Google en la otra orilla del Rubicón


03Jul2009

Por David de Ugarte

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Hace años que Google hacía de fonambulista entre el mal y el bien. Ahora parece haberse decantado definitivamente.

Los anunciantes saben que la gran red social, con datos valiosos y fiables no está en facebook y sus colecciones de cientos de contactos. El gran banco de datos de la red social real está en gmail. Por ello, la posibilidad de cruzar la línea roja, hace tiempo que era evidente:

Como el correo está siempre abierto en una pestaña del navegador, usar gmail supone estar siempre logueado. Eso quiere decir que puede cruzar la dinámica de mis relaciones sociales con mis búsquedas, con las pelis que veo en YouTube y hasta con los comentarios que dejo en blogs de Blogger. Puede saber quién me influye y por qué, y a quién, cómo y cuando influyen mis palabras. Y puede hacerlo mejor que yo mismo

El Rubicón de la privacidad empieza en casa…

¿Exagerado? Tal vez sonara así para muchos cuando se escribió, pero el famoso Don’t be evil hace tiempo que está en duda incluso dentro del recinto del campus más famoso de Norteamérica.

Scott Morrison contaba el pasado mayo en el Wall Street Journal cómo Google había desarrollado un algoritmo que reconocía patrones de comportamiento virtual en sus trabajadores, localizando a los insatisfechos y haciendo sonar una alarma cuando alguno empezaba a pensar en abandonar la empresa.

En junio tuvimos más pistas: los trabajadores más brillantes que se sienten menos valorados se van y lanzan sus propios proyectos. La empresa calcula los beneficios de sus exempleados y lo siente como una pérdida: Nos preocupa que nuestras mayores ideas estén siendo aplastadas, aseguraba el director ejecutivo de la compañía en una entrevista.

Es la primera vez que Google abiertamente cruza datos de trazas de correo -ya de por si tremendamente potentes- con pautas de navegación e historial de búsqueda para obtener previsiones de comportamiento personal. ¿Alarmante? Sin duda, pero los experimentos no quedan en casa.

…sigue en todo Estados Unidos…

Si la política interna hace dudar de que el compromiso ético del gigante mantenga el nervio sus alianzas más recientes ensombrecen cualquier optimismo. En EEUU Google incorporará rankings crediticios personales para seleccionar qué publicidad mostrar. Es decir, el criterio no sólo será qué se esté buscando o leyendo, sino quién y con qué capacidad de crédito.

Un nuevo cruce de datos con un tipo muy peculiar de base de datos de la que es difícil escabullirse, al estilo de las poplarmente repudiadas bases de datos de morosos en las que las que en España tantas compañías de telefonía móvil incluyen a clientes que discuten su procedimiento de bajas. ¿Serán esas bases de datos las que se usen para cruzar datos en Europa y América Latina?

…y nadie sabe donde acaba

El hecho cierto es que Google demuestra no temer cruzar datos personales. Si cruza tu ranking crediticio con tus búsquedas mejora sin duda el servicio que ofrece a los anunciantes. Pero ¿por qué parar ahí si los experimentos con su propia plantilla indican que contrastarlas con pautas de navegación y búsqueda pueden acotar aún mejor cualquier target e incluso predecir comportamientos futuros?

Añadamos a todo eso el mejor trazado posible de nuestra red personal: las matrices de gmail que dicen con quién nos escribimos y cuándo. Matrices que, para servirnos publicidad personalizada, el propio sistema etiqueta también temáticamente.

La famosa máxima ordenar la información del mundo adquiere entonces una luz completamente distinta. La luz de la orilla oscura del Rubicón, la orilla donde reina la Sociedad de control.

Estados Unidos multa a Philips por vender equipos médicos a Cuba

Firmas aseguradoras y de tecnología petrolera también han sido sancionadas
La República
Las palabras y promesas del presidente norteamericano, Barack Obama, sobre el levantamiento de restricciones hacia Cuba, parece ser que no van acompañadas de actos y lo último ha sido la sanción a la compañía Philips, con una multa de 128.750 dólares, por realizar ventas de equipos médicos a Cuba.

