razón a las afectadas por el fármaco Agreal. Con anterioridad, se dictó otra que admitía tres casos, entre ellos el de la mujer andaluza que se suicidó por la fuerte adicción y dependencia que le producía Agreal.
Osuna cuenta otros detalles del juicio:
También hay que tener en cuenta que muchos centros sanitarios y médicos no han querido colaborar en facilitar a las afectadas sus historiales e informes médicos por temor a que pudieran tener complicaciones con la Justicia, en ocasiones ha habido que acudir a requerimientos escritos para que los médicos facilitasen tales historias médicas”.
En todas las comunidades autónomas españolas se han dado casos de padecimientos por haber tomado Agreal, recetado para la menopausia, la llegada al fin de la edad fértil en la mujer. Son ya alrededor de 1.600 personas las que han contactado con el bufete de abogados citado pero en total el número de mujeres denunciantes puede llegar a 4.000. Lo que se pide en las demandas es una indemnización, cuya cifra media puede estar en los 60.000 euros para cada una de las afectadas y que se declare que el medicamento es el causante de todos esos males. Todavía hay sentencias pendientes de resolución.
Más info: Traficantes de salud: Cómo nos venden mediamentos peligrosos y juegan con la enfermedad.
Masacre de Pando: La ONU responsabiliza a la oposición boliviana del asesinato de 11 civiles
Informe íntegro sobre los hechos de violencia ocurridos en Pando en septiembre de 2008
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia
Bolpress
En cumplimiento de su mandato, la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, la Oficina) ha observado la situación de los derechos humanos en relación con los graves sucesos acaecidos en el departamento de Pando, el día 11 de septiembre de 2008.
Para la elaboración del informe, se realizaron dos misiones de terreno en el departamento de Pando. Se efectuaron entrevistas con víctimas, familiares de las víctimas y testigos de los hechos acaecidos en El Porvenir y sus alrededores, tanto en Pando como en La Paz. La Oficina, asimismo, se entrevistó con algunos de los ex confinados por el estado de sitio y con algunas personas que se trasladaron a las localidades fronterizas del Brasil. La Oficina también mantuvo un diálogo regular con las autoridades nacionales y departamentales, con representantes del Defensor del Pueblo y de la sociedad civil. Por último, se consultó material audiovisual y periodístico.
En el presente informe, la Oficina aborda seis puntos: i) los hechos de violencia acaecidos en El Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre; ii) el papel desempeñado por los órganos de seguridad; iii) las obligaciones del Estado boliviano en el marco del estado de sitio; iv) la situación de seguridad y protección de testigos; v) la situación de los confinados; y vi) las investigaciones de los hechos.
Los graves sucesos de El Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de, al menos, 11 personas, según los datos del Ministerio Público (esto incluye a 9 campesinos y normalistas, así como a 2 partidarios de la Prefectura de Pando) y produjeron más de 50 heridos, en su mayoría campesinos. Frente a estos hechos, la Oficina considera que la masacre de campesinos y normalistas, que habría sido cometida por funcionarios de la Prefectura de Pando, funcionarios del SEDCAM, miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura, constituye una grave violación a los derechos humanos.
En Tres Barracas, cerca de El Porvenir, previamente se dieron actos de agresiones mutuas entre campesinos y partidarios de la Prefectura, que resultaron en la comisión de otras serias violaciones a los derechos humanos, entre ellas, la muerte de un funcionario prefectural y la retención ilegal de por lo menos seis partidarios de la Prefectura, quienes habrían sido objeto de malos tratos por parte de los campesinos y sus afines.
Por su parte, los campesinos vieron conculcados sus derechos a la integridad física y moral, de reunión y de libre circulación.
Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de todos los actores estatales y no estatales en relación con la masacre de campesinos y normalistas en El Porvenir, así como de las distintas violaciones a los derechos humanos de las que da cuenta este informe. En este sentido, el presente informe hace énfasis en la importancia de una investigación judicial seria e imparcial que, además de esclarecer los hechos, conlleve al enjuiciamiento y sanción de los responsables, así como a una justa reparación a las víctimas. Adicionalmente, este documento hace un llamado a las autoridades competentes sobre la necesidad de realizar una investigación administrativa y disciplinaria sobre el papel desempeñado por la Policía Nacional. Cabe recordar que el deber del Estado, a través de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no sólo consiste en respetar los derechos humanos, sino en protegerlos contra ataques provenientes de actores estatales y no estatales.
La Oficina da cuenta de las obligaciones del estado boliviano en el marco del estado de sitio declarado en el departamento de Pando el día 12 de septiembre y que fuera levantado el día 23 de noviembre de 2008. Si bien este informe concluye que, de forma general, dichas obligaciones fueron cumplidas de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también hace referencia a algunos excesos que se habrían cometido, especialmente respecto a la integridad física y moral, a la libertad personal, al acceso a la justicia y al debido proceso. Con respecto al cumplimiento de estándares mínimos aplicables a la detención administrativa (confinamiento) de las personas que fueron arrestadas en Pando y confinadas a La Paz, la Oficina observó que ninguno de los confinados fue presentado ante un juez conforme a la Constitución Política del Estado. La Oficina hace igualmente referencia respecto al trato digno y humano que fue otorgado a dichos detenidos.
La Oficina observa que, actualmente, la investigación sobre los hechos en el departamento de Pando está a cargo de una Comisión Especial de la Cámara de Diputados con facultad de Ministerio Público. Respecto a si el procedimiento que se debe seguir para el eventual juicio penal del ex Prefecto Leopoldo Fernández, como principal imputado de los hechos acaecidos en Pando, y de los otros imputados en el caso, la Oficina considera que corresponde a las autoridades bolivianas competentes establecer si el mismo se tramita en el marco de la Ley 2445 o de la Ley 1970.
Las constataciones y recomendaciones contenidas en este informe apuntan a instar a las autoridades competentes a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. El informe de la Oficina espera contribuir también a la lucha contra la impunidad en el marco del respeto al Estado de Derecho para que tan graves hechos de violencia como los de El Porvenir no vuelvan a repetirse. Introducción
1. El presente informe de la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, la “Oficina”) se inscribe dentro de su mandato establecido en el acuerdo aprobado el 13 de julio de 2007 por el Congreso Nacional a través de la Ley 3713. De conformidad con el Art. IV (1) del mencionado acuerdo, “la Oficina observará e informará sobre la situación de los derechos humanos a fin de asesorar a las autoridades bolivianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos en Bolivia”.
2. En cumplimiento de dicho mandato, la Oficina ha observado la situación de los derechos humanos en relación con los sucesos acaecidos en el departamento de Pando el día 11 de septiembre de 2008.
3. Para la elaboración del presente informe se realizaron dos misiones de terreno en el departamento de Pando, la primera del 18 al 20 de septiembre y la segunda del 9 al 16 de octubre. Se efectuaron entrevistas con víctimas, familiares de las víctimas y testigos de los hechos acaecidos en El Porvenir y sus alrededores, tanto en Pando como en la ciudad de La Paz. La Oficina, asimismo, se entrevistó con algunos de los ex confinados por el estado de sitio y con algunas personas que, luego del 11 de septiembre, se trasladaron a las localidades fronterizas del Brasil.
4. La Oficina también mantuvo un diálogo regular con las autoridades nacionales y departamentales, con representantes del Defensor del Pueblo y de la sociedad civil. Por último, se consultó material audiovisual y periodístico.
5. La confidencialidad que rige el trabajo de la Oficina, le impide individualizar las fuentes de la información.
6. En este informe se tratan los siguientes temas: A. Los hechos de violencia acaecidos en El Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre 2008. B. El papel desempeñado por los órganos de seguridad. C. Las obligaciones del Estado boliviano en el marco del estado de sitio. D. La situación de seguridad y protección de testigos. E. La situación de los confinados. F. Investigaciones de los hechos.
7. En el tratamiento de estos temas, la Oficina no actuó como un órgano del sistema de justicia nacional, recabando pruebas, calificando conductas y estableciendo responsabilidades penales individuales. La Oficina se limita a exponer una serie de hechos corroborados por diversas fuentes. Cuando se encontraron contradicciones, se expone más de una versión sobre un determinado incidente. En cualquier caso, es al sistema de justicia boliviano al que le corresponde, en el marco de una investigación seria e imparcial, esclarecer los hechos así como enjuiciar, sancionar a los responsables, y asegurar una justa reparación a las víctimas.
8. Las constataciones y recomendaciones contenidas en este informe apuntan a instar a las autoridades bolivianas a respetar y garantizar a todos los individuos el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Por último, el informe de la Oficina espera contribuir a la lucha contra la impunidad en el marco del respeto al estado de derecho.
A. Los hechos de violencia acaecidos en el Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre
9. Los hechos que se presentan en este acápite del informe se refieren exclusivamente a los incidentes ocurridos el 11 de septiembre en El Porvenir y sus alrededores, debido a su extrema gravedad. Esos incidentes resultaron en la muerte de 11 personas (1) y aproximadamente 50 heridos -principalmente campesinos- en El Porvenir e inmediaciones. (2)
A.1. Antecedentes
10. La histórica problemática de la tierra es uno de los factores que está en el transfondo de los graves sucesos de Pando. La limitada implementación de la Ley INRA (3), junto a la creciente presencia de ciudadanos sin tierras y los niveles altos y progresivos de pobreza rural, resultaron en que la población campesina e indígena de Pando consolidara su organización sindical, regional y departamental para hacerle frente a dichos desafíos. En ese marco, desde fines de los noventa, campesinos e indígenas del departamento han participado en diferentes movilizaciones demandando un acceso más equitativo a la tenencia y acceso a la tierra.
11. Durante 2008, los desafíos mencionados anteriormente se incorporaron a los temas en desacuerdo y a las tensiones entre el Gobierno y las prefecturas.
12. El 10 de agosto de 2008 tuvo lugar el referéndum revocatorio para Presidente, Vicepresidente y ocho de los nueve prefectos. El Presidente y el Vicepresidente fueron ratificados con el 67,4 % de los votos, así como los prefectos de Beni, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. Una vez que los resultados del referéndum revocatorio se hicieron públicos, el Presidente Morales invitó a los prefectos de la oposición a discutir los temas controvertidos relacionados con la autonomía departamental y la distribución de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Luego del fracaso de estas discusiones, las prefecturas pro autonómicas, respaldadas por los movimientos cívicos locales, comenzaron a expresar duras posiciones y poner en marcha acciones de protesta contra el Gobierno, entre las que se destacan la toma del Comando Departamental de Policía en Santa Cruz el 15 de agosto y la convocatoria a un paro cívico en cuatro departamentos el 17 de agosto. Desde ese momento, miembros de los comités cívicos, funcionarios y seguidores de las mismas prefecturas departamentales protagonizaron una serie de actos violentos contra el Gobierno, bloqueando carreteras y ocupando, saqueando e incendiando oficinas e instituciones públicas. También ocuparon instalaciones hidrocarburíferas y causaron daños en la red de distribución de combustibles.
13. En el departamento de Pando, el 3 de septiembre, personas vinculadas a la prefectura y al Comité Cívico de Pando tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entre otras entidades públicas nacionales con sede en Cobija. El 9 de septiembre de 2008, el entonces Prefecto de Pando posesionó como nuevo Director Departamental del INRA quien fungía como Secretario de Tierra, Territorio y Límites de la prefectura.
14. Es importante resaltar que en agosto del 2008 el INRA había finalizado el saneamiento de tierras en el departamento de Pando, previo a la distribución de las mismas. La ocupación del INRA y el subsecuente nombramiento de un nuevo Director de dicha entidad habrían generado preocupación en los beneficiarios que, después de varios años, no habían recibido aún sus títulos de propiedad agraria.
15. El 9 de septiembre la sede del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS) en Santa Cruz de la Sierra fue destruida y sus bienes y documentación quemados. El mismo día, en la localidad de Guarayos del departamento de Santa Cruz, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) fue saqueado. El 10 y 11 de septiembre la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en Santa Cruz fue ocupada violentamente, su mobiliario destrozado y sus equipos y otros enseres destruidos y quemados. Además, la Oficina recibió denuncias sobre persecución y amenazas a la integridad física de los líderes de estas organizaciones. Mediante comunicado de prensa de fecha 11 de septiembre, la Oficina observó con preocupación el hecho de que organizaciones de indígenas y organizaciones de promoción de los derechos de campesinos y pueblos indígenas hubieran sido blanco de ataques de grupos opositores al Gobierno.
16. Los hechos de violencia del 11 de septiembre en Pando, sobre los que se da cuenta en los siguientes acápites, se desarrollaron dentro de ese clima de tensión política que reinaba en forma aguda en el oriente y sur del país y de protestas violentas promovidas por el movimiento pro autonómico.
A.2. Los incidentes en Tres Barracas
17. El 5 de septiembre, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) convocó a un ampliado campesino (4) (especie de asamblea) de emergencia a realizarse los días 13 y 14 de septiembre en su sede de Cobija, para tratar varios temas, entre otros, el análisis social de la problemática departamental, de la redistribución de tierras fiscales y de la autonomía regional e indígena.
18. Entre el 7 y 9 de septiembre, alrededor de 400 campesinos se agruparon en Puerto Rico (Pando) y Riberalta (Beni) para dirigirse al ampliado de Cobija. En el municipio de Filadelfia (Pando) también se reunieron campesinos de diferentes comunidades, aproximadamente 600, incluyendo algunos normalistas (estudiantes para maestro).
19. El grupo de campesinos proveniente del este (Puerto Rico y Riberalta) se dirigió hacia Cobija la noche del 10 de septiembre en varios vehículos y a pie. Entre los campesinos, había hombres, mujeres, mujeres embarazadas, niños y personas de la tercera edad, cuya presencia, según los campesinos, no suele ser extraña cuando acuden a estos ampliados. Según información testimonial obtenida, unos pocos de ellos habrían llevado palos y armas que utilizan para la caza.
20. Según alegaciones de partidarios de la prefectura, los campesinos se habrían dirigido a Cobija no con la intención de participar en el ampliado, sino para retomar las oficinas del INRA, ocupar la prefectura y pedir la renuncia del entonces Prefecto Leopoldo Fernández. Según personas cercanas a la prefectura, para impedir que los campesinos llegasen a Cobija, se habría instruido desde la prefectura la excavación de dos zanjas en las carreteras por las cuales transitarían los campesinos, limitando la libertad de circulación de los mismos. Entre la noche del 10 y las primeras horas del 11 de septiembre, el Servicio Departamental de Caminos de Pando (SEDCAM, dependiente de la prefectura) cavó las dos zanjas profundas, una a la altura de Tres Barracas (a 5 km de El Porvenir, carretera a Puerto Rico) y la otra en Cachuelita (a 8 km de El Porvenir, carretera a Filadelfia).
21. Alrededor de las 2:00 a.m. del 11 de septiembre, el grupo de campesinos que venía de Puerto Rico se topó con la zanja de Tres Barracas. Del otro lado de la zanja (hacia El Porvenir) se encontraba un grupo de funcionarios de la prefectura, del SEDCAM, miembros del Comité Cívico y partidarios de la prefectura (5) (alrededor de 200, según los campesinos; 50, según los partidarios de la prefectura). Cerca a las 2:30 a.m., los dos grupos dialogaron y se insultaron. En ese momento los partidarios de la prefectura habrían lanzado petardos contra los campesinos. La situación se calmó mientras se esperaba que amanezca.
22. Aproximadamente a las 6:00 a.m. se reanudaron las discusiones, que terminaron nuevamente en insultos y en ataques con petardos contra los campesinos. Según estos últimos, el número de partidarios a la prefectura aumentó a más de 200 durante la noche. Se habría evidenciado que algunos de estos últimos portaban armas de fuego.
23. Hacia las 6:30 a.m., supuestamente por miedo a que la violencia recrudeciera, los campesinos habrían decidido retroceder en dirección a Puerto Rico. Según ellos, aproximadamente 200 partidarios de la prefectura cruzaron la zanja y los persiguieron. Según los partidarios de la prefectura, sólo 50 de ellos siguieron a los campesinos para “asegurarse de que no regresarían”. Según la información recabada, para repeler y dispersar a los campesinos, los partidarios de la prefectura habrían utilizado gases lacrimógenos, petardos y tiros al aire.
24. Cerca de las 7:00 a.m., a unos 4 km de la zanja de Tres Barracas, en dirección a Puerto Rico, tras los continuos insultos y agresiones por parte de los partidarios de la prefectura, los campesinos (más numerosos) habrían decidido enfrentarlos. Los campesinos lograron regresar a la zanja haciendo huir a los partidarios de la prefectura por la carretera hacia El Porvenir, mientras que otros escaparon por el monte. No todos los partidarios de la prefectura lograron huir en ese momento, entre ellos, por lo menos seis personas que habrían sido retenidas, golpeadas, atadas de manos y obligadas a subir a un vehículo por los campesinos.
25. Según testimonios, los partidarios de la prefectura que intentaron escapar hacia El Porvenir se encontraron en el camino con el grupo de campesinos procedentes de Filadelfia, algunos funcionarios de su alcaldía y normalistas. Estas personas se desplazaron en vehículos de los campesinos y de la Alcaldía de Filadelfía. Según alegaciones y testimonios, algunos de estos campesinos y funcionarios de la Alcaldía de Filadelfía habrían llevado armas.
26. Los campesinos de Filadelfia habrían sido llamados para auxiliar a sus compañeros del este del departamento. Llegaron a la zona de Tres Barracas luego de sortear la zanja de Cachuelita, donde, según testimonios de los campesinos, ya habían tenido un incidente con funcionarios de la prefectura que les habrían disparado desde una camioneta cuando rellenaban la zanja.
27. Cuando los campesinos de Filadelfia llegaron a Tres Barracas, los partidarios de la prefectura habrían quedado flanqueados por ese grupo y por el grupo de campesinos con el que inicialmente se habían confrontado en el lugar.
28. En estas circunstancias, el señor Pedro Oshiro -funcionario de la Prefectura de Pando- fue una de las primeras víctimas fatales de los incidentes del 11 de septiembre.
29. Hay diferentes versiones sobre las circunstancias de la muerte del señor Oshiro. Según los campesinos, una vez que decidieron enfrentar a los partidarios de la prefectura y seguir su marcha hacia El Porvenir, alrededor de las 8:30 a.m. (6), habrían visto sobre la carretera el cuerpo de un hombre muerto, a unos 400 metros pasando la zanja. Sostienen que, en medio de todo el desorden, el señor Oshiro murió a raíz de un choque entre una camioneta que él conducía y una volqueta de la Prefectura de Pando.
30. Según otra versión, varios de los partidarios de la prefectura que se quedaron en la zona de la zanja fueron sorprendidos, perseguidos y algunos golpeados por los campesinos. El señor Oshiro y otros dos individuos habrían intentado escapar en una camioneta en dirección a El Porvenir, la cual habría chocado contra otra que estaba estacionada sobre la carretera. Luego, debido a disparos supuestamente atribuibles a los campesinos, el conductor y los pasajeros bajaron del vehículo para huir. Dos personas del grupo de los campesinos, que según esta versión estaban armadas, habrían atrapado al conductor y al señor Oshiro, mientras que el tercer ocupante habría logrado escapar. Se habrían unido cuatro personas más, dos de ellas con machetes, momento en el cual, una de estas seis habría disparado al señor Oshiro desde una distancia muy corta, impactando en su cabeza; éste habría caído muerto con un orificio de proyectil en el lado izquierdo de la cara.
31. Según uno de los fiscales que participó en la investigación y según el informe forense, el ingeniero Oshiro murió por un disparo en la cabeza cuando se encontraba en la carretera que conecta Puerto Rico-Tres Barracas-El Porvenir, a unos 400 metros de la zanja.
32. En los incidentes de Tres Barracas se dieron actos de agresiones mutuas entre campesinos y partidarios de la prefectura, que dejaron como resultado la muerte de un funcionario prefectural y la retención ilegal de seis partidarios de la prefectura que habrían sido objeto de malos tratos. Se dieron también varios atropellos contra los campesinos, así como restricciones a la libertad de circulación y al derecho de reunión.
33. Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de todos los actores estatales y no estatales, incluyendo funcionarios y partidarios de la prefectura, funcionarios del SEDCAM, miembros del Comité Cívico de Pando, así como campesinos y personal de la Alcaldía de Filadelfia que pudieran estar relacionados con violaciones a los derechos a la vida, integridad física, libertad individual, libertad de circulación y libertad de reunión ocurridos en Tres Barracas.
A.3. La masacre de El Porvenir
34. De acuerdo a información obtenida, luego de los primeros hechos ocurridos en la zona de Tres Barracas, vecinos de El Porvenir y partidarios de la prefectura se fueron reuniendo alrededor de una rotonda y en inmediaciones de uno de los extremos de la cancha de El Porvenir, engrosando a un primer grupo que estuvo en vigilia desde la noche anterior. Aparentemente, más gente decidió unirse a la vigilia como consecuencia de la inminente llegada de los campesinos y los rumores sobre la muerte del señor Oshiro y la retención de algunas personas por parte de los campesinos.
35. Según testigos, una vez que los campesinos llegaron a El Porvenir, y mientras la Policía entablaba conversaciones con ambos sectores con la intención de disuadirlos de posibles enfrentamientos, habrían llegado desde Cobija volquetas de la prefectura con varias decenas de personas armadas y una camioneta, también de la prefectura, con armas, varias de ellas nuevas. Asimismo, algunos partidarios de la prefectura habrían rodeado a los campesinos, avanzando por una de las calles laterales y por detrás de donde se encontraban aquéllos.
36. Ante la insistencia de los partidarios de la prefectura de verificar si en los vehículos de los campesinos se encontraban armas y/o algunas personas retenidas en Tres Barracas, personal policial, entre ellos, el entonces Comandante Departamental y una Suboficial de El Porvenir, verificaron si esta denuncia era cierta. La primera persona retenida que fue liberada indicó que había otras en los vehículos de los campesinos. Esto habría provocado que la Policía verificara nuevamente los vehículos, lo que habría derivado en la liberación de otros cinco individuos.
37. Según alegaciones de los partidarios de la prefectura que estaban cerca de la rotonda, estos habrían solicitado en varias oportunidades intervención policial para desarmar a los campesinos. Los campesinos, por su parte, se habrían sentido engañados por la Policía puesto que, según indicaron, el Comandante Departamental les habría prometido que iban a poder pasar a Cobija, pero que tenían que esperar. Esta espera fue interpretada por los campesinos como una forma de entretenerlos mientras los partidarios de la prefectura se organizaban y los rodeaban para atacarlos.
38. Versiones coincidentes señalan que, después de ser liberado el último retenido, comenzaron los disparos, aparentemente por parte de los partidarios de la prefectura desde la calle lateral derecha donde estaban situados los campesinos. Algunos testimonios también coincidentes señalan que, momentos antes de que comenzaran los disparos, la Suboficial de Policía de El Porvenir habría hecho una señal hacia uno de los lugares donde se encontraban los partidarios de la prefectura. Inmediatamente, aquellos habrían empezado a disparar.
39. Según la información e imágenes obtenidas, los disparos masivos de los partidarios de la prefectura provocaron la dispersión de los campesinos en una precipitada huida para salvar sus vidas frente a un ataque indiscriminado con armas automáticas, rifles, escopetas, revólveres y petardos. Algunos escaparon hacia el río Tahuamanu y otros intentaron esconderse en viviendas y locales comerciales. Contra quienes cruzaron o intentaron cruzar el río a nado, se disparó indiscriminadamente. La Oficina fue informada de que algo más de 60 personas (campesinos, normalistas, mujeres e, incluso, bebés) habrían sido rescatadas del río en un bote y trasladadas a una comunidad más alejada de El Porvenir. Algunos de los campesinos también habrían trepado a los árboles buscando resguardo, pero habrían sido atacados por los partidarios de la prefectura que les dispararon.
40. Además, algunos líderes campesinos habrían sido perseguidos individualmente y ejecutados. Es en estas circunstancias que habrían sido asesinados, entre otros, el señor Bernardino Racua Cordero (7), que habría fallecido a una cuadra del Puente Cocama (El Porvenir) horas después de la balacera por un impacto de bala en el corazón y el señor Diter Tupa Maty (8), quien fue encontrado muerto en el baño de la casa donde se resguardaba. Según el informe forense, la causa de la muerte de este último fue por trauma cráneo facial producido por arma de fuego. También, según el informe forense, el señor Celedonio Vazualdo García, quien era un destacado dirigente campesino y fungía como presidente de la organización territorial de base en la comunidad Soberanía del municipio de Filadelfia, habría sido asesinado cerca del puente de Cocama por dos impactos de arma de fuego. También otras víctimas habrían sido maltratadas y golpeadas antes de ser ejecutadas. Según los informes forenses, estas personas serían el señor Félix Roca Torrez, campesino de base de la comunidad Londres (municipio de Filadelfia), y el señor Alfonso Cruz Quispe, normalista de Filadelfia.
41. Asimismo, en el material audiovisual revisado se escuchan expresiones de tinte racista contra los campesinos, como “vamos, maten a esos collas de mierda”. Igualmente, se advierte que los partidarios de la prefectura dispararon, quemaron y destruyeron seis vehículos de los campesinos y de la Alcaldía de Filadelfia.
42. La Oficina observa la desproporcionalidad de fuerza que se utilizó para agredir a los campesinos en un ataque frontal.
43. La violencia contra los campesinos se habría extendido hasta el hospital Roberto Galindo de Cobija, donde, según testimonios coincidentes, grupos numerosos de partidarios de la prefectura habrían intentado obstaculizar el ingreso de las víctimas y las habrían amedrentado física y verbalmente, al punto de hacerlas huir sin recibir la atención requerida. El personal médico y paramédico se habría visto, en gran medida, presionado por los partidarios de la prefectura para no brindar el auxilio requerido por los campesinos.
44. Otros campesinos, entre ellos 15 (13 hombres y 2 mujeres) que se habían refugiado en una vivienda, fueron sustraídos del lugar a la fuerza, arbitrariamente aprendidos, severamente golpeados, retenidos y, luego, trasladados a la sede del Comité Cívico de Pando en Cobija donde también habrían sido brutalmente maltratados. Estos actos podrían ser considerados como tortura, ya que el dolor físico y mental y el sufrimiento habrían sido causados intencionalmente sea para obtener una confesión, con el propósito de intimidación, para coaccionar o bien con el objetivo de discriminar racialmente. Estos actos se habrían cometido por instigación o con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos del SEDCAM y de la Prefectura de Pando.
45. Algunos medios de comunicación estaban presentes en la zona principal de los disturbios en El Porvenir. Según testimonios recibidos, a los periodistas de uno de los medios de comunicación se les habría dado instrucciones de no filmar a los partidarios de la prefectura que disparaban. Otros, empero, habrían filmado todos los hechos, incluyendo los actos deliberados de malos tratos infligidos a los campesinos.
46. Así también se ha informado que varios campesinos fueron obligados por partidarios de la prefectura a “confesar” ante las cámaras que habían sido mandados por autoridades o personalidades vinculadas con el Gobierno. La forma de obligarlos a confesar fue, según testimonios, con malos tratos, incluyendo disparos a las piernas o amenazas de disparos. Esas escenas de violencia, de manera intencional, no habrían sido registradas por algunos periodistas que fueron testigos de esos procedimientos. Sin embargo, las “confesiones” fueron registradas. De comprobarse, la extracción violenta de estas confesiones constituye un acto de tortura.
47. Hasta el momento y según el Ministerio Público, los incidentes de El Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de al menos once personas (seis campesinos y tres normalistas: 1. Bernardino Racua Cordero, 2. Diter Tupa Maty, 3. Celedonio Basualdo García, 4. Félix Roca Torrez, 5. Wilson Richard Mejia Miahata, 6. Arnoldo Gonzales Inuma, 7. Wilson Castillo Quispe, 8. Alfonso Cruz Quispe y 9. Jhonny Cari Sarzuri; y dos partidarios de la prefectura: 10. Pedro Oshiro y 11. Alfredo Robles Céspedes) y produjeron aproximadamente 50 heridos, en su mayoría campesinos, de los cuales varios heridos por arma de fuego.
48. Frente a los hechos acaecidos en El Porvenir y en el río Tahuamanu, la Oficina considera que la masacre (9) de los campesinos y normalistas constituye una grave violación a los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la prefectura, funcionarios del SEDCAM miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura de Pando.
49. La justicia boliviana deberá esclarecer, respetando el debido proceso, el grado de responsabilidad, por acción u omisión, del ex prefecto del departamento de Pando y de los funcionarios de la prefectura y del SEDCAM, miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la prefectura que habrían tenido diferentes tipos de participación en la planificación, coordinación, ejecución y desenlace de estos graves sucesos de la masacre de El Porvenir.
50. Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de estos mismos actores ante la ocurrencia de varios hechos ilícitos que también deben ser calificados y sancionados penalmente, inter alia, la privación ilegítima de libertad, los tratos crueles y posibles actos de tortura infligidos a varios campesinos, entre ellos, los 15 que luego fueron retenidos en la sede del Comité Cívico en Cobija; la violencia ejercida contra los campesinos en el hospital de Cobija; los actos de discriminación y racismo, también contra los campesinos, así como la destrucción y quema de sus vehículos.
51. De igual forma, la justicia boliviana deberá investigar y establecer el grado de responsabilidad de actores estatales y no estatales, entre ellos, funcionarios de la Alcaldía de Filadelfia y campesinos, respectivamente, que podrían estar implicados en atropellos que pudieran haber acaecido contra los partidarios de la prefectura.
52. Con relación a las alegaciones de que aproximadamente 13 campesinos muertos habrían sido transportados en una volqueta de la prefectura con destino desconocido, así como el asesinato de niños, esta Oficina no ha recibido información que pueda corroborar estas alegaciones. Sin embargo, dada la seriedad de las mismas, la Oficina recomienda a las autoridades del sistema de justicia boliviano que sean investigadas.
B. El papel desempeñado por los órganos de seguridad
53. Según información obtenida por la Oficina, el Comando Departamental de la Policía en Pando habría tenido conocimiento del arribo de campesinos con días de antelación al 11 de septiembre. La noche del 10 de septiembre, según la información recabada, el Comando Departamental habría estado informado de la excavación de las zanjas en Tres Barracas y Cachuelita y de la organización de vigilias en El Porvenir. Asimismo, habría recibido la solicitud de los partidarios de la prefectura de verificar si los campesinos estaban armados.
54. En la mañana del 11 de septiembre, alrededor de las 6:00 a.m., la Policía de Cobija se habría trasladado a El Porvenir y a Tres Barracas para inspeccionar la situación y dialogar con los partidarios de la prefectura. Luego habría retornado a Cobija desde donde continuó monitoreando la situación. 55. Por su parte, alrededor de las 8:00 a.m., la Policía de El Porvenir habría intentado llegar hasta Tres Barracas para intervenir, luego de informarse sobre enfrentamientos entre los campesinos y los partidarios de la prefectura. Según testigos, la Policía de El Porvenir sólo habría llegado hasta unos 500 metros de los enfrentamientos y habría regresado a El Porvenir contactando al Comando Departamental de la Policía en Cobija y solicitando refuerzos. Los refuerzos (un contingente de 60 a 80 policías), sólo habrían llegado a El Porvenir alrededor de las 10:00 a.m. por falta de vehículos.
56. Una vez en El Porvenir, para evitar el encuentro entre ambos bandos, el contingente de policías se ubicó en medio de los dos grupos. Durante aproximadamente dos horas, la actitud de la Policía fue de diálogo y disuasión hacia los campesinos y los partidarios de la prefectura, incluida las gestiones llevadas a cabo por agentes policiales para la liberación de los retenidos. Conforme a testimonios de ambos grupos, en ningún momento la Policía trató de desarmar a las personas que portaban armas antes de que la violencia escalara. La misma Policía habría comunicado a ambos grupos, antes de que se iniciara el ataque, que no contaba con los recursos para tomar control de la situación. Cuando comenzaron los disparos masivos por parte de los partidarios de la prefectura, los policías se replegaron luego de que uno de ellos resultara herido. Según testimonios y material audiovisual, varios campesinos buscaron refugio al lado de los policías sin haber recibido la debida protección de parte de ellos.
57. Según testimonios, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) fue informado la noche del 10 de septiembre sobre la posibilidad de tensiones entre grupos de campesinos y partidarios de la prefectura. También se obtuvo información sobre la realización de una reunión de emergencia (10) en las oficinas del Comando Conjunto de las FFAA en Cobija, en la mañana del 11 de septiembre, en la cual se solicitó el desplazamiento de efectivos militares a El Porvenir. No hubo intervención de las FFAA.
B.1. Consideraciones sobre la responsabilidad de la Policía
58. Al margen de la investigación penal para el esclarecimiento de los hechos, se llama la atención sobre la necesidad de considerar aspectos relacionados con el papel que desempeñaron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (11). Cabe recordar que el deber del Estado, a través de estos funcionarios, no sólo consiste en respetar los derechos humanos, sino en protegerlos y garantizarlos contra vulneraciones provenientes de actores estatales y no estatales.
59. Según los testimonios recogidos e informes de la Policía Nacional sobre el desempeño de esta última, la Oficina se pregunta si las medidas de preparación, adoptadas ante el previo conocimiento del potencial de violencia que se perfilaba, fueron las más adecuadas. Asimismo, se debería considerar si la Policía no debió haber recurrido a otros medios disuasivos legítimos más efectivos para prevenir el fatal desenlace y, para cumplir con su mandato constitucional de defender a la sociedad, conservar el orden público y preservar los derechos humanos. La función de brindar protección a todas las personas contra actos ilegales es un deber fundamental de la Policía.
60. En este orden de ideas, la responsabilidad estatal por incumplimiento de la obligación de protección de los derechos humanos (responsabilidad por omisión o por falta de diligencia debida) deberá discernirse mediante el análisis de las conductas asumidas por las autoridades policiales que tenían deberes de garantes frente a la población. En tal sentido, resulta relevante que exista una investigación administrativa y disciplinaria que ahonde respecto a las responsabilidades policiales dentro de la cadena de mando.
C. Obligaciones del Estado Boliviano en el marco del Estado de Sitio a la luz del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH)
61. Luego de sucedidos los hechos del 11 de septiembre, el Gobierno aprobó el 12 de septiembre el Decreto Supremo 29705 (DS 29705) mediante el cual declaró estado de sitio únicamente en el departamento de Pando. Conforme a ese decreto, la medida de excepción se adoptó al amparo de los Art. 111 y 112 de la Constitución Política del Estado (CPE) (12).
62. Sin perjuicio del justificativo y sustento normativo nacional, esta Oficina considera necesario analizar el cumplimiento de algunas de las obligaciones estatales en relación con el estado de sitio desde la perspectiva del DIDH, concretamente en relación con los Art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 27 de las Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Conforme a estos artículos, el Estado que adopta esta medida de excepción debe informar inmediatamente a los demás Estados parte, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), respectivamente, sobre las disposiciones convencionales cuya aplicación fueron suspendidas y los motivos que suscitaron tal suspensión.
63. El 13 de septiembre, la Oficina dirigió una nota al Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos sobre las condiciones de la aplicación del estado de sitio en el DIDH. El 22 de septiembre, el Canciller, además de exponer ante la Oficina los motivos que llevaron al Gobierno a declarar el estado de sitio, adjuntó las comunicaciones que fueron dirigidas, respectivamente, a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la OEA, el 16 de septiembre.
64. Otra de las obligaciones, conforme a estos artículos, es la de no suspender determinados derechos humanos reconocidos en ambos pactos (derechos inderogables). De acuerdo al DS 29705, el Gobierno suspendió o restringió, fundamentalmente, las libertades de circulación y reunión, y también los derechos a la huelga y a la protesta pública, todos estos permitidos de ser suspendidos en un estado de sitio conforme al DIDH. En la práctica, el Gobierno también limitó otros derechos que, de acuerdo al DIDH, son susceptibles de suspensión en un estado de sitio. No obstante, como se da cuenta en los siguientes acápites, se habrían cometido algunos excesos, respecto a la libertad e integridad personal por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y respecto a algunas garantías procesales.