La Oficina de Control Activo Extranjeros (OFAC) penalizó a la filial norteamericana Philips Electronics of North America Corporation (PENAC), por operaciones de compra venta de equipos médicos realizados entre 2004 y 2006, según informó el Departamento del Tesoro.

Philips una multinacional con presencia en 60 países

Philips es una importante multinacional fundada en Eindhover, Holanda, en 1891 que tiene presencia en más de 60 países, con equipos electrodomésticos, tecnología médica, sistemas de comunicación y bombillas, con ganancias anuales de 26,385 millones de euros ($37,466 millones).

PENAC figura entre las 100 mayores firmas manufactureras de Estados Unidos, con 35.000 empleados y ventas anuales de $5.950 millones.

Sanciones a Cuba en la era Obama

Desde que el presidente Obama llegó al poder, su administración por medio de la OFAC ha aplicado sanciones por supuestas violaciones del bloqueo a Cuba por más de 355 mil dólares, lo que representa un tercio del dinero recaudado por esta entidad este año por concepto de infracciones comerciales.

La multa a la filial norteamericana de Philips es la mayor penalidad impuesta a empresas estadounidenses por violaciones del bloqueo durante el año fiscal 2009, que concluye el 30 de septiembre.

En el período fiscal 2008, las multas relacionadas con el bloqueo ascendieron a $2.06 millones, la mayor cifra desde que la Casa Blanca decretó restricciones adicionales sobre viajes, remesas y operaciones monetarias con la isla.

Más sanciones

Por otro lado, la OFAC informó de una multa de unos 35.000 dólares a la compañía Liberty International Holdings, con sede en Boston, alegando que una subsidiaria extranjera de la firma participó como aseguradora de un negocio ligado al Gobierno cubano entre marzo de 2003 y abril de 2005.

También fue penalizada la compañía Varel Holdings, por 110.000 $ por realizar varias exportaciones de tecnología hacia la isla, en un evidente ataque contra la emergente industria petrolera de Cuba.

La desnacionalización del cobre profundiza la crisis de la economía chilena

Orlando Caputo y Graciela GalarceRebelion

El 11 de julio, se cumple un año más de la Nacionalización del Cobre. Es a propósito de esta fecha, casi olvidada que elaboramos esta nota de denuncia.

El cobre como el “Sueldo de Chile” debía servir para diversificar e industrializar la economía, como lo planteaba Allende para resolver los problemas de las generaciones actuales y futuras. La desnacionalización del cobre ha cambiado el curso de la historia que se pretendía. Hay por lo menos tres efectos contradictorios en el cobre chileno sobre la economía y sobre la sociedad.

Primero: La baja del precio del cobre, es uno de los elementos fundamentales que  provocó la transmisión de la crisis internacional a la crisis de la economía chilena.

Segundo: La desnacionalización del cobre ha significado masivas transferencias de recursos chilenos a través de las extraordinarias ganancias de las grandes mineras mundiales, que profundizan la crisis en Chile.

Tercero: Los excedentes de Codelco de los últimos años, porque ahora han disminuido drásticamente, han permitido aumentar el gasto social y la inversión pública que ha evitado que la crisis en Chile sea más profunda de lo grave que ha sido hasta ahora. Codelco que controlaba casi el 100% del cobre chileno, en 2008, sólo produce el 26,7%.Las autoridades de gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet, el ministro Andrés Velasco siempre se refieren a los recursos del cobre, pero como parte de la falta de ética política, jamás se refieren a que esos recursos están disponibles, se deben a Salvador Allende.

En esta nota desarrollaremos el segundo punto que se oculta al país. El título de los Tratados de Libre Comercio, TLC’s, remite sólo al comercio internacional. Comercio internacional que se realizaría entre países. En realidad, lo más importante de los Tratados de Libre Comercio en Chile y en América Latina, son las inversiones extranjeras. Las grandes empresas extranjeras controlan los principales sectores económicos, los recursos naturales y un importante porcentaje de las exportaciones e importaciones.