65. De forma general, la Oficina considera que el estado de sitio declarado en Pando estuvo conforme con las obligaciones del Estado según el Derecho Internacional. Esto es así, con relación a las disposiciones que establecen que las medidas de suspensión no deben ser incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional y que tampoco deben entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Esta medida también contribuyó a mejorar las condiciones de seguridad en Pando.
66. El 23 de noviembre el Gobierno levantó el estado de sitio. El Ministerio Público decidió imputar penalmente en relación con los incidentes de Pando a 19 personas.
67. Como medidas positivas, debe resaltarse que el 24 de septiembre el Gobierno aprobó un decreto destinado a proveer asistencia médica y social a quienes resultaron heridos en Pando, así como asistencia financiera a los familiares de las víctimas fatales de esos incidentes. Hasta principios de febrero de 2009, los familiares de la mayoría de los fallecidos en los incidentes de Pando han recibido de parte del Ministerio de Justicia un cheque por Bs. 50.000 como parte de la ayuda humanitaria brindada por el Gobierno. Una importante cantidad de alimentos, así como ayuda médica fue también proporcionada por el Gobierno a las comunidades indígenas y campesinas afectadas.
D. Situación de seguridad y protección de testigos
D.1. Situación de seguridad D.1.1. Situación de las víctimas campesinas y sus familiares
68. En las entrevistas realizadas por la Oficina durante sus misiones en el departamento de Pando, así como a través de reuniones con algunas ONG que brindan apoyo a campesinos, se pudo advertir una profunda sensación de inseguridad en las víctimas y sus familiares. De especial preocupación, por la ausencia institucional, militar y policial, fue la situación de los campesinos que viven en comunidades alejadas de las provincias Manuripi, Federico Román y Madre de Dios, entre otras.
69. Según los testimonios recibidos, la persecución, amenazas e, incluso, agresiones físicas, especialmente contra dirigentes de comunidades campesinas de parte de los partidarios de la prefectura, habrían continuado después del 11 de septiembre. La persecución se habría extendido contra los campesinos que encontraron resguardo en el monte después de los incidentes de El Porvenir. Algunos de los campesinos no habrían podido retornar a sus hogares hasta después de varios días. Se tuvo, además, conocimiento de que un número de dirigentes fue evacuado a La Paz y que otros huyeron de Pando por temor a que su seguridad y la de sus familiares fueran afectadas. Todavía persiste cierto temor en algunos sectores afectados.
70. Si bien el estado de sitio contuvo casi totalmente la violencia en Pando, la seguridad de los dirigentes campesinos y la de sus familias no habría sido plenamente garantizada. Según información recibida, en un principio, más de un centenar de personas no había retornado a sus hogares o comunidades campesinas por razones de seguridad. Paulatinamente, la mayoría de estas personas habría regresado a sus comunidades.
71. Por otro lado, después de los incidentes ocurridos en el hospital Roberto Galindo de Cobija, una necesidad expresada por algunas víctimas fue la de recibir visitas médicas en sus lugares de residencia ya que temían desplazarse a los centros urbanos por miedo a ser agredidas. Un buen número solicitó asistencia psicológica para ellas y sus niños, y, en algunos casos, asesoramiento jurídico. Los niños observados durante las visitas a comunidades campesinas y a El Porvenir evidenciaban manifiesto temor y trauma.
72. La presencia del Estado con ayuda humanitaria y médica contribuyó a aliviar esta situación y facilitó el proceso de retorno a la normalidad de las comunidades afectadas, aunque persistía el temor de que con el levantamiento del estado de sitio se tomaran represalias contra quienes fueron testigos o víctimas de los hechos. Por esta razón, muchas de las víctimas no quisieron declarar ante el Ministerio Público u otras comisiones de investigación.
D.1.2 Situación de las 15 personas que fueron aprehendidas por civiles y retenidas en el Comité Cívico de Pando el 11 de septiembre
73. Con relación a las 15 personas (en su mayoría campesinos) que habrían sido aprehendidas por partidarios de la prefectura en El Porvenir y trasladadas al Comité Cívico de Pando en Cobija, para luego ser conducidas a la FELCC (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen) donde prestaron su declaración ante fiscal y, finalmente, fueron presentadas ante un juez que determinó su detención preventiva en el penal de Villa Busch, la Oficina considera necesario llamar la atención sobre lo siguiente.
74. Según argumentó la Fiscalía de Distrito de Pando a la Oficina, con el objetivo de preservar la integridad de estas personas en los momentos inmediatos en que fueron presentadas a la Fiscalía, se decidió abrirles una investigación penal por homicidio y lesiones, y así ponerlas bajo custodia policial para protegerlas. Si bien el 17 de septiembre las 15 personas salieron en libertad, en aplicación de una medida cautelar sustitutiva, preocupa a la Oficina, por un lado, la ilegalidad de su aprehensión por los partidarios de la prefectura, los maltratos infligidos, las ofensas verbales, los posibles actos de tortura ejercidos contra ellas, su retención en el Comité Cívico de Pando y el hecho de que estos actos no hubieren sido inmediatamente investigados por la Fiscalía de Distrito. Por otro lado, preocupa que la investigación penal en contra suyo continúe en curso, siendo que la misma fue abierta, según el fiscal, con el único propósito de “proteger” a estas personas de una turba enardecida.
D.1.3 Situación de las personas que se trasladaron a localidades brasileras después de los incidentes del 11 de septiembre
75. Según información recibida por la Oficina, unos 593 bolivianos, sobre todo, partidarios de la prefectura y sus familiares huyeron a las localidades brasileras fronterizas con Bolivia, poco después del 11 de septiembre. Un grupo de instituciones estatales del Brasil (Gobierno de Acre, Policía Federal y bomberos) les ha brindado ayuda humanitaria desde su arribo.
76. La Oficina se entrevistó con varias personas que se trasladaron a las localidades fronterizas del Brasil que, en ese momento, vivían con sus familiares en un albergue temporal en Brasilea. Algunas manifestaron temor de regresar a Pando luego de que expirara la autorización de 90 días para permanecer en Brasil (13); otras expresaron ansiedad por la seguridad de sus familiares que se quedaron en Pando. Algunas personas también transmitieron preocupación de ser procesadas sin las debidas garantías, aunque algunas dijeron que declararían ante el Ministerio Público si se les garantizaba el debido proceso.
77. Entre los entrevistados, la Oficina recogió testimonios de algunas de las personas que habrían sido retenidas y golpeadas por los campesinos en la zona de Tres Barracas y liberadas más tarde en El Porvenir. En su mayoría, esas personas no formularon denuncias ante las autoridades competentes, bien porque dejaron inmediatamente Pando, bien porque temían por su seguridad.
D.2 Protección de testigos
78. A partir de las entrevistas realizadas a testigos, sean estos campesinos o partidarios de la prefectura, la Oficina evidenció cierto temor en varios de ellos para detallar o dar los nombres de quienes habrían participado en los incidentes. Asimismo, testigos residentes en El Porvenir, que no se identificaron con ninguno de los dos grupos, se mostraron reacios a dar declaraciones por miedo a represalias y a que se materializaran las amenazas que habrían recibido de partidarios de la prefectura.
79. Inclusive la Fiscalía de Distrito de Pando y la comisión de fiscales de La Paz confirmaron la dificultad de recibir todos los testimonios por falta de un programa de protección de testigos. Resaltaron el impedimento que tienen para recibir declaraciones anónimas que carecerían de valor legal dentro de las investigaciones y el juicio.
80. En este marco, la Oficina hizo llegar a la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados lineamientos generales sobre los mecanismos de protección a testigos, y está elaborando una propuesta detallada para un marco jurídico integral en esta temática.
E. La situación de los confinados
81. En el marco del estado de sitio, 40 (14) personas fueron arrestadas en Pando y confinadas a La Paz. De éstas, 36 estuvieron recluidas en el Regimiento Bolívar, 1° Comando de las Fuerzas Armadas de Viacha (departamento de La Paz). Con el levantamiento del estado de sitio, 17 personas fueron liberadas y trasladas de vuelta a Cobija y las otras 19 imputadas penalmente, en su mayoría, por su presunta participación en la masacre de Pando.
E.1. Observaciones en relación con el trato digno y humano a los confinados
82. El 17 de septiembre, la Oficina visitó a varias personas recluidas en Viacha con el objetivo de verificar sus condiciones de detención y restablecer el contacto con sus familiares. El 17 y 28 de octubre se realizaron otras dos visitas. El trato digno y humano a las personas privadas de libertad es una obligación universal y fundamental para el Estado. Este deber está contenido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y en la legislación nacional.
83. En las visitas efectuadas, la Oficina recibió alegaciones de parte de algunos de los confinados sobre la forma violenta en que se llevó a cabo su arresto y traslado a La Paz. Asimismo, la Oficina recibió información sobre menoscabo al debido proceso y limitaciones al acceso a la justicia como se detalla más adelante.
84. No obstante, la Oficina observó que, aun custodiados en un recinto militar, los detenidos recibieron trato humano, se les proveyó alimentación y cuidado médico, recibieron la visita del Defensor del Pueblo, y, al final, se les permitió tomar contacto con sus familiares. En suma, sus condiciones de detención estuvieron conforme a estándares internacionales.
E.1.1. Violencia durante el arresto y el posterior traslado hacia La Paz
85. El 15 de septiembre, entre las 00:00 y 4 a.m., un primer grupo de 10 personas fue arrestado en sus domicilios por efectivos militares. También en la madrugada de ese día, la Suboficial de Policía Mirtha Sosa fue arrestada en el módulo policial de El Porvenir. Entre el 24 y 25 de septiembre, otras cuatro personas, incluidos dos Consejeros Departamentales de Pando, fueron aprehendidas por agentes militares o civiles (15), en inmediaciones de sus lugares de trabajo o en la vía pública. Todas las personas fueron trasladadas a La Paz el mismo día de su arresto, salvo una que fue arrestada en Filadelfia, que afirma haber permanecido una noche en un recinto militar de Cobija. Otras 22 personas, con quienes la Oficina no se entrevistó, fueron arrestadas en Pando luego del 25 de septiembre y confinadas a La Paz.
86. A partir de las declaraciones obtenidas por la Oficina y de las que los confinados dieron a otras instancias, se alega que se dieron maltratos durante el arresto del primer grupo, en un operativo que se llevó a cabo de noche, en domicilios particulares, sin notificación previa y sin información sobre las razones del arresto y detención. Los militares que participaron en los operativos habrían violentado puertas, disparado en algunos casos al aire fuera de las casas de las personas que iban a ser arrestadas e, incluso, herido a una de ellas con un perdigón que le impactó en el cuello. Varias personas habrían sido pateadas o golpeadas con la culata de las armas, tiradas del cabello, insultadas, amenazadas y, una, encañonada en su cama.
87. También se alegó que hubo cierto grado de amedrentamiento entre los familiares de algunos confinados, quienes, en algunos casos, también habrían sido golpeados y encañonados (16) durante el arresto. Los confinados habrían experimentado gran preocupación al no poder contactarse con sus familiares en los días siguientes a su arresto y señalarles en qué condiciones se encontraban.
88. La violencia relatada durante el arresto corresponde al primer grupo de 11 confinados (17). Según información obtenida, el arresto de los demás se hizo de día, mayoritariamente en sus lugares de trabajo y sin violencia.
89. Desde el arresto hasta su llegada a La Paz, los confinados del primer grupo alegaron haber tenido las manos atadas a la espalda, los ojos vendados y, en algunos casos, mordazas de trapo en la boca. Algunos mostraron las marcas que dejaron en sus muñecas las manillas plásticas con las que fueron fuertemente asegurados. Manifestaron haber llegado al aeropuerto de Cobija alrededor de las 4:00 a.m. y haber permanecido en una pequeña habitación sin ventilación, de aproximadamente 3m x 3m, hasta las 6 p.m., hora en que fueron trasladados a La Paz.
90. Otras de las personas arrestadas señalaron haber permanecido casi todo el día, sin comer ni beber, en una pequeña habitación del aeropuerto, esperando su traslado a La Paz.
91. La mayoría de los detenidos mencionaron haber sufrido maltrato psicológico durante su permanencia en el aeropuerto, tanto por las amenazas vertidas contra ellos como por escuchar a los soldados cargar y descargar sus armas. Algunos habrían sido golpeados y amenazados de muerte durante el viaje de Cobija a La Paz.
E.1.2. Las condiciones de detención de los confinados en el regimiento de Viacha
92. Sin ser un lugar oficial de detención, el Regimiento Bolívar cuenta con una infraestructura que garantizó condiciones satisfactorias de detención. Las celdas estaban bien equipadas, el acceso sanitario garantizado y la seguridad fue buena. Además, a nivel de implementos de higiene, asistencia médica, alimentación y espacios de esparcimiento, los confinados estuvieron en las mismas condiciones que los conscriptos. El trato otorgado a los confinados fue, por tanto, acorde a los estándares internacionales en la materia.
93. A partir del 19 de septiembre, los confinados pudieron recibir efectos personales y cartas de sus parientes. Desde el 17 de octubre recibieron visitas y llamadas de sus familiares.
E.1.3. Garantías mínimas aplicables al confinamiento y detención administrativa
94. El confinamiento se enmarca dentro de la figura de la detención administrativa, definida como aquella privación de la libertad ordenada por autoridades administrativas competentes (18) por motivos de seguridad del Estado y en ausencia de cargos penales en contra del internado (o confinado, en este caso).
95. Aunque a la luz del DIDH puede, transitoriamente, suspenderse la libertad personal durante un estado de excepción, cualquier suspensión de derechos debe regirse por las condiciones de excepcionalidad establecidas en los Art. 4 PIDCP y 27 CADH, entre otros.
96. El objetivo de este tipo de detención es tener bajo control a las personas que plantean una amenaza real para la seguridad del Estado. Es esencial que las garantías mínimas aplicables a la detención administrativa, contenidas en el PIDCP y la CADH, sean respetadas.
97. El confinamiento debe justificarse en relación con cada individuo, comunicándole, sin demora, las razones que motivaron esta medida a fin de que, entre otras cosas, pueda impugnar la legalidad de su detención. En el presente caso, se alega por parte de los confinados que ninguno de ellos habría sido informado sobre las razones de la detención en el momento de su arresto ni sobre los motivos del confinamiento, lo que les provocó un alto grado de incertidumbre en relación con su situación legal. En tal sentido, la Oficina solicitó a las autoridades competentes transmitir a estas personas la mayor información posible.
98. Asimismo, la detención debe efectuarse ceñida al principio de legalidad. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que “incluso en los casos en que se practique la detención por razones de seguridad pública, ésta debe (…) obedecer a las causas fijadas por la ley y efectuarse con arreglo al procedimiento establecido en la ley”. (19)
99. Al respecto, hay muy poca claridad en la CPE con relación a las formalidades que se deben cumplir. El Art. 112 autoriza la suspensión de derechos respecto a las personas sindicadas de tramar contra el orden público. También se refiere a que la autoridad legítima podrá expedir órdenes de comparendo o arresto contra los sindicados, sin especificar cuál es esa “autoridad legítima”, aunque es de suponer que no es necesariamente un funcionario judicial ni del Ministerio Público, al tratarse de una detención administrativa. (20)
100. En el presente caso, las FFAA habrían ejecutado las órdenes de arresto y confinamiento, las mismas que, según declaraciones de los confinados entrevistados por la Oficina el 17 de septiembre y el 17 de octubre, no habrían sido exhibidas a ninguno de ellos antes de su traslado a La Paz. Con posterioridad, la Oficina recibió copia legalizada por parte del Ministerio de Defensa Nacional de las órdenes de arresto y de confinamiento en relación con cada uno de los confinados.
101. Por otro lado, la falta de control judicial a la privación de libertad de los confinados condujo a la Oficina a alertar y reclamar, desde un principio, por dicha omisión a los Ministros de Gobierno y Defensa Nacional y a los Viceministros de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil y de Justicia y Derechos Humanos. Exceptuando al señor Leopoldo Fernández, ninguno de los confinados fue puesto a disposición de un juez hasta antes de levantarse el estado de sitio, siendo que el Art. 112 (4) CPE señala que esta obligación debe cumplirse dentro del plazo máximo de 48 horas a partir del arresto. Además, el Tribunal Constitucional en sentencia 439/2000, fundó una línea jurisprudencial según la cual la no expedición de órdenes de arresto y la no remisión de las personas confinadas ante el juez competente, dentro del término indicado, hacen que el arresto, la detención y el confinamiento sean acciones inconstitucionales. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado en varias oportunidades la necesidad de control judicial de la detención, incluso en los casos en que se practique por razones de seguridad pública. (21)
102. Asimismo, la Oficina también recordó a las autoridades que las personas confinadas deberían gozar del pleno ejercicio del derecho/garantía de habeas corpus, que no puede suspenderse durante el estado de sitio por ser una de las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos fundamentales (22). En este sentido, aunque el habeas corpus no fue suspendido por las autoridades, algunos de los confinados alegaron haber tenido dificultad para recibir asesoramiento legal de parte de sus abogados de confianza.
103. Según estándares mínimos aplicables, la detención administrativa no puede extenderse más allá de un tiempo razonable y no puede plantearse como un sustituto del proceso penal porque se verían vulnerados los derechos de los detenidos, quienes gozarían de garantías procesales mucho más amplías dentro de un juicio criminal. En el presente caso, el confinamiento de las 36 personas recluidas en el Regimiento Militar de Viacha concluyó el 23 de noviembre con el levantamiento del estado de sitio, 70 días después de su declaratoria. Un día después, 17 de los confinados fueron liberados y trasladados a Cobija y los 19 restantes fueron imputados por el Ministerio Público, en su mayoría, por varios delitos en relación con la investigación de la masacre en Pando.