El impacto de la fuerte disminución de los precios y de las exportaciones de cobre de Chile, se profundizan por las remesas de las cuantiosas utilidades e intereses que las empresas extranjeras sacan de Chile. 

Las mineras extranjeras en Chile, se han beneficiado con períodos de bajos precios causando graves daños a Chile y son las más beneficiadas con los períodos de precio elevados. Recordamos que de 1996 a 2003, se produjo una fuerte disminución del precio del cobre por la sobreproducción mundial creada desde Chile por las transnacionales mineras. Con los precios bajos, abastecen a sus empresas asociadas en otros países que funden, refinan, manufacturan el cobre y exportan a otros países, incluyendo exportaciones de cables, tubos y otros manufacturados de cobre a Chile.

Después de varios años, y cuando los precios disminuyeron de setenta centavos de dólar la libra, Codelco y las mineras extranjeras disminuyeron la producción y Codelco formó un stock regulador. Los precios se incrementan a partir de septiembre de 2003, por el ajuste de la oferta y por el incremento adicional de la demanda China. El impacto en las remesas de ganancias e interesas de las inversiones extranjeras se manifestó de inmediato con fuertes incrementos de ellas. Las remesas totales en 2006, fueron superiores a 25 mil millones de dólares, de los cuales se estima que 20 mil millones han sido remesados por las grandes mineras mundiales que controlan el cobre chileno. Estas ganancias han llegado a ser tan elevadas, que superan el valor de las inversiones extranjeras realizadas en la minería chilena desde 1974 a 2006, que fueron 19,9 mil millones de dólares.[1]

La apertura unilateral de Chile a la circulación de mercancías y de capital, fue ratificada y profundizada en acuerdos internacionales, los TLC’s firmados por Chile. La desnacionalización de amplios sectores de la economía chilena y particularmente del cobre, han tenido un resultado que aparentemente es paradójico, pero que responde a la lógica de la globalización actual de la economía mundial, apoyada teóricamente en el neoliberalismo.

El fuerte crecimiento de las exportaciones chilenas por sobre las importaciones y los elevados saldos comerciales, son destacados en los informes oficiales como uno de los principales éxitos del capitalismo chileno. En realidad, esos elevados saldos comerciales permiten financiar las remesas de utilidades de las inversiones extranjeras y en particular, las grandes remesas de las grandes mineras mundiales que controlan la principal riqueza básica del país. La información estadística muestra que en todos los años, las utilidades de la inversión extranjera directa enviadas al exterior son similares a los elevados saldos comerciales. Entre los años 2004 y 2008, el total de utilidades enviadas al exterior por las IED, cerca de 81 mil millones de dólares, son mayores que la suma global de los saldos favorables de la Balanza de Bienes, de 75 mil seiscientos millones de dólares. El proyecto del puente del Canal de Chacao, cuya eliminación provocó una profunda crisis social y política en Chiloé, tenía un valor inferior a mil millones de dólares.

Las remesas de las inversiones extranjeras en Chile, y fundamentalmente las grandes mineras mundiales, equivalen a 80 puentes del Canal de Chacao.

La reciente campaña “Un Techo para Chile” tan publicitada en televisión y otros medios, en la cual participaron miles de jóvenes en una colecta nacional, superó levemente la meta de 2.000 millones de pesos, es decir, 4.000.000 de dólares, aproximadamente. Con los 81.000.000.000 de dólares de las ganancias enviadas al exterior, fundamentalmente por las grandes mineras mundiales que se han apoderado del cobre de Chile, equivalen a 20 mil veces la reciente campaña de un Techo Para Chile. ¡20 mil Campañas de Un Techo Para Chile”.

Remesas de Ganancias de la IED y el Saldo de la Balanza de Bienes

(Millones de dólares)

2004

2005

2006

2007

2008

2004a2008
Exportaciones

32.520

41.267

58.680

67.666

66.455

266.589

Importaciones

-22.935

-30.492

-35.900

-44.031

-57.610

-190.968

Balanza de Bienes

9.585

10.775

22.780

23.635

8.846

75.621

Renta de la IED en Chile

-8.231

-11.416

-19.913

-22.832

-18.544

-80.937

Fuente: Banco Central de Chile. Balanza de Pagos www.bcentral.cl

En varios de nuestros documentos sobre el cobre, hemos denunciado la desnacionalización del cobre y los grandes beneficios y remesas de las mineras mundiales en Chile, como el “Robo del Siglo XX y XXI”. Hemos tenido presente que la desnacionalización del cobre es anticonstitucional, ya que en la Constitución chilena se señala categóricamente que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.