104. Luego de recusaciones sucesivas a los jueces cautelares, 15 de los 19 imputados decidieron someterse a un proceso abreviado y fueron puestos en libertad provisional. El juez de medidas cautelares dispuso la libertad de los otros 4 imputados.
F. Investigaciones sobre los hechos
105. A raíz de los hechos sucedidos en el departamento de Pando, se abrieron varias investigaciones de orden penal, algunas de oficio (23) y otras por querella (24). Una comisión de cinco fiscales de materia de La Paz llegó a Pando el 15 de septiembre para investigar los hechos de violencia ocurridos en ese departamento. Por su parte, la Fiscalía de Distrito de Pando inició investigaciones en varios casos relacionados con los hechos de violencia.
106. Por otro lado, el día 16 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la Resolución Camaral 54/2008 mediante la cual decidió “constituir una Comisión Especial con facultad de Ministerio Público (…) con el objeto de realizar las investigaciones sobre las muertes ocurridas en el departamento de Pando”. Esta resolución fue transmitida al Fiscal General de la República el 17 de septiembre, quien, en la misma fecha, remitió al presidente de la cámara baja “todos los antecedentes del caso para que la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial, asuma a partir de su recepción la responsabilidad absoluta de la investigación”. Según información recibida, por instrucción del Fiscal General de la República, la Fiscalía de Distrito de Pando remitió también sus casos a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.
107. El 27 de octubre, la Corte Superior de Justicia del Distrito de Chuquisaca falló en un recurso de habeas corpus interpuesto por el señor Leopoldo Fernández ordenando, entre otras cosas, que el Fiscal General de la República reasuma la dirección funcional de la investigación en el marco de las disposiciones constitucionales y de la Ley 2445. Conforme al artículo 18 de la Constitución, esta decisión fue remitida de oficio para la revisión del Tribunal Constitucional. (25)
108. La Oficina considera que corresponde a las autoridades competentes bolivianas establecer si el procedimiento judicial que se deberá seguir para el eventual procesamiento penal del ex Prefecto Leopoldo Fernández, como principal imputado de los hechos acaecidos en Pando, se tramita en el marco de un juicio de responsabilidades (Ley 2445) o de un juicio ordinario (Ley 1970). Desde el 17 de septiembre, la investigación criminal es dirigida por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, como Ministerio Público. A la Oficina le preocupa que la incertidumbre en torno al procedimiento que será aplicado en el proceso judicial subsiguiente provoque fallas en el debido proceso y que esto conduzca a la impunidad.
109. Asimismo, es importante mencionar que la Oficina del Defensor del Pueblo y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) realizaron sus investigaciones e hicieron públicas sus conclusiones el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, respectivamente. (26) Ambas instancias concluyeron en que funcionarios y seguidores de la Prefectura de Pando cometieron una masacre que calificaron como crimen de lesa humanidad. Se espera que estos informes contribuyan no sólo al esclarecimiento de los hechos, sino al trabajo del Ministerio Público.
II. Recomendaciones
110. Las recomendaciones que se formulan a continuación pretenden contribuir a que se lleve a cabo un proceso de justicia, conocimiento de la verdad, sanción de todos los responsables y reparación a las víctimas. Esta actuación debe enmarcarse dentro del debido proceso, el férreo cumplimiento de la legalidad, así como en el marco de la lucha contra la impunidad. Además, se debe adecuar a las obligaciones del Estado según el Derecho Internacional.
111. La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos recomienda:
1) El esclarecimiento de la masacre y las graves violaciones a los derechos humanos del 11 de septiembre de 2008, acaecidos en El Porvenir y sus alrededores, a través de un proceso penal serio e imparcial, que se inscriba en el debido proceso y sin dilaciones indebidas. La investigación y procesamiento deben llevar a la sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de todos los hechos ilícitos cometidos.
2) Asimismo, recomienda que se investiguen y esclarezcan otros hechos de violencia ocurridos en el departamento de Pando entre el 11 y el 14 de septiembre, incluyendo el incidente de Cachuelita en la madrugada del 11 de septiembre, las muertes durante la operación militar en el aeropuerto de Cobija el 12 de septiembre, y la quema de la Alcaldía de Filadelfia el 14 de septiembre.
3) Asegurar el acceso a la justicia a las víctimas y garantizar que éstas y sus familiares reciban una adecuada y justa reparación.
4) Investigar a nivel administrativo y disciplinario si las acciones tomadas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley el 11 de septiembre en Pando fueron las más adecuadas para evitar la escalada de la violencia, prevenir violaciones de derechos humanos y proteger a las víctimas. La investigación debe ahondar sobre las responsabilidades respectivas en la línea de mando. Si esta investigación revelara indicios de responsabilidad penal, se deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público.
5) Adoptar las medidas más eficaces e inmediatas para garantizar la seguridad de los testigos a fin de que puedan contribuir a las investigaciones de los hechos del 11 de septiembre. Aprobar un marco jurídico general para la protección de testigos en Bolivia.
6) En relación con las personas arrestadas en el departamento de Pando y confinadas a La Paz, investigar administrativamente y determinar si la fuerza utilizada en los arrestos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fue la razonablemente necesaria. En el mismo sentido, investigar si dichos funcionarios contravinieron la prohibición de no someter a nadie a malos tratos. Si esta investigación revelara indicios de responsabilidad penal, se deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público.
7) Con respecto a los 19 confinados que, luego de levantada la medida de excepción, fueron imputados por distintos delitos, dar curso al procedimiento penal correspondiente con rigurosa observancia de todas las garantías judiciales.
Establecer una adecuada regulación del uso de la fuerza y capacitar a los órganos de seguridad para actuar apropiadamente en situaciones de disturbios internos. Asegurar que en este tipo de situación exista una coordinación óptima entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y una definición previa de la línea de mando cuando las distintas fuerzas de seguridad actúen de forma conjunta. Se recomienda dotar a las fuerzas de seguridad con el equipo antimotines necesario.
9) Consolidar la presencia efectiva de las instituciones del Estado, en particular de los organismos de seguridad y del sector de justicia, en todas las provincias del departamento de Pando. La Oficina saluda la iniciativa del Gobierno de crear la Unidad Táctica de Operaciones Policiales en Pando y de reforzar sus unidades militares en ese departamento.
10) Aprobar una ley regulatoria de los estados de emergencia, incluido el estado de sitio, en sujeción a las normas constitucionales sobre la materia y a la normativa internacional de los derechos humanos.
11) Adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad que favorezcan el retorno de las personas que todavía permanecen fuera de sus comunidades.
12) Promover la independencia del Poder Judicial y proceder sin dilación con la designación y nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.
13) Garantizar la continuación del trabajo técnico especializado de los fiscales de materia en la investigación de los hechos de Pando.
14) Adoptar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos similares, en Pando y en los otros departamentos del país.
112. En el marco del Acuerdo suscrito con el Estado boliviano, la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguirá observando la situación de derechos humanos en el departamento de Pando y en todo el país. La Oficina ofrece a las diferentes instancias estatales su asesoramiento y cooperación técnica para el cumplimiento de algunas de estas recomendaciones.
La Paz, 25 de marzo de 2009.
Notas:
1. El número de muertos y heridos se basa en la información proporcionada por el Ministerio Público de Bolivia.
2. El número de muertos y heridos varía según diferentes fuentes. Por ejemplo, según la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), se identificaron 16 muertos y 26 heridos entre los campesinos. Según datos del Defensor del Pueblo, se identificaron 19 muertos y 53 heridos en todos los incidentes (Tres Barracas, El Porvenir y aeropuerto de Cobija). En el informe de UNASUR, el número de muertos asciende a 19 y no se determina el número de heridos.
3. En 1996 se promulgó la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, llamada Ley INRA, y se inició en Pando y en todo el país una nueva etapa del proceso de reforma agraria y de saneamiento tierras. Sin embargo, la Ley INRA no se implementó completamente, entre otras razones, porque el proceso de saneamiento no contó con el apoyo de una parte de la población.
4. A este ampliado departamental de emergencia se convocó a la Regional Madre de Dios Central Puerto Rico y Subcentral Conquista, Subcentral Bella Flor, Subcentral Porvenir, Subcentral Bolpebra, Subcentral Cobija, Subcentral Campo Ana, Subcentral Planchón, Subcentral Chivé, Subcentral San Miguelito, Subcentral Abuná y a todas las comunidades afiliadas.
5. En adelante, para fines de una lectura más fluida del documento, se hará referencia a los funcionarios de la Prefectura, del SEDCAM, miembros del Comité Cívico de Pando y otros simpatizantes del entonces prefecto, como “partidarios” de la Prefectura.
6. No hay coincidencia en los testimonios en relación con la hora en la cual se encontraron los dos grupos de campesinos (los provenientes del este del departamento y los de Filadelfia). Según algunos, el encuentro fue a las 8:30 a.m, mientras que otros indican que ocurrió a las 10:00 a.m.
7. Bernardino Racua Cordero, de la comunidad Irak (municipio de Puerto Rico), era un líder comunitario muy conocido en el departamento y Secretario Ejecutivo de la Subcentral Campesina de Conquista (municipio de Puerto Rico). Asimismo, fue promotor del saneamiento de tierras en el departamento de Pando y luchador por el derecho a la tenencia legal de la tierra a favor de las comunidades campesinas de Pando.
8. Diter Tupa Maty, de la comunidad Espíritu (municipio de Filadelfia), era vocal de la Subcentral de Espíritu de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando.
9. De acuerdo al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el término “masacre” se refiere a la ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria de al menos tres personas (“Lineamientos para la realización de investigaciones de las Naciones Unidas sobre las alegaciones de masacre”. Traducción libre). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia de 1999, señaló que se puede hablar de masacre cuando hay cuatro o más víctimas asesinadas durante el mismo evento. (OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999, párr.94).
10. En la reunión participaron el entonces Comandante del Comando Conjunto de las FFAA de Pando, el Representante del Defensor del Pueblo en Pando, partidarios de la prefectura y miembros de la brigada parlamentaria de Pando (del oficialismo y oposición).
11. La expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. Esta definición puede comprender, también, a los miembros de las FFAA. Véase el Código de Conducta de Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
12. En el presente informe, la Oficina se refiere a la Constitución Política del Estado de 1967.
13. Este plazo no se aplicaría a los solicitantes de asilo, que, según información obtenida por la Oficina, serían alrededor de 400 personas.
14. Estas 40 personas incluyen al señor Leopoldo Fernández detenido inicialmente en la Academia Nacional de Policía y posteriormente en el Penal de San Pedro; a la Suboficial de Policía de El Porvenir Mirtha Sosa, quien fue arrestada en la madrugada del 15 de septiembre, traslada a La Paz el mismo día y puesta bajo tutela de la Policía Nacional. También incluyen a dos menores de edad que fueron arrestados y traslados a La Paz el 28 de septiembre y retornados a Cobija al día siguiente por su condición de menores.
15 En dos casos se alega que los civiles estaban fuertemente armados.
16. Un detenido alega que uno de los tres soldados que entró en su casa, pateó a su hijo sordomudo, que dormía en el hall de entrada a la vivienda, porque no oía ni respondía a las preguntas de los soldados que buscaban a su padre. Otro detenido alega que su hijo habría sido encañonado.
17. El grupo incluye a la Suboficial de Policía Mirtha Sosa.
18. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) define la detención administrativa como “la privación de libertad de una persona ordenada por las autoridades administrativas -no las judiciales-, sin que pese ninguna inculpación penal sobre la persona internada u objeto de detención administrativa”. (Rev. Intl. del CICR, No. 858 del 2005).
19. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 8, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 9 – Derecho a la libertad y a la seguridad personales, 16º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 147 (1982), para. 4.
20. Según lo dispuesto por el Art. 112 (4) y el DS 29705, podrían considerarse como autoridades legítimas los Ministros de Gobierno y de Defensa Nacional, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y el Comandante en Jefe de la Policía Nacional.
21. En su Observación General No. 8, sobre el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el Comité de Derechos Humanos señala: “Incluso en los casos en que se practique la detención por razones de seguridad pública ésta debe regirse por las mismas disposiciones, es decir, no debe ser arbitraria, debe obedecer a las causas fijadas por la ley y efectuarse con arreglo al procedimiento establecido en la ley (párr. 1), debe informarse a la persona de las razones de la detención (párr. 2) y debe ponerse a su disposición el derecho a recurrir ante un tribunal (párr. 4), así como a exigir una reparación en caso de que haya habido quebrantamiento del derecho (párr. 5). Si, por añadidura, en dichos casos se formulan acusaciones penales, debe otorgarse la plena protección establecida en los párrafos 2 y 3 del artículo 9, así como en el artículo 14″. En su Observación General No. 29, sobre estados de emergencias, el Comité señala: “Con el objeto de proteger los derechos que no pueden ser objeto de suspensión, se sigue de este mismo principio que el derecho de acceso a los tribunales, para que éstos decidan sin demora sobre la legalidad de cualquier clase de detención, no debe ser afectado por la decisión del Estado Parte de suspender ciertas garantías del Pacto”.
22. Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8.
23. El 15 de septiembre, el Fiscal General de la República abrió investigación de oficio por el delito de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta contra Leopoldo Fernández, Miguel Becerra y Abraham Cuéllar. Si bien se anuncia apertura de la investigación de oficio por el Fiscal General en el marco de la Ley 2445, cabe resaltar que no había proposición acusatoria de parte de ningún ciudadano en esa fecha.
24. El 16 de septiembre, la abogada de tres normalistas muertos en los sucesos de Pando interpone querella por los delitos de terrorismo, asesinato y asociación delictiva.
25. Por las vacancias en el Tribunal Constitucional, este órgano jurisdiccional no funciona desde finales del 2007.
26. La investigación del Defensor del Pueblo se realizó en el marco de la Ley 1818. La investigación de la comisión de UNASUR se efectuó conforme al mandato establecido en la Declaración de la Moneda de 15 de septiembre de 2008.
Congo: “La embajada española sabe muchas cosas, aviones españoles descargan armas en Kinshasa o Kigali”
Bruno Miteyo (Katanga, RD Congo, 55 años) concentra el discurso en la pobreza y la educación. Habla de forma pausada, seleccionando las palabras, y sólo se detiene a veces, cuando se le ensombrece el rostro. Es evidente que ha visto muchas cosas: como responsable de Cáritas, lleva años asistiendo al horror en la República Democrática de Congo, donde cuatro fuerzas combaten desde 1996. “¿Acaso ha estado usted alguna vez en Kinshasa?, ¿conoce a algún europeo que lo haya hecho? -se pregunta-. Tal vez ahí tenga la clave: el nuestro es otro gran conflicto olvidado…”.
Y mientras, prosiguen las matanzas…
Hace dos años, cuando estuve en Madrid, anuncié que había habido cuatro millones de muertos en el Congo. Ahora ya hay cinco millones. No quiero volver dentro de dos años y hablar de seis.
Cinco millones, y apenas se habla de eso.
Hace algunos meses, anuncié que parte del ejército rebelde ruandés había utilizado los machetes para asesinar a mil personas en una aldea.
Eso salió en los papeles.
Es cierto: lo hizo durante dos días. En aquellas fechas, se supo que un avión estadounidense había practicado un aterrizaje forzoso en el río Hudson. Esa historia se perpetuó durante tres semanas. La prensa profundizó en todos los detalles de ese accidente. Y lo nuestro pasó de largo.
Se trata de ciudadanos de segunda clase.
Y están los dictadores: ellos no dejan que las cámaras entren en el país. Hay periodistas arrestados y condenados. Se viola su libertad sistemáticamente.
Llegan algunas imágenes de refugiados en Kivu Norte.
En los últimos seis meses, ha habido 1.500.000 desplazados. ¿Se imagina? Es como un país entero caminando por los senderos.
¿Adónde van? ¿Qué buscan?
Comida y seguridad. No pueden regresar a sus campos porque los matarán o los violarán. Comen una vez al día. Se detienen en los campos, o donde les acoge alguna familia. Y los violentos llegan detrás.
Algunos de esos violentos son críos.
Niños de diez años. El LRA (Lord´s Resistance Army, de Uganda) busca reclutas de esas edades. Los jefes rebeldes les dan drogas. Les dicen: si quieres sobrevivir, debes violar a una niña de cinco años. Si quieres ser valiente, debes matar a una mujer y comerte su corazón. Y los arman.
¿De dónde salen esas armas?
Las veo en los aeropuertos, en Kinshasa o en Kigali. Veo los Airbus 333 aterrizando. Son aviones belgas, franceses o españoles. Descargan los contenedores.
¿Está seguro de que allí llegan las armas?
Me acerco, les pregunto. “Es mi negocio”, me responden.
¿España está en ese negocio?
La embajada española sabe muchas cosas. Pregunte allí. Hace dos años, cuando hubo combates entre el presidente (Joseph Kabila) y el ex vicepresidente (Jean Pierre Bemba), los milicianos bombardearon ese edificio.
En todo este tiempo, ¿qué ha perdido usted?
Muchísimos amigos. Barrios enteros. Yo estoy en peligro allí. Pero no me importa: quiero contar esta historia.
¿Le han perseguido?
En 1997, cuando llegó Kabila padre (Laurent) desde Ruanda, tuve que caminar 800 kilómetros en tres semanas. Fui un refugiado. Los soldados me lo robaron todo, me dispararon al oído. Vi cómo asesinaban a muchos otros.
Los soldados, los bandidos, ¿la maldad del hombre?
Todo está en la pobreza. Y en la educación. Son jóvenes de 25 años que nunca fueron a la escuela. Si les dan un arma, y apenas saben dispararla, ¿cómo sabrán que eso está mal?
Informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2008″
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía viene realizando un seguimiento detallado desde el año 1997 de la evolución de los flujos migratorios que desde África se dirigen hacia España, las políticas que pretender afrontarlos y que obligan a una creciente clandestinización de los mismos al tiempo que provocan graves violaciones de los derechos humanos.
Desde que hace más de veinte años, el 1 de noviembre de 1988, aparecieran los primeros cadáveres en las playas de Tarifa, casi 21.000 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestro país. Es una estimación ajustada que hacemos desde la APDHA y que muestra con claridad la tragedia colectiva en que se han convertido las políticas migratorias de la Unión Europea y de España.
La imposible inmigración legal y ordenada
A lo largo de estos años se ha venido insistiendo desde la unión Europea en que se está a favor de una “migración legal y ordenada” frente a la “inmigración ilegal” y descontrolada.
¿Se puede emigrar de forma legal y ordenada? Es decir, ¿puede un joven africano emigrar a España de la forma legal que auspician los mandatarios europeos?
La respuesta es rotundamente negativa. A los datos nos remitimos: del incremento de casi medio millón (494.485) de extranjeros en España durante 2008, tan sólo 8.749 (un 1,8%) personas proceden del África Subsahariana. No es casual, se trata de una opción consciente y deliberada.
Como detallamos en este informe, es imposible emigrar “legalmente” a España. Por un lado el contingente ha resultado un fracaso como sistema de gestión de flujos lo que se ha venido a reconocer limitándolo prácticamente a cero. Pero a ello hay que sumar los obstáculos y restricciones de todo tipo para la reagrupación familiar. Y, sobre todo, el muro infranqueable de la normativa y muy particularmente de la red consular española, punta de lanza del sistema de bloqueo a las personas que desean emigrar legalmente.
La insistencia que desde gobierno, oposición y algunos sectores se hace en ese mito de la “inmigración legal y ordenada” esconde, en el fondo, un verdadero rechazo de la necesidad de afrontar la realidad de los flujos migratorios y las desigualdades económico-sociales entre Europa y África de una forma seria y certera.
Esconde también una visión extremadamente utilitarista de las migraciones: permitir que vengan tan sólo aquellas personas necesarias para nuestra economía. Es la inmigración “deseada”, frente a la inmigración “sufrida”, de la que habla el gobierno francés y practica el gobierno español y que oculta una carga ideológica que concibe a las personas desde su “utilidad” y no desde su dignidad y derechos.
Pero sobre todo este mito condena a miles de personas que se ven obligadas a emigrar, que emigran casi de forma forzada, a hacerlo clandestinamente. Por eso hablamos de migraciones clandestinizadas en el informe.
La lucha contra la “inmigración ilegal” se ha convertido así en el norte inspirador de todas las políticas de la Unión Europea y de España. Como explicó Zapatero en la última campaña electoral, la lucha contra esta inmigración, para nosotros obligada a circular clandestinamente, es el eje de las políticas migratorias de nuestro gobierno. Pese a quien pese, y por encima de cualesquiera otras consideraciones.
Se trata, Zapatero dixit, de que no salgan, si logran salir que sean interceptados y en caso de que logren llegar que sean expulsados lo antes posible.
Fruto de esa política durante el año 2008 se han incrementado los medios para el control de las migraciones, se generaliza el uso de la detención y el encierro de migrantes como forma de gestión de las mismas y se han consolidado las políticas de externalización, una de cuyas mejores expresiones es el Plan África.
El Plan África y la externalización
Tras su puesta en marcha durante el año 2006 y su renovación para el período 2009-2012, no podemos sino hacer una evaluación extremadamente negativa de dicho Plan África y sus consecuencias.
Pese a que se presenta bajo un ropaje que pretende ser expresión de la “vocación solidaria de la sociedad española”, el Plan África no ha tenido resultados concretos en términos de beneficio para las sociedades africanas.
Y ello no podía ser de otra manera en la medida en que el Plan África evidencia la prioridad de los objetivos de política exterior españoles sobre el interés solidario por el desarrollo del continente africano. El Plan África se puso en marcha principalmente para favorecer los intereses comerciales y económicos españoles en el continente, para dar cobertura a una política migratoria dirigida al control de los flujos migratorios y supeditando una supuesta agenda de democratización y pacificación de los países africanos a los objetivos de seguridad de España.
El Plan África, de esta forma, es un marco más del desarrollo e impulso a las políticas de externalización, cuyo objetivo principal no es sino desplazar hacia el Sur el control de fronteras, convirtiendo a países terceros, bien de tránsito, bien de origen de las migraciones, en verdaderos gendarmes de la Unión Europea.
En el informe se hace un amplio análisis de las relaciones libio-italianas para el control de migraciones como un espejo en el que nuestro país no debiera mirarse, pero que es un camino de externalización que ya se está lamentablemente recorriendo en España.
También con gravísimas consecuencias para los derechos humanos. Nos detenemos particularmente en dos zonas en las que nuestra Asociación durante el 2008 ha podido conocer sobre el terreno las consecuencias de estas políticas de externalización de España confiadas a Estados en los que los derechos humanos no llegan siquiera al nivel de la retórica.
Marruecos: estatuto de asociación avanzado a cambio de represión sobre las migraciones
El 13 de octubre de 2008 el Consejo de Luxemburgo aprobaba un estatuto de asociación avanzado entre la Unión Europea y Marruecos, lo que significa que este país pasará a disfrutar de un marco privilegiado de relaciones políticas, económicas y sociales con la Unión, y tendrá acceso a determinados programas comunitarios. A cambio sin duda de una importante colaboración entre otras cuestiones en el control de las migraciones. Durante el año 2008, ha cumplido fielmente con su papel de gendarme europeo y ha ejercido la represión con empeño, también sobre sus nacionales que intentaron emigrar, pero especialmente sobre los inmigrantes subsaharianos en tránsito.
Hemos destacado como muestra las continuas redadas de inmigrantes subsaharianos que son deportados a la frontera argelina, en la zona de Oujda. Oujda, última ciudad marroquí al noreste del país, en la frontera con Argelia cerrada y militarizada desde 1995, es puerta de entrada en Marruecos de los inmigrantes que suben del desierto, y lugar de expulsión para la inmensa mayoría de los arrestados a lo largo de país. Allí la situación puede considerarse siempre de emergencia y las condiciones de las personas allí deportadas verdaderamente deplorables, en ocasiones infrahumanas para personas que sufren acoso y abuso de todo tipo por parte de las fuerzas policiales marroquíes.
También hemos destacado el hundimiento intencionado en las costas de Alhucemas en la noche del 28 de abril de una zodiac cargada de inmigrantes que fue pinchada por las fuerzas del orden marroquíes, provocando 36 muertos.
En agosto, 73 migrantes de Ghana, Burkina Faso y Sudán partieron en cayuco desde Nuadibú, Mauritania, rumbo a Canarias. Tras quince días a la deriva, en los que murieron 33 de ellos, las autoridades marroquíes los interceptaron en algún punto entre Marruecos y Sahara Occidental. Los 40 supervivientes fueron encarcelados una semana, tiempo durante el cual se les dio comida y agua, pero no se les suministraron medicamentos. Un grupo de 20 de ellos fueron abandonados en zona desértica y minada entre el Sahara Occidental y Mauritania, indicándoles con el dedo la dirección hacia Nuadibú.
De nuevo y de forma detenida analizamos la evolución en las fronteras de Ceuta y Melilla en las que continúan, como se detalla en el informe, las violaciones de derechos humanos y la muerte de personas.
Las violaciones de derechos humanos en la frontera mauritano-maliense
En un extenso análisis redactado a raíz de la misión sobre el terreno desarrollada por la APDHA en la frontera mauritano-maliense.
Desde que Mauritania se ha convertido en un punto de partida hacia España, las ciudades fronterizas de Nioro du Sahel y de Gogui en Malí se han transformado, al igual que Kidal y Tinzaouatine en la frontera argelina, en la puerta de entrada (candidatos a la emigración) y de salida (rechazados en frontera) de todos aquellos que sueñan con Europa y con una vida mejor.
Fruto de las presiones europeas para el control de fronteras dentro de la política de externalización, en esta zona se están produciendo graves violaciones silenciadas y desconocidas sobre los derechos humanos, como se ha podido recoger en la misión citada.
Se trata de que los nacionales del África subsahariana son detenidos arbitrariamente en la frontera Mauritania, sin control judicial ni asistencia jurídica, siendo a menudo desvalijados, sometidos a todo tipo de violencia policial y rechazados en la frontera maliense de forma colectiva. También numerosos migrantes detenidos en las costas mauritanos son llevados al Centro de detención de Nouabidú, donde el maltrato y las palizas son extraordinariamente frecuentes, y luego deportados a la frontera maliense en condiciones inhumanas.
Son expulsados por la frontera maliense en minibús en condiciones inhumanas y degradantes, sin que se les haya notificado esta medida de alejamiento, sin haber podido recurrirla y sin que las autoridades mauritanas hayan informado a sus homólogos malienses.
El trayecto Nuadibú-Gogui dura entre 3 y 4 días, durante los cuales unas 22 personas escoltadas por la policía mauritana permanecen encerradas en un mini-bus, sin descansos previstos para dormir, con una sola parada al día para descender del vehículo y recibiendo como comida una botella de agua, pan y, con suerte, galletas y/o sardinas.
Lamentablemente al llegar a la frontera maliense, no existe ningún sistema mínimo de acogida o de apoyo humanitario, ni en Nioro ni en Gogui. Debido a la ausencia de medidas efectivas para garantizar la acogida, protección y el seguimiento de los rechazados en fronteras, las autoridades locales abandonan literalmente a estas personas, dejándolas en la más absoluta de las precariedades y con un intenso trauma psicológico debido al fracaso de su proyecto migratorio.
Así pues, una vez en la frontera maliense en unas condiciones físicas y económicas peores que las de antes de su partida y sin haber cumplido con las expectativas suscitadas por su proyecto migratorio, la mayoría de los expulsados deciden no realizar el « viaje de la vergüenza », que consistiría en regresar a casa con las manos vacías y sin poder reembolsar la inversión realizada por la comunidad. Por ello lo vuelven a intentar una y otra vez. Hay personas que ya acumulan cinco intentos.
Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas migrantes recae en buen medida sobre España y la U.E., que delegan el control de sus fronteras externas a terceros países, sin preocuparse de los métodos empleados por éstos para llevar sus órdenes a cabo en el más absoluto desprecio a sus compromisos internacionales, al igual que sobre aquellos terceros países que ejercen de guarda-fronteras.
Sobre el terreno, en este caso, en la frontera mauritano-maliense, se demuestra una vez mas que las políticas migratorias represivas, destinadas a “luchar contra la inmigración ilegal” son ineficaces y crueles, ya que no sólo no evitan las migraciones al no resolver los motivos de partida, sino que bloquean las migraciones circulares y favorecen las violaciones de los derechos humanos contribuyendo al aumento del sufrimiento de los migrantes y del negocio de las rutas migratorias clandestinas.
Las políticas de represión sobre los flujos migratorios, en entredicho
En efecto esa es la conclusión que puede establecer del análisis sobre la evolución del control de flujos y sobre las víctimas “colaterales” que su aplicación provoca.
Como cada año el Ministerio del Interior, vuelve a hacer un balance triunfalista de la evolución de las detenciones y particularmente de la interpretación que se da a las mismas. De hecho se plantea que las 14. 635 detenciones efectuadas en 2008 suponen una disminución de un 25% respecto al 2007. En efecto, Rubalcaba celebraba que ya nos encontrábamos en una situación comparable a la de 2002.
Nada más lejos de la realidad. Sea de forma consciente o inconsciente los datos reflejan por el contrario incluso un incremento de intentos constatados de entrar en nuestro país durante el año 2008: Hemos pasado de 31.610 personas detenidas en el conjunto de las zonas (Canarias, Península, Baleares, Ceuta y Melilla y en las Costas Africanas) durante el año 2007, a las 35.642 detenidas durante el año 2008, según los datos que ha podido determinar la APDHA.
Las conclusiones están a la vista: salvando el pico excepcional del año 2006, lo cierto es que se mantienen los flujos migratorios hacia España desde África a niveles similares a los de hace una década, e incluso este año se han incrementado respecto a 2007. Sólo que efectivamente y de forma paulatina se ha conseguido desplazar buena parte del control de las migraciones hacia el sur y se ha logrado la colaboración de los países de partida de las embarcaciones que han aceptado su rol de policías de las fronteras de la Unión Europea, convirtiéndose en auténticos países tampón. Es la materialización de las políticas de externalización que se diseñaran ya en el lejano Consejo de la Unión celebrado en julio de 2002 en Sevilla y se concretaran en el Programa de La Haya de 2004.
Sólo que además, mirado desde una perspectiva europea, más amplia, las migraciones africanas hacia Europa no sólo no se han amortiguado sino que se han ampliado de forma considerable.
Unas cifras que demuestran como decíamos más arriba la ilusión de “migración legal y ordenada”. No sólo porque luego en la práctica y muy particularmente en lo que se refiere al África, esa migración “legal” es impedida por los propios mecanismos legales y administrativos como hemos dicho. Sino porque es obvio que el deseo de las personas de buscar una vida mejor, de labrarse un futuro distinto, de convertirse en protagonistas de su propia existencia, es imparable pese a los SIVES, los FRONTEX y la teórica e ilusoria impermeabilización de las fronteras.
Por otra parte, es preciso señalar de nuevo, la desproporción y el dislate de medios humanos y materiales empleados para impedir una migración que no llega ni al 2% del total de la inmigración recibida por España en 2008.
Los que quedaron en el intento. Las víctimas.
Naturalmente para nuestro gobierno, para los gobiernos de la UE, estas políticas de represión y control de flujos, son “políticas de estado”. Y sus consecuencias de violación de derechos humanos, no son sino “daños colaterales” inevitables que tenemos que asumir aunque se traten de mitigar.
Lo que no se mitiga es el sufrimiento y el dolor de los familiares de las centenares de víctimas de esta política. Lo que no es posible mitigar es la muerte de tantos inocentes, que han perdido la vida por atreverse a buscar un futuro con dignidad.
Durante 2008 la APDHA ha contrastado, como se documenta ampliamente en el informe, la muerte de 581 personas, de ellas 342 en el Mediterráneo frente a las 239 en el Atlántico.
Por primera vez en bastantes años el número de personas que han perdido la vida en el Mediterráneo ha superado ampliamente a las que hemos podido detectar en el Atlántico.
En cuanto al origen de las personas muertas, más del 75% eran subsaharianas, siendo el resto del Norte de África o sin determinar.
Para la APDHA, teniendo en cuenta estos datos y el seguimiento que hacemos, no es nada exagerado estimar en 2.900 el número de personas que han podido perder la vida este año intentando llegar a nuestro país.
La necesidad de otro modelo de gestión de las migraciones
Como se puede constatar en el Informe, seguimos pensando que es imprescindible abordar el fenómeno de la gestión de los flujos migratorios desde otra óptica.
A partir de 1985, fecha en que entra en vigor la primera Ley de Extranjería (7/85) y particularmente a partir de 1991 con la adhesión al Tratado de Schengen, el modelo de gestión de migraciones de España ha sido el intentar conseguir una “inmigración legal y ordenada”, desde una óptica exclusivamente utilitarista, lo que conllevaba una prioridad absoluta en la “lucha contra la inmigración ilegal”.
Para el desarrollo de este modelo, convertido ya en modelo de gestión para toda la Unión que cada vez más se intenta armonizar, se han realizado ingentes inversiones y se han desarrollado políticas legislativas, de control, impermeabilización, represión, encierro y externalización… siguiendo el modelo de la Europa Fortaleza. Desde el año 2006 esta política ha recibido un extraordinario impulso en España, con las consecuencias y los resultados señalados en el Informe.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, este modelo migratorio conlleva gravísimas violaciones de los mismos, provoca enormes sufrimientos para las personas que intentan ejercer el derecho a encontrar una vida más digna, incluso con el resultado de su muerte. Y condena a miles de inmigrantes “sin papeles” a la marginación y a la exclusión de los derechos fundamentales de la persona. Es por ello una política inmoral e inhumana.
Esta política pone en cuestión todo el discurso universalista de los derechos humanos, rechazando el principio de igualdad y justificando la exclusión con razonamientos insostenibles acerca de la prioridad nacional, la seguridad y la lucha contra la delincuencia.
Pero, por otro lado, desde una óptica instrumental, este “modelo” migratorio no responde a la realidad, la cual niega y, por tanto, se muestra incapaz de gestionar el fenómeno migratorio.
Y es que es imposible abordar un fenómeno de carácter social (éste como cualquier otro) mediante el recurso exclusivo a la represión y al control policial. Las migraciones son consustanciales a la humanidad, son un fenómeno estructural, que hoy hunde sus raíces en las profundas desigualdades del planeta. La política actual está condenada al fracaso, porque se asienta más en discursos ideológicos, demagógicos y xenófobos que en la propia realidad y en las necesidades sociales. Lo hemos dicho centenares de veces: la búsqueda de un futuro mejor no se pude cercenar con alambradas. Antes o después estas son desmanteladas por la propia vida.
Sin embargo, pese a esta evidencia, lo cierto es que es preciso poner sobre la mesa el debate. El actual “modelo migratorio” que se defiende desde España y la Unión Europea, está abocado al fracaso y además viola de forma grave los derechos humanos. Hay por tanto que empezar a reconsiderarlo, dejando de aceptarlo como un hecho dado, como una especie de tabú que no se puede cuestionar y que ha llegado a formar parte del pensamiento único.
Desde la APDHA no pretendemos ninguna fórmula mágica que resuelva por sí misma los muchos y complejos problemas que plantea el fenómeno migratorio. Se trata de dejar de considerar el cierre de fronteras como un dogma, reconocer su fracaso e intentar reflexionar nuevos modelos de gestión que hagan del derecho a la movilidad la norma, y de sus limitaciones, excepciones especificadas, temporales, y justificadas, que es lo que en definitiva reivindica la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo único acorde con el cabal respeto a la misma.
Se trata en suma de la aplicación de otra política de asilo e inmigración en Europa, acogedora y respetuosa de la dignidad humana y de los derechos humanos.
El informe completo se podrá descargar de nuestra web
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=3&Itemid=45
La guerra por el uranio y la alianza Gadafi-Sarkozy empujan a 10.000 nigerianos hacia Europa
| Traducido para Rebelión por Liliana Piastra |
Desde Níger casi 10.000 africanos huyen hacia nuestras costas. La guerra por el uranio y la alianza Gadafi-Sarkozy favorecen a los traficantes. Y así los acuerdos entre Italia y Libia se convierten en una burla. En exclusiva, la película-encuesta ‘En la vía de Agadez’.Visto desde Agadez, el último abrazo entre el primer ministro Silvio Berlusconi y el coronel Muamar el Gadafi es una burla. En esta espléndida ciudad de barro rojo en medio del Sahara, en Níger, el acuerdo sobre inmigración ratificado en Trípoli el 2 de marzo pasado ya es papel mojado. Desde Agadez los camiones y los todoterrenos cargados hasta arriba de emigrantes africanos que tienen la esperanza de llegar a Lampedusa, a Italia o a Europa han reanudado sus viajes hacia Libia. El tráfico se ha retomado como en los tiempos del oro. Bajo la mirada indiferente y a menudo interesada del ejército libio, que controla la pista de rocas y arena en la frontera de Tumu, en el silencio del desierto.
Mapa y vídeos del uranio y los inmigrantes
Gadafi, al sur del Sahara, hoy no es más que un ejecutor de decisiones que se toman en París. Para detener o ralentizar la marcha de los clandestinos hacia su futuro, lo que más bien debería hacer Berlusconi es pedir que intervenga el presidente francés Nikolas Sarkozy: porque la ruta para los traficantes de hombres se ha vuelto a reabrir, justamente gracias a la guerra de los tuareg. Una guerra por el uranio que libra Francia en la región de Agadez (véase cronología en la página 36). Desde noviembre de 2008 miles de personas han pasado por la ciudad roja hacia el norte. Con un récord de salidas entre enero y febrero: son casi 10.000 los chicos y chicas que huyen de África occidental. A partir del verano que viene sabremos si esta generación de veinteañeros ha encontrado trabajo en Libia o saldrá en los telediarios en las pateras a la deriva por el Mediterráneo. Su objetivo, dicen, es llegar a Italia o a alguna otra parte de Europa.
El 24 de febrero Berlusconi se reunió con Sarkozy, pero no le habló de inmigración, sino de la vuelta a la energía nuclear en Italia. Y de contratos por valor de miles de millones de euros desde hoy hasta 2030 a favor de París. Areva, el coloso estatal de la energía nuclear francesa, necesita nuevos clientes, porque, a partir de 2012, la sociedad podrá disponer de tanto uranio que, para amortizar una inversión inicial de 1.200 millones de euros, tiene que encontrar enseguida a alguien dispuesto a comprárselo. De lo contrario, corre el riesgo de pagar cara la crisis financiera por la que está pasando. Pero todo ese uranio aún no ha llegado a Francia. Por ahora esté en Níger, cerca de Agadez, en Imouraren, bajo al arena, en el mega-yacimiento que empezará a producir dentro de tres años, el segundo del mundo, después del de McArthur River, en Canadá.
Lo que Sarkozy no le ha dicho a Berlusconi en su visita a Roma del 24 de febrero es que en Níger Francia ha jugado sucio. Como solía hacer en África en tiempos del general Charles de Gaulle. Y sólo al final Areva ha logrado arrancarle a Canadá y a China la concesión del mega-yacimiento de Imouraren. Pero Sarkozy tampoco le ha contado a Berlusconi que los tuareg, respaldados por los 007 franceses en los juegos de la guerra, se han puesto otra vez a traficar con los emigrantes que quieren desembarcar en Italia. En el fondo, sigue tratándose de energía y fuerza laboral destinadas a alimentar la economía europea. La diferencia es que los minerales de uraninita transformados en sales de uranio viajan protegidos hasta las plantas de enriquecimiento de Francia, mientras que a los emigrantes se les somete a todo tipo de vejaciones y el 12 por ciento muere antes de llegar a Europa.
Uno de los testigos de este juego sucio francés es italiano, un comerciante de Turín, T. P., 50 años, detenido por inmigración clandestina en Níger. Vivía en Agadez, pasó algunos meses en el desierto con los guerreros tuareg y, cuando quiso dejar Níger, acabó en comisaría. La policía le apretó las tuercas y, como él tenía el permiso de residencia caducado, tuvo que contar todo lo que sabía a cambio de su liberación. Al final le expulsaron, declarándole ciudadano no grato. Los puntos en común entre la vía de los clandestinos y la del uranio hay que contarlos justamente desde Agadez, donde el comerciante turinés había abierto una tienda y a donde ahora llegan miles de jóvenes africanos con la certeza de sobrevivir al desierto que les espera.
La ciudad-monumento al atardecer se tiñe de rojo, pero no parece una comunidad sitiada, ni en guerra. Aparte los pastores nómadas tamashek que acampan en las calles del centro, evitando las pistas con sus minas y emboscadas. En la carretera asfaltada, ante la autogare, la estación a la que llegan los autobuses y de la que parten los camiones del desierto, los negocios van viento en popa. Hay cientos de puestos en ambos lados de la calle, y venden de todo, desde zapatos usados hasta barras de pan recién horneadas, bolsitas de dátiles y galletas, latas de leche en polvo, bidones de aceite recubiertos de cartón y de cáñamo y reciclados como bidones de agua. Pasan carretas empujadas a mano. Personas por doquier. Es el mercado de los pobres. El punto de avituallamiento de todo el que espera para irse e intenta gastar lo menos posible. Porque cada día de espera es un pequeño bocado a los 250 euros necesarios para cruzar el Sahara hasta Libia. Y, para quien ya cuenta con ellos, a los 1.500 euros que piden los traficantes libios de Al Zuwara para jugarse la vida hasta Lampedusa. Los emigrantes que se han detenido en Agadez comen lo menos posible para no comprometer el pequeño capital necesario para el viaje. A menudo tan sólo gari, una masa energética hecha con raíces de tapioca.
Pero esta calle también es un mercado para ricos. Es la contradicción de toda guerra. Cerca de la mezquita, un comerciante vende coches plateados importados o pasados de contrabando desde Nigeria. Y la fila de tiendas que hay bajo los soportales, una decena de locales antes abandonados e invadidos por la arena, ahora están limpios. No tienen rótulos, ni carteles publicitarios colgados en los escaparates, pero son agencias de viajes. Broker, passeur, mediadores. Se hacen cargo de los emigrantes que llegan desde Nigeria, Ghana, Liberia, Benin, Mali. Y en los últimos meses, por primera vez, también desde Senegal. La edad de esta generación en fuga va desde los 14 hasta los 30 años. Tienen un proyecto, una idea, un sueño que realizar. Son los hermanos y las hermanas menores de los emigrantes que han pasado por Agadez entre 2003 y 2005. Saben que sus brazos se aferrarán sin duda a un trabajo. Las noticias de boca a oído y la experiencia de los que han sobrevivido cuentan que es duro, pero que algo se encuentra. Los clandestinos como motor insustituible de la riqueza sumergida, sobre todo en Italia, donde la producción en negro exenta del pago de impuestos representa el 23 por ciento del PIB.
En el patio de la autogare cientos de personas esperan a que pase también este día. Una posición de soldados, con una ametralladora pesada montada en un todoterreno, vigila la entrada. Bien mirado, hay soldados por todas partes. Mejor será no entrar. En Agadez hoy está prohibido hacer preguntas, hacer fotos, grabar vídeos. Puede suceder que te vean o te escuchen los espías de paisano o cualquiera que quiera congraciarse con la gendarmería a cambio de un soplo. A finales de febrero el presidente de Níger, Mamadou Tandja, volvió a declarar el estado de alerta, proclamado el 25 de agosto de 2007 como respuesta a los ataques de los tuareg. En la región de Agadez la democracia se ha suspendido y la administración se le ha confiado al ejército. Algunos periodistas locales y franceses acabaron en la cárcel hace unos meses. Se arresta automáticamente a quien investigue en la ciudad o en el desierto. Los extranjeros, si no son emigrantes a punto de partir o técnicos de minas, deben mantenerse alejados. Y, si pasan, han de asumir su riesgo.
La tensión se hace patente ya en el puesto de bloqueo fuera de la ciudad. Un oficial, siempre con gran amabilidad, quiere quedarse el pasaporte. “Esta es la frontera”, dice: “Es como si Agadez en estos momentos no estuviera en Níger. Aquí mandamos nosotros”. Pero dejar el pasaporte en manos de los militares significa correr el riesgo de perderlo y tener que afrontar luego la incógnita de la burocracia de guerra. El oficial acepta llegar a un compromiso: “Bueno, pues hagamos así, esta tarde un inspector de policía irá a interrogarle al hotel”. Los militares están recogiendo ante su pequeña oficina a los emigrantes en tránsito. Bajan de los autocares, de los minibuses, de los camiones. Hoy, igual que cuando llega cualquier otro convoy, son más de 400. Permanecen sentados encima del montón de sacos, lonas y cajas. Tienen que pagar diez dólares por cabeza como derecho de tránsito. Y quien no tiene los documentos en regla, 20 dólares. Ya aquí la inmigración hacia Europa es un negocio.
Sólo hay una manera de llegar a Agadez. Hay que unirse a los convoys escoltados por el ejército. Parten un día sí y otro no desde Zinder, 431 kilómetros de desierto hacia el sur, todo a lo largo del camino de los clandestinos. Un viaje de una jornada. En pleno Sahara las dunas rosas ya han cubierto la nueva carretera asfaltada. Los chicos de los camiones tienen que bajar. Echan a andar. Las grandes ruedas, libres de peso, superan las olas de arena a toda mecha. Algún chófer ralentiza, pero no se para. Y a sus pasajeros les toca correr para no quedarse en tierra, para no acabar abandonados aun antes de realizar la parte más difícil del viaje. Los soldados escoltan al convoy en sus todoterrenos Toyota provistos de ametralladoras. Dicen que corremos el riesgo de sufrir un ataque de los guerrilleros tuareg o de los bandidos. Pero, sobre todo, pasando por aquí sin formar parte de los convoys, el verdadero peligro es que sean ellos mismos quienes acaben disparándonos. El ejército tiene órdenes de disparar sin avisar. Ya ha pasado. Algunos emigrantes han resultado muertos junto con los chóferes en el desierto del Teneré, aun antes de que los militares pudieran identificarlos. Para llegar a Italia habían pagado el viaje equivocado.
“Con la crisis que tenéis en Europa ¿dónde pensáis meter a todos estos inmigrantes?”, sonríe un traficante tuareg de Agadez. Como es lógico no quiere que se le grabe ni que se le retrate: “Desde noviembre pasado es como si Libia hubiese dado vía libre. Ahora que han elegido a Gadafi presidente de la Unión africana, está claro que no puede decirles a sus conciudadanos africanos que se den media vuelta. Hemos sabido que Italia invertirá en Libia 5.000 millones de dólares. Harán obras, habrá trabajo. Necesitarán mano de obra y nosotros se la traeremos. Si luego algunos quieren seguir viaje a Europa, nos parecerá normal. Gracias a la inmigración clandestina hasta se podría firmar la paz. Es el único punto en el que el ejército de Níger, el de Libia, los rebeldes tuareg y nosotros los tuareg que no tenemos nada que ver con la rebelión estamos de acuerdo”.
El pacto bajo cuerda funciona desde noviembre de 2008. El problema ahora es la falta de camiones. “Estamos esperando a que nos lleguen de Nigeria. Tenemos más gente dispuesta a irse que medios para llevarlos “, nos cuenta otro broker en Agadez: “En noviembre los rebeldes tuareg amigos de Francia, los militares libios y nigerinos y los traficantes de todo el Sahara han llegado a un acuerdo: todos se hacen los tontos y cada cual cobra la parte que le corresponde. Los chóferes tuareg decían que, al no tener trabajo por culpa de la guerra, se iban a sumar a la rebelión. Así ahora el ejército de Níger escolta a los camiones hasta Dirkou. Los libios cierran un ojo. Y los tuareg tienen trabajo. La limitación es que también para Dirkou hay que desplazarse en convoys. Si no se forma parte de un convoy los militares disparan sin previo aviso y además está el peligro de las minas”. Los convoyes del viernes 13 de marzo y del martes 17 de marzo son gigantescos: una fila de decenas de todoterrenos y 60 camiones cargados de mercancías, cigarrillos de contrabando y emigrantes. Hay minas
anticarro por todas partes. En septiembre, a 40 kilómetros de la frontera con Libia, una explosión improvisa bajo las ruedas de un camión mató a cinco pasajeros, entre ellos a un chico de 19 años. Pero el negocio merece el riesgo: 10.000 emigrantes por 250 euros representan una recaudación de 2 millones y medio.
Dirkou en estos días es un oasis que no sabe cómo alimentar a sus huéspedes en tránsito. Hay más extranjeros que residentes: más de 5.000 sobre 3.000. Un lugareño cuenta por teléfono que no hay bastante comida para todos y que se ha producido una epidemia de meningitis. Al menos 15 emigrantes han muerto de hambre y de sed en los últimos días, los chóferes de los camiones han visto sus cadáveres al sur de Tumu, la frontera con Libia. Puede que los hayan abandonado los traficantes, puede que decidieran seguir a pie.
La fuga de África es también un drama en las ciudades, donde las generaciones más instruidas se disuelven a lo largo de la ruta del desierto. Justo en estos días una delegación del ministerio de Educación de Nigeria ha ido a Agadez a pedir a las autoridades que no dejen pasar a los menores de 15 años nigerianos. La pesadilla son los traficantes de sueños que abordan a los chicos menores de edad delante de los colegios: no venden droga, sino un futuro imposible. “Los broker mandan a sus emisarios a apostarse delante de las escuelas nigerianas”, explica un funcionario: “Les cuentan que llegar a Italia es fácil. Pero, ya en viaje, a los chicos les quitan el dinero. Y las chicas tienen que prostituirse para pagarse el resto del trayecto”. Irin, la agencia de análisis de la oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, ha recogido testimonios de camiones atacados por bandidos en la ruta a Dirkou y de adolescentes raptadas que han desaparecido en el desierto.
Todo esto, desde finales de 2005 hasta el otoño de 2008, se había parado. El ejército de Níger había bloqueado el tráfico de clandestinos a lo largo de la pista de los esclavos: 1.500 kilómetros de desierto que cruzan el Teneré y, superado el oasis de Dirkou, suben hasta Libia, la ruta que tuvo su pico máximo de emigrantes y de cadáveres en 2003, con 15.000 pasajes al mes. Todo esto no se habría repetido si la guerra teledirigida de los tuareg no hubiera desestabilizado la región. A finales de 2006 Agadez sigue siendo una ciudad abierta al mundo y llena de turistas. Pero son meses en los que el coste del petróleo corre. Y el precio del uranio también. El presidente Mamadou Tandja y el gobierno deciden que Níger finalmente puede apostar por el recurso estratégico que tanto abunda en la región de Agadez. Las concesiones para buscar minerales de uraninita, cofinita y pechblenda se ofrecen al mejor postor. La diplomacia francesa refunfuña. París siempre ha tenido el monopolio del uranio en Níger. Así lo establece, ya desde 1961, el Acuerdo de defensa firmado entre ambos países, en plena dominación colonial. El coloso Areva pide para él los primeros 35 permisos para buscar minerales. Tandja resiste y otorga 15 concesiones a sociedades canadienses, siete a Australia, seis a Sudáfrica, y únicamente cuatro a Francia, tres a India y dos a China y Rusia. Queda aún pendiente la explotación del yacimiento de Imouraren, cerca de Agadez: una cantidad de uranio extraíble de 5 toneladas al año durante 35 años, que hace que Níger pase del cuarto al segundo puesto entre los países exportadores. Lo cual, por sí solo, equivale a toda la producción mundial de Areva.
El ataque a la posición del ejército en el oasis de Iferouane, al norte de Agadez, el 8 de febrero de 2007, es una acción a sangre fría. Un plan que recuerda la muerte de los diez soldados franceses masacrados el 19 de agosto de 2008 en Afganistán. Desde ese día de febrero, en los alrededores de Agadez mueren padres de familia y chicos que visten el uniforme a cambio de una soldada. Pero detrás del asalto de Iferouane no están los talibanes de Al Qaeda. Hay un grupo minoritario de tuareg que hasta aquel día era desconocido. Se hacen llamar Mnj, Movimiento de los nigerinos por la justicia, que en cuestión de pocas semanas recibe armas y municiones de Libia. Pronto se une a ellos el capitán Mohamed Ajidar, comandante de un pelotón del Fnis, la Fuerza nigerina de intervención y seguridad, una unidad del ejército formada por tuareg. El comandante Ajidar conoce de cerca los intereses franceses en la región. Siete meses antes Areva le ha confiado la vigilancia de tres áreas de concesión. Y le ha ingresado en su cuenta personal 56 millones de francos africanos, 85.365 euros, un capital por estos pagos. Pero ¿por qué tanto dinero? Suficiente para que el gobierno sospeche y en pocos días expulse de Níger al ex coronel Gilles de Namur, responsable por cuenta de Areva de la seguridad del mega-yacimiento de Imouraren. Una coincidencia: de Namur es agregado militar en la embajada francesa en Niamey durante la primera revuelta tuareg abiertamente respaldada por París. El Mnj causa otras muertes. Y el gobierno ordena que se arreste y expulse al director general de Areva Níger, Dominique Pin. Otra coincidencia más: en los años 90, mientras de Namur trabaja en la embajada de Niamey, Pin forma parte de la sección África del Eliseo, donde el presidente François Mitterrand tiene una consejera que se abrirá camino en la industria estratégica. La consejera es Anne Lauvergeon, actual administradora delegada de Areva. Pero los entresijos más delicados sobre la presunta benevolencia entre la sociedad estatal de París y los nuevos rebeldes tuareg los revela sin quererlo el comerciante de Turín interrogado en una cámara de seguridad en Niamey. Cuenta que el vicepresidente del movimiento tuareg, Asharif Mohamed-Almoctar, que moriría en combate en el verano de 2008, suele llamar a menudo a Francia con uno de los dos teléfonos móviles robados el 20 de abril de 2007 en las obras que Areva tiene en el megayacimiento de Imouraren.
Lo que sorprende a la policía de Niamey, según fuentes de la investigación, es que meses después, a finales de 2007 y en plena guerra, Areva siga renovando el crédito de los dos teléfonos robados por los tuareg. Un misterio curioso jamás esclarecido. Al igual que sigue siendo una novela policíaca la reivindicación por parte de Al Qaeda del secuestro, aún en curso en el Sahara, del enviado de la ONU a Níger: el ex embajador de Canadá en Roma, Robert Fowler, monsieur Afrique en la política extranjera de Ottawa, raptado el 14 de diciembre al norte de la capital con el también canadiense Louis Guay y el chófer nigerino Soumana Mounkaila. Según los periódicos de Canadá, el país que se ha llevado el mayor número de concesiones de uranio de Níger, Fowler y Guay se dedicaban a las minas al margen del mandato de la ONU. Mouadibou Sisse, 19 años, de Bamako, Mali, ni siquiera puede imaginarse el juego de estrategia que se está jugando en la cabeza de esta tierra en el primer puesto de las clasificaciones de pobreza. Espera el autobús para Agadez en la estación de Niamey. Quiere llegar a Italia para pasar a España. Ya le han expulsado una vez de Madrid. Pero no se rinde.
(26 de marzo de 2009)
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/la-nuova-ondata/2076172/
Brasil y EE.UU. bloquean declaración del agua como “derecho humano”
| Estados Unidos y Brasil, junto con Francia y Turquía se opusieron a que la declaración del Foro Mundial del Agua declarara este recurso como un “derecho humano”, lo que tendría consecuencias vinculantes para todos los países. 70 países exigen que el próximo foro sea organizado por la ONU. |
La falta de apoyo impidió que la iniciativa de Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay y Venezuela, a la que se sumaron otras naciones como España, Holanda y Alemania, fuese reconocida en la declaración ministerial con que se cerrará el foro mañana.
“No se ha logrado un consenso sobre los temas del agua como derecho humano y el uso de las cuencas transfronterizas”, anunció este sábado la presidenta del proceso político del foro, Sumru Noyan.
Noyan justificó la decisión de la cumbre ministerial de no incluir este derecho en que “no hay documentos vinculantes de la ONU que reconozcan el derecho humano al agua”.
El documento ministerial se conocerá este domingo, y sabremos si el agua es finalmente reconocida como un “derecho básico” o una “necesidad básica”, dos referencias con menos implicaciones jurídico-políticas y no vinculantes para los Estados firmantes.
“La declaración ministerial del FMA sólo fue acordada cuando algunos Estados se aseguraron que no tendría obligaciones vinculantes. El tema del agua es demasiado importante como para dejarlo sin un proceso que rinda cuentas”, criticó el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel d’Escoto Brockmann, en un comunicado dirigido al foro.
La ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, también defendió que el agua no se utilice “como un mero recurso exclusivamente económico”.
Fuentes cercanas a las negociaciones explicaron que ha sido la negativa de Brasil y Estados Unidos a incluir el término lo que ha bloqueado el debate.
Otras fuentes internas al foro señalaron que también Turquía y Francia se han alineado con esta postura.
El senador boliviano Omar Fernández explicó que parlamentarios de todos los países de Sudamérica han firmado una declaración en la que reconocen el acceso básico al agua y a los servicios sanitarios como un “derecho humano” y se comprometen a aplicarlo en las leyes nacionales.
“Lo que vemos con preocupación en el sur es que los gobiernos progresistas, a pesar de su discurso a favor del agua como derecho humano, no han podido salir de las estructuras heredadas de anteriores gobiernos neoliberales”, criticó Oscar Olivera, portavoz de la Coordinadora de Agua de Cochabamba (Bolivia).
Representantes de la sociedad civil y parlamentarios de cerca de 70 países, principalmente de América Latina y África, pidieron hoy el fin del Foro Mundial del Agua tal y como está concebido, al considerarlo falto de democracia y transparencia.
Por ello, solicitaron que el próximo lo organice la ONU y no el Consejo Mundial del Agua (CMA), una institución privada.
En su comunicado, D’Escoto también criticó que “la orientación del foro está profundamente influida por las compañías privadas del agua”.
El presidente del CMA, Loïc Fauchon, respondió a estas críticas aduciendo que “es la misma canción desde hace doce años, hay quien no está contento con el éxito del foro”.
“La ONU no quiere organizar este tipo de foros, ni hoy quiere, ni mañana querrá. Si este foro fuese organizado por la ONU perdería su originalidad, pues estaría sólo abierto a la participación de los países miembros y no a toda la sociedad como ahora”, añadió.
El secretario general de la quinta edición del FMA, Oktay Tabasaran, se felicitó por el resultado del encuentro, que durante una semana ha atraído a unos 25.000 participantes y a más de 1.000 periodistas.
“Los participantes están muy contentos por los contactos comerciales que han podido hacer”, agregó.
Esta lógica comercial fue criticada en el Foro Alternativo, que se celebra de forma paralela al oficial.
“La humanidad debe recuperar esa visión originaria de que el agua no tiene propietario, que es un bien común de la humanidad, como el aire o, incluso, la Amazonía”, opinó Óscar Olivera.
Una mano pelúa
La declaración del agua como “derecho humano básico” fue sustituida antes de la llegada de los documentos de debate a Estambul por el término “necesidad humana básica”, reduciendo las implicaciones políticas de esta declaración.
Fuentes diplomáticas presentes en la negociación de los comités técnicos, este cambio en el borrador provocó malestar en una “mayoría” de los países presentes y pidieron que se reabra el debate durante el fin de semana, con la llegada de los representantes ministeriales.
Sin embargo, Estados Unidos, Brasil y Egipto, junto al país anfitrión, Turquía, se negaron a reabrir el debate y bloquearon toda posibilidad de cambio.
Estos países también se negaron a que los debates previos al documento y la posición de cada gobierno quede reflejada en las actas del foro, algo que enfadó especialmente a la delegación de Suiza.
“Brasil no quiere que se publiquen porque no desea reconocer públicamente que se opone a que el agua sea declarada un derecho humano básico”, afirmó una fuente interna del foro que declinó ser nombrada.
“Es muy triste que los gobiernos se sometan a un consejo privado dominado por grandes empresas”, criticó Juan Carlos Alurralde, asesor del Ministerio de Exteriores de Bolivia.
“El otro problema es que las declaraciones de este foro no son vinculantes”, añadió.
La ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, pidió “esfuerzos reales” para que se vaya más allá de una declaración “que no llevaría a nada” y se pueda cumplir realmente el derecho al agua.
Mentiras mediáticas sobre Madagascar
Más allá de la imagen turística, ¿qué intereses se enfrentan en la isla?
| Traducido para Rebelión por Caty R. |
¿Qué imagen tiene usted de Madagascar? La de un hermoso país poblado de animales endémicos y plantas de formas increíbles. También la de un país pobre, en realidad, uno de los más pobres del mundo. Si usted es un observador un poco interesado también sabrá que la hermosa naturaleza malgache sufre desde hace muchos años los efectos de un crecimiento drástico de la población. Si usted va allí, sobre el terreno, entonces verá, además del espíritu cálidamente acogedor de la población malgache, sus sonrisas y su disponibilidad, a pesar de las dificultades de la vida cotidiana.
Sin embargo, esta imagen se quiebra. Tras el decorado se libran batallas por el poder que sólo se explican por la propia riqueza de esta isla-continente. Mientras Didier Ratsiraka estuvo en el poder, de 1975 a 2001, eran raros los reportajes que hablaban de esas riquezas. Del oro había muy pocos, de las piedras algo más, pero sólo las semipreciosas. Algunos años antes de que Didier Ratsiraka fuera expulsado del poder, su familia era titular de las minas de zafiros, custodiadas día y noche por milicias armadas. Durante esa época, el país se endeudó hasta llegar, en 2002, a más de 4.000 millones de dólares.
Por lo tanto nos damos cuenta de que Madagascar es rica en materias primas, biodiversidad, sitios turísticos, inmensos espacios cultivables, mano de obra, etcétera. La calidad de su universidad también tiene una buena reputación regional. Además, la ubicación geoestratégica de la isla constituye una ventaja más.
Así, tres tipos de personas han tenido la oportunidad de controlar el poder para que el desarrollo político y económico de Madagascar no se haya hecho nunca: las grandes empresas extranjeras, que pueden aprovecharse de la explotación de las riquezas naturales a menor coste; la mafia malgache, constituida por grandes familias que se ayudan unas a otras para controlar las redes del mercado negro; y los individuos que pueden, controlando la corrupción, hacer que florezcan sus pequeños negocios para obtener a menor precio una calidad de vida que no encontrarían en otros lugares.
Esos son los intereses que controlan a los medios de comunicación y que desde que empezó la crisis, e incluso antes, forjan nuestra visión.
¿Hay que acabar con Ravalomanana?
En 2002, un empresario alejado de los círculos habituales logró que lo eligieran gracias a la notoriedad que había adquirido por medio de sus productos lácteos, distribuidos por todo el país. También debe su elección a su fortuna, que le permitió enviar emisarios a todos los colegios electorales para desbaratar los mecanismos de manipulación de los resultados.
Mientras el conjunto de la oposición impugnó su elección desde el principio, y también después de que su partido ganase las elecciones legislativas y luego las comunales, los medios de comunicación franceses enseguida le presentaron como un arribista, un nuevo rico que no daba la talla.
Sin embargo, Ravalomanana es uno de los escasísimos empresarios malgaches que han hecho prosperar una industria en el país. Es uno de los pocos, si no el único, que ha reinvertido en ese país. Cuando fue elegido alcalde de la capital, logró transformar el aspecto de ésta en pocos años.
Después de rematar los acuerdos que permitieron que Madagascar suprimiera una gran parte de sus deudas, Marc Ravalomanana se apresuró a poner en marcha un sistema de gestión y control de las acciones del gobierno de una rara calidad: El Madagascar Action Plan (1). ¿Quién ha hablado de esto en nuestros medios de comunicación?
Ya durante su primer mandato, Marc Ravalomanana sufrió un intento de asesinato orquestado por Pety Rakotoniaina, entonces alcalde de Fianarantsoa, y el general Randrianafidisoa, apodado «Fidy», el 18 de noviembre de 2006, la víspera de las elecciones presidenciales (2)
Ese intento de golpe de Estado estuvo apoyado por numerosos «opositores», la mayoría de los cuales ni siquiera obtuvieron el mínimo de votos para recuperar sus avales. Son los mismos opositores que en la actualidad se encuentran en torno a Andry Rajoelina. Podemos citar, por ejemplo, a Monja Roindelfo que después de haber conseguido 29 votos en todo el territorio nacional en 2006, fue proclamado «Primer Ministro» del «gobierno de transición» de Rajoelina.
Andry Rajoelina, la última carta
La elección como alcalde de Antananarivo de Andry Rajoelina en 2007, al principio fue celebrada por muchos observadores como una demostración de la pluralidad política en Madagascar. Los habitantes de la ciudad criticaban la gestión del ex alcalde del partido presidencial y le ignoraron masivamente en las urnas.
Joven y audaz empresario, ex discjockey en una sala de fiestas nocturna de alto copete, Rajoelina gozaba de una cierta popularidad, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, varios observadores políticos señalaron en 2008 un cambio de actitud con el regreso al primer plano de la escena de varios «dinosaurios» próximos a Didier Ratsiraka y a las familias mafiosas. Las desavenencias se multiplicaron hasta la difusión, a mediados de diciembre y en la cadena privada propiedad del alcalde, de una entrevista del ex presidente en el exilio en la que hacía un llamamiento a la desobediencia civil. Esa transmisión se consideró un atentado contra la seguridad del Estado y condujo al cierre de la emisora.
Los medios presentaron dicho cierre como un atentado contra la libertad de la prensa. Pero se guardaron mucho de señalar lo que había dicho el ex presidente en dicha entrevista realizada en Francia, país en el está autorizado a residir a condición de abstenerse de cualquier actividad política.
Con el pretexto del cierre de la televisión Viva, Andry Rajoelina lanzó inmediatamente un ultimátum al poder exigiendo la reapertura y si no, la dimisión de los ministros «antes del 13 de enero, o no respondería de lo que pudiera pasar». Al mismo tiempo se lanzó una auténtica campaña de satanización del presidente aprovechando otros hechos diversos: la prospección de terrenos agrícolas por una sociedad surcoreana y la adquisición de un nuevo avión presidencial para sustituir el antiguo.
En los medios, el movimiento de Andry Rajoelina se ha presentado, desde el principio y hasta las últimas revueltas de mediados de marzo, como una protesta popular contra el poder, el grito de un pueblo deseoso de desembarazarse de su presidente.
Si hasta el 24 de enero una parte de la población todavía pensaba participar en una manifestación contra la carestía de la vida, eso ya no es posible desde el 26, después de que los manifestantes destruyeron los edificios estratégicos y saquearon las tiendas de productos de primera necesidad. En los días siguientes, el movimiento sólo contaba con algunos miles de seguidores. Sin embargo, los periodistas franceses se presentaron en el portillón para entrevistar al «joven presidente», así como los diplomáticos y hasta el emisario de Asuntos Exteriores de Francia, el señor Joyandet.
Todos los informes y reportajes de la radio y las televisiones de France Monde (France 24, RFI…) estaban en la misma onda. Varias entrevistas a Andry Rajoelina, decenas de minutos de explicaciones para justificar su movimiento. Y sólo algunos segundos para el auténtico presidente de la república, Marc Ravalomanana.
El partido presidencial organizó sucesivamente dos mítines pacíficos en los que reunió hasta 50.000 personas en el estadio de Mahamasina (3) La única explicación presentada por la JT France 2: el presidente pagó a los asistentes. «Testimonio» dudoso, no hay pruebas.
Mientras el 7 de febrero Andry Rajoelina ordenó a sus seguidores que tomasen el palacio presidencial de Ambohitsorohitra y el intento se saldó con la muerte de varias decenas de personas, los medios se apresuraron a acusar al presidente de la masacre de manifestantes. Aunque hay que lamentar el resultado y condenar la forma en que reaccionaron las fuerzas del orden, acusar al presidente en este caso, es un recurso muy fácil. Todo el mundo sabía que eso iba a pasar, sólo nos preguntábamos cuándo. La prensa no ha informado de que el presidente, al día siguiente, exigió que una comisión de investigación independiente aclare las circunstancias de la tragedia.
Las «causas oficiales» de la crisis
Desde el principio de la crisis, los reproches dirigidos por Andry Rajoelina se han presentado como verdades que los medios de comunicación se han abstenido de verificar.
Presentada como un hecho probado, la noticia de la presunta «donación» de 1,3 millones de hectáreas de tierras agrícolas a la sociedad Daewo, dio la vuelta al mundo en pocos días (4). Al día siguiente la presidencia y la sociedad Daewo lo desmintieron (5), pero no tuvieron el mismo eco. Este asunto es el que utilizó Andry Rajoelina para justificar su movimiento.
La compra de un avión presidencial por 60 millones de dólares también hizo que rechinasen los dientes. Lo que se han olvidado de decir es que numerosos países poseen ese tipo de aviones y que esto es más necesario en Madagascar, que dispone de muy pocas carreteras y todavía menos vías aéreas internacionales. Un avión es el único medio que tiene el presidente para librarse de la dependencia de los socios capitalistas o de Francia. Lo que también han olvidado indicar es que el avión anterior se cedió a la compañía aérea nacional, que lo necesitaba con urgencia (6)
Andry Rajoelina también acusa al presidente de mezclar los asuntos del Estado con sus propios negocios, pero se guarda de señalar con precisión la ilegalidad de las actuaciones del presidente (y mucho menos se le ocurre denunciarlo ante la justicia…).
Finalmente, la prensa extranjera continúa haciendo caso omiso de las realizaciones del gobierno en los últimos años (7). Sin embargo, dichas realizaciones siguen siendo la mejor carta del presidente y la razón por la que la población continúa unida tras la persona a quien considera un héroe nacional. La gente todavía luce sus camisetas «electorales» por las calles.
El recurso de la fuerza
La toma de rehenes en las escuelas públicas y después en el Liceo Francés de Antananarivo (8) dieron un vuelco a la situación. Desde ese momento, no se podía considerar a Andry Rajoelina como una opción fiable. Después de esconderse durante varios días, ha reaparecido «protegido por la ONU, Francia y el Vaticano», en un bonito batiburrillo diplomático porque tenía miedo de que le detuvieran.
Algunos días antes, desde el 4 de marzo, las fuerzas del orden por fin empezaron a cumplir sus obligaciones para restablecer el orden. Arrestaron a varios manifestantes y desarmaron a los saqueadores. La prensa francesa habló de «represión».
Lo que todavía nos ocultan los medios de comunicación es que desde el principio de la crisis y de manera cada vez más intensa, son los próximos al presidente quienes son objeto de amenazas y se ven obligados a vivir escondidos: los periodistas de la antigua televisión del presidente, saqueada el 26 de enero, los miembros dirigentes del partido presidencial, los ministros, o el presidente del la Delegación Especial que reemplazó al alcalde depuesto. La casa de este último, ha sido incendiada recientemente por los partidarios de Rajoelina (9). Tampoco se ha mencionado en absoluto el hecho de que los artistas malgaches que debían actuar durante los mítines del presidente han recibido amenazas (10).
Ninguna mención sobre el hecho de que, regularmente, la radio de Andry Rajoelina difundía amenazas, apenas veladas, hacia personas concretas. No se ha hecho ninguna investigación sobre las familias malgaches que viven en la angustia más absoluta desde hace meses. Sin embargo, Andry Rajoelina no tiene nada que temer del presidente, quien ha prometido varias veces que no le molestarán (11).
El jueves 12 de marzo debía marcar el inicio de reuniones nacionales establecidas bajo la mediación de un emisario de la ONU y del Consejo de las Iglesias Cristianas. El presidente aceptó participar y escuchar las reclamaciones de la oposición. Andry Rajoelina declaró que boicotearía dichas reuniones (12). Durante ese tiempo, una fracción del ejército malgache se amotinó. La seguridad de los bienes y las personas no está garantizada. El miércoles por la noche, un mitin a favor del presidente acabó con disparos sobre varios manifestantes perseguidos, según los testigos, por los soldados amotinados (13). Ni media palabra en los medios franceses.
O casi. El miércoles por la noche, France 24 planteaba la disyuntiva de si los soldados amotinados que vigilaban la ciudad perseguían a los saqueadores o a los manifestantes pro Ravalomanana. La televisión mostraba el cadáver de un manifestante muerto por disparos.
Notas:
(1) Sitio oficial del gobierno: http://www.map.gov.mg/
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/2006_Malagasy_coup_d%27%C3%A9tat_attempt
(3) http://www.topmada.com/2009/02/11/gros-succes-de-la-manifestation-pacifique-au-stade-de-mahamasina/ y http://www.topmada.com/2009/02/14/fil-des-evenements-du-samedi-14-fevrier/
(4) «Daewo to cultivate land for free», Financial Times, 19 de noviembre de 2008
(5) Fuente del ministerio de Agricultura: http://www.maep.gov.mg/dossiers.html
(6) http://www.midi-madagasikara.mg/midi/index.php?option=com_content&task=view&id=9412
(7) Informe del MAP, en el sitio web oficial del ministerio de Economía, Comercio e Industria: http://www.meci.gov.mg/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=183
(8) http://www.topmada.com/2009/03/06/les-eleves-du-lft-bloques-par-des-partisans-dandry-rajoelina/
(9) http://www.topmada.com/2009/03/10/flash-infos-du-mardi-10-mars/
(10) http://www.madagascar-tribune.com/L-exception-et-la-regle,11111.html
(11) http://www.madagascar-tribune.com/Suspension-des-manifestations-de,11198.html
(13) http://www.topmada.com/2009/03/11/flash-infos-du-mercredi-11-mars/
Original en francés: http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2009-03-12%2016:19:52&log=invites
Cuáles son los millonarios costos de la ineptitud
Esto no es motivo de sorpresa. Después de todo, el gobierno de Bush mintió acerca de todo lo demás, desde las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein hasta la supuesta vinculación de éste con Al Qaeda. De hecho, sólo después de la invasión liderada por EE.UU., Irak se convirtió en caldo de cultivo para terroristas.
La administración de Bush afirmó que la guerra costaría 50.000 millones de dólares. Hoy EE.UU. gasta en Irak precisamente esa suma cada tres meses. Para poner esa cifra en contexto: por un sexto del costo de la guerra, EE.UU. podría encarrilar y estabilizar su sistema de seguridad social por más de medio siglo, sin recortar beneficios ni buscar contribuciones.
Más aún, el gobierno estadounidense les redujo impuestos a los ricos cuando fue a la guerra, pese a tener déficit presupuestario. Como resultado, tuvo que apelar al gasto público con déficit fiscal -en buena parte, del exterior- para solventar la guerra. Esta es la primera guerra en la historia de EE.UU. que no exigió algún sacrificio a la ciudadanía; por el contrario, todo el costo se transfiere a las generaciones futuras.
¿Fue esto, acaso, incompetencia o falta de honestidad? Lo más probable es que ambas. La contabilidad de caja mostró que el gobierno de Bush se concentró en los costos del momento, no en los costos futuros, como la invalidez o el cuidado de la salud de los veteranos que regresaban de la guerra. Años después de que comenzara el conflicto bélico, el gobierno encargó vehículos especialmente blindados que habrían salvado las vidas de muchos de los que murieron por las bombas colocadas a los costados de los caminos.
El gobierno trató de ocultarles a los estadounidenses los costos de la guerra. Los grupos de veteranos recurrieron al Acta de Libertad de Información para conocer el número total de heridos: 15 veces más que el de muertos. Hasta ahora, a 52.000 veteranos que regresaron de Irak se les diagnosticó síndrome de estrés postraumático. EE.UU. tendrá que otorgar indemnizaciones por invalidez, según se estima, a un 40% de los 1,65 millones de soldados ya desplegados.
La ideología y las ganancias excesivas también desempeñaron un papel importante en la disparada de los costos de la guerra. EE.UU. recurrió a contratistas privados, que no resultaron baratos.
La guerra tuvo sólo dos ganadores: las compañías petroleras y los contratistas para defensa. El precio de la acción de Halliburton, la antigua compañía del vice Dick Cheney, se fue a las nubes. La mitad de los doctores iraquíes fueron asesinados o abandonaron el país, el desempleo no baja de 25%, y, a cinco años de iniciada la guerra, Bagdad aún tiene menos de ocho horas de electricidad por día.
Las miles de muertes violentas ya son una costumbre para la mayoría de los habitantes de Occidente. Pero estudios estadísticos sugieren que en los primeros 40 meses de la guerra hubo muertes adicionales de entre 450.000 personas, como mínimo, (150.000 de ellas, violentas)y 600.000. El mayor costo de esta guerra manejada con tanta ineptitud lo paga Irak.
Palestina-Israel y el control del agua
DOMINGO 15 DE MARZO DE 2009
pegado de: http://rincondelloboestepario.blogspot.com/2009/03/palestina-israel-y-el-control-del-agua.html
En 1967, inmediatamente después de su ocupación a escala total de Cisjordania y la Franja de Gaza, Israel declaró que todos los recursos hídricos de Cisjordania y la Franja eran propiedad del estado israelí. Por consiguiente, los palestinos tendrían que obtener una licencia del ejército israelí antes de desarrollar cualquiera nueva infraestructura hídrica en su propia tierra.
En 1982 el control de toda el agua palestina se entregó a la nueva autoridad israelí del agua, la Mekorot. Once años después, bajo el proceso de los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993, se transfirió una responsabilidad parcial de los recursos hídricos de Cisjordania y Gaza a la autoridad palestina del agua. No obstante, Mekorot sigue controlando el 53% del suministro del agua para uso doméstico en Cisjordania.
Palestina tiene recursos hídricos naturales en superficie y subterráneos. Las aguas en superficie fluyen en forma de ríos permanentes y wadis (lechos fluviales que permanecen secos parte del año) o bien en reservas estacionales. Las aguas subterráneas recogen y almacenan agua de la lluvia. El recurso principal de agua potable en Palestina es el agua subterránea.
Hay ocho cuencas subterráneas en Palestina e Israel. Cuatro se hallan completamente en Israel (Tiberias, Galilea oeste, Carmelo y el Negev). Las otras cuatro (Nordeste, Este, Oeste y el acuífero Costero) están parcialmente o en su totalidad en Cisjordania y Gaza.
Las aguas superficiales proceden principalmente de la cuenca del río Jordán que es, en teoría, un recurso compartido por Palestina, Israel, Jordania, Siria y Líbano. Los palestinos tienen prohibido el uso de este recurso desde 1967.
El acuífero del Oeste es el único y más importante recurso de agua subterránea de Palestina e Israel. Se ubica entre los dos estados con el 68% de su área de recarga en Cisjordania.
Los pozos palestinos bombean alrededor de 22 millones de metros cúbicos del acuífero al año.
Los pozos israelíes distribuyen, en asentamientos y estaciones de bombeo a lo largo de la línea verde de 1967, 320 millones de metros cúbicos al año del mismo acuífero.
Ahora en Cisjordania los palestinos controlan y consumen aproximadamente el 20% (138 millones de metros cúbicos) de los recursos hídricos subterráneos. Israel controla aproximadamente el 80% (562 millones de metros cúbicos) de los recursos hídricos subterráneos de Cisjordania, que se utilizan para los asentamientos construidos en territorios ocupados de Cisjordania y en el propio Israel.
Los palestinos de Gaza consumen alrededor de 100 millones de metros cúbicos de agua al año.
En conjunto, los palestinos controlan y consumen el 11% de sus recursos hídricos naturales. Los israelíes consumen el 89% del agua de Palestina.
El consumo per cápita de agua en Palestina e Israel refleja este desequilibrio. En Cisjordania y en la Franja de Gaza el consumo per cápita de agua es de alrededor de 60 litros al día, mientras que el de Israel es aproximadamente de 280 litros al día.
Más de 215.000 palestinos (el 10% de los residentes de Cisjordania)no están conectados a una red operativa de agua potable. Tienen que contar con la recogida del agua de lluvia y el acceso a manantiales naturales. Durante las sequías de mediados de verano deben comprar agua a proveedores privados. Mientras que el agua de cañería cuesta de 3 a 5 shekels el metro cúbico, los proveedores privados cobran de 15 a 30 shekels por metro cúbico.
El Grupo Hidrológico Palestino (PHG) ha documentado casos de limitaciones de provisión doméstica deliberadas por parte del Mekorot a lo largo de Cisjordania. Las restricciones a los desplazamientos y viajes impuestas en Cisjordania y Gaza también afectan gravemente al acceso al agua potable de los palestinos. El muro continúa negando y restringiendo el acceso a manantiales naturales, pozos y terrenos agrícolas.
Los colonos israelíes emplean más de 9 veces el volumen de agua per cápita suministrada a los palestinos.
Un buen número de asentamientos se han construido abiertamente sobre recursos hídricos cruciales. Por ejemplo los de Ariel y Emmanuel al norte de Cisjordania, asentados directamente sobre la cuenca del acuífero Oeste.
Hay 42 pozos profundos excavados por Israel en Cisjordania después de 1967, los cuales se hallan principalmente en la cuenca Este. Mientras que el 80% del agua que proporcionan se suministra a los asentamientos israelíes, sólo el 20% va a parar a las comunidades palestinas.
La perforación de estos profundos pozos por Israel tiene un efecto directo sobre otros recursos hídricos palestinos. Por ejemplo, al norte del valle del Jordán, 8 pozos y 11 manantiales se secaron completamente como resultado de las perforaciones israelíes en la zona.
El muro y el agua
El trazado del muro confisca recursos hídricos cruciales.
El 70% del área de recarga del acuífero Oeste queda aislada entre el muro y la línea verde y cae ya bajo control israelí.
En la parte norte de Cisjordania el muro actúa como una presa de hormigón que esencialmente retiene el agua e impide que fluya hacia el oeste, provocando inundaciones en las áreas cercanas; Qalqiliya sufrió serias inundaciones durante el invierno de 2005 por esta razón.
Los asentamientos localizados sobre recursos hídricos serán anexionados a Israel una vez que se complete la construcción del muro.
Contaminación y devastación medioambiental
El Grupo Hidrológico Palestino, PHG ha documentado casos de colonos israelíes que contaminaban deliberadamente manantiales de agua en Qalqiliya y Nablús.
En mayo de 2005 colonos israelíes que viven en el barrio de Tel Rumeida en Hebrón destruyeron contadores locales de agua y cortaron el suministro a cientos de palestinos.
La ciudad de Yenín al norte de Cisjordania se enfrenta a una crisis de aguas residuales. Unos 40.000 metros cúbicos de desperdicios sólidos se han acumulado en su planta de tratamiento de aguas residuales a consecuencia de la prohibición del ejército israelí al ayuntamiento de Yenín de acceder a la planta de procesamiento de basuras sólidas situada en las proximidades, desde el año 2000.
El PHG explica que Gaza se enfrenta a una crisis crónica de agua. La extracción desenfrenada de agua del acuífero de Gaza ha llevado a que el mismo se esté contaminando gradualmente por el agua del mar.
Las aguas residuales se han filtrado y han contaminado el agua potable. Por ejemplo, en marzo de 2007 la planta de tratamiento de aguas residuales de Beit Lahia, en el norte de Gaza, se desbordó y mató a cinco personas. El PHG describe la planta de tratamiento como “inadecuada” y dice que el cierre continuado del paso fronterizo de Rafah, al sur de Gaza, ha impedido entregar equipamiento crucial para la planta de aguas residuales.
Los crímenes de Estado de Álvaro Uribe Vélez
“Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado”.
En esta ocasión, además del acompañamiento al pueblo indígena embera y afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en la primera Consulta de los Pueblos y sendas visitas a los departamentos de Sucre y Putumayo, la Comisión Ética asistió al Encuentro de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, que tuvo lugar durante los días 5 y 6 de marzo, escuchando múltiples testimonios deejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, así como contextos y análisis de organizaciones que acompañan este proceso desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Se encontraban presentes numerosos familiares provenientes de las diferentes regiones del país, por lo que se presentó un panorama altamente representativo de una situación nacional.
En todo el país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de desapariciones forzadas yejecuciones extrajudiciales, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las fuerzas armadas colombianas –y/o sus paramilitares– de manera sistemática y generalizada. Esta grave violación se origina con anterioridad y tiene su exponencial desarrollo durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la puesta en práctica de la llamada política de seguridad democrática y a partir de la instrumentación del Plan Colombia, por lo que las víctimas son presentadas como bajas en combate para cobrar las recompensas económicas y recibir los reconocimientos y ascensos que el propio comandante general de las fuerzas militares ofrece de manera reiterada.
Estas prácticas aberrantes se presentan como resultados de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos por la vía del Plan Colombia y son claramente violatorias del derecho penal colombiano, los Convenios de Ginebra, el derecho internacional de los derechos humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las víctimas de las ejecucionesextrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos, o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran prescindibles. En ese patrón se incluyen discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de limpieza social, sólo comparable con la practicada por los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado.
La impunidad es una característica común de estos crímenes, en los que sus perpetradores no son investigados, ni mucho menos juzgados y sancionados. Las autoridades colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la procuraduría, y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, mientras los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados, cuando no ocultan o encubren totalmente estas graves transgresiones y, principalmente, la responsabilidad del Estado colombiano.
Es sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía el 6 de marzo, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones están al servicio del terrorismo de Estado.
La Comisión Ética se sumó a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, para evitar eventuales interferencias que, dado el estatus e influencia de los investigados –en los lugares donde ocurrieron los hechos–, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias.
También la comisión destaca una militarización amplia, visible y evidente en los departamentos, que se expresa en innumerables retenes, repetidos requerimientos de identificación, impedimentos a la libre movilidad de las personas, sobrevuelos de helicópteros, cuarteles e instalaciones militares dentro de localidades, reclutamiento forzado y expedito (una leva en todo el sentido del término), prostitución de niñas y jóvenes, recorridos constantes de las tropas por las carreteras y poblados, presencia militar en la cotidianidad de la población civil (tiendas, casas, fincas, etcétera), la continuidad y reconversión del paramilitarismo, todo lo cual afecta la normalidad y la seguridad de las personas y constituye una clara infracción al derecho internacional humanitario. Esta es la realidad dantesca de Colombia, que Álvaro Uribe Vélez se ufana en presentar como modelo a seguir, y que las ultraderechas pretenden imponer a cualquier precio en el resto de América Latina, con la ayuda de sus mentores estadunidenses.
Chávez ordena la nacionalización de parte del sector arrocero
El presidente venezolano garantiza el suministro de alimentos tras expropiar Cargill y amenazar con hacer lo propio con Alimentos Polar
AGENCIAS - Caracas – 05/03/2009
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó ayer la expropiación de las plantas procesadoras de arroz de la multinacional estadounidense Cargill, a la que ha acusado de “violar” las leyes venezolanas de producción de alimentos con precios controlados.
“Iníciese el proceso expropiatorio a Cargill”, ordenó Chávez durante una reunión del Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que su Gobierno “revolucionario” hará lo necesario para garantizar a la población el suministro de alimentos básicos de calidad y baratos.
Pero hoy jueves, el ministro venezolano de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, ha dicho que la expropiación de Cargill sólo afecta a su productora de arroz en Venezuela. No se ha mencionado qué pasará con las plantas productoras de aceites, harina, pasta, azúcar, café, leche, margarina, levadura y productos para mascotas de la transnacional estadounidense. El ministro Jaua ha dicho hoy que se está a la espera de “un acuerdo amigable” para la definición del monto de la indemnización que deberá pagar el Estado venezolano.
Amenazas
Poco antes, Chavez ha amenazado con tomar las mismas medidas contra la empresa privada más importante del país, Alimentos Polar, si paraliza la producción de arroz en respuesta a la decisión del Gobierno de poner bajo control estatal y militar todas las plantas de esta empresa de propiedad privada.
La decisión de enviar al Ejército se tomó hace cinco días después de que Chávez denunciara un plan de Polar para encarecer el producto y desabastecer el mercado. La empresa ha reaccionado anunciando acciones legales ante los tribunales.
Hoy Chávez ha elevado el tono de sus advertencias al asegurar que si los dueños de Polar siguen denunciando que lo recientemente ocurrido en sus plantas procesadoras de arroz constituyen un atropello a la propiedad, se verá obligado a nacionalizar el sector arrocero.
“Si no se ponen a derecho, te voy a expropiar Mendoza”, en clara alusión al presidente de Polar. “Le instó a dejar de estar inventando que los operativos de inspección son un atropello”, ha dicho Chávez, según informa el periódico El Nacional.
España: PRESUPUESTOS DE ARMAMENTO Y MATERIAL AÑO 2009
| programa/subprograma |
presupuesto 2009
|
|---|---|
|
122A3 Aeronaves
|
58..041360
|
|
122AA Medios acorazados y mecanizados
|
9.380.000
|
|
122AB Material de Artillería
|
34.923.920
|
|
122AC Vehiculo transporte terrestre
|
12.847.590
|
|
122AD Material de Ingenieros
|
5.548.050
|
|
122AE Armamento ligero
|
1.650.000
|
|
122AF Municiones y explosivos
|
10.248.470
|
|
122AG Buques
|
32.007.690
|
|
122AM Otro material electrónico
|
3.816.500
|
|
122AN Sitemas CIS
|
63.063.890
|
|
122AT Otro material y Equipos de apoyo logístico
|
38.741.940
|
|
122AV Otras inversiones
|
18.842.560
|
|
122B1 Programas especiales de modernizacion
|
707.591.230
|
|
122N1 Mantenimiento del Armamento y Material
|
503.931.530
|
|
122N3 Mantenimiento CIS
|
8.481.210
|
|
464 A1 Investigacion y desarrolllo
|
143.736.120
|
|
TOTAL CRÉDITOS (€)
|
1.677.283.750
|