[1] Caputo, Orlando y Galarce, Graciela. “La nacionalización del cobre realizada por Salvador Allende y su desnacionalización en Dictadura y en los gobiernos de la Concertación”, en libro “Salvador Allende. Presencia en la ausencia”, Miguel Lawner, Hernán Soto y Jacobo Schatán, Editores; Editorial LOM-CENDA, Santiago de Chile, 2008

La OTAN desarrolla sus tentáculos por todos los océanos del mundo

Mondialisation.ca

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

En abril de 2006 la OTAN participó en unas maniobras estadounidenses en las aguas de las Antillas neerlandesas a lo largo de las costas de Venezuela. Unas maniobras para intimidar al gobierno venezolano que practica una política de soberanía y que también apoya políticamente la independencia de los demás países de América Latina. Las razones que se evocaron oficialmente: un gran plan de lucha contra la droga a lo largo de las costas atlánticas y del Caribe. La OTAN estaba presente, por medio de barcos militares holandeses y belgas, entre otros. El gobierno holandés declaró estar vigilante para defender sus territorios de ultramar, dos pequeñas islas a lo largo de la costa de Venezuela, que pudieran ser reivindicadas por el gobierno de Chávez.

Estas maniobras pusieron en evidencia una dimensión geográfica de la que no se suele ser consciente. De hecho, la empresa de la OTA se extiende por todos los continentes y todos los océanos del mundo.

El Atlántico Norte está completamente bajo control de la OTAN con Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, la islas Spitzberg (Noruega), Noruega, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Portugal y las islas Azores .

El Mediterráneo está controlado por España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Albania, Grecia, Turquía, dos enclaves británicos en Chipre (Hekelin y Akrotiri) y por dos enclaves españoles en Marruecos (Ceuta y Melilla).

El mar Caribe (América Central) está bajo control de la organización por medio de las islas que pertenecen a los Países Bajos (Antillas neerlandesas), a Francia (Martinica, Guadalupe), a Gran Bretaña (islas Vírgenes, Anguilla, Montserat…) y a Estados Unidos (Puerto Rico).

El Atlántico sur (América del su y África) está cubierto por el departamento francés de la Guayana, las [islas] Falkland (Gran Bretaña), las [islas] Azores (Portugal), Ascensión y Santa Helena (Gran Bretaña).

En el océano Antártico están la isla de Bouvet (Noruega), las islas Kerguelen (Francia), las islas Sandwich y Sud-Georgia, el archipiélago Tristan da Cunha (Gran Bretaña).

El océano Índico está cubierto de islas francesas y británicas, entre ellas la Reunión, Mayotte, una serie de archipiélagos; el océano Pacífico por el archipiélago de Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, Hawaii, Samoa Oriental (EEUU), etc..

Esta lista no es exhaustiva.

Todas estas tierras son dependencias o parte integrante de algún país miembro de la OTAN, que puede instalar ahí estructuras y bases militares, apoyos logísticos y, aun cuando los Artículos 5 y 6 del Tratado (véase más abajo) no son aplicables en cada caso, pedir ayuda a otros miembros de la Alianza si se considera atacado.

Artículo 5 de Tratado:

«Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o varias de ellas que ocurra en Europa o América del norte será considerado un ataque dirigido contra todas las partes y, en consecuencia, acuerdan que si se produce tal ataque, cada una de ellas, en el ejercicio del derecho de legítima defensa, individual o colectiva, reconocido por el Artículo 5 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o las partes así atacadas emprendiendo lo antes posible, individualmente y de acuerdo con las demás partes, la acción que considere necesaria, incluido el empleo de la fuerza armada, para restablecer y asegurar la seguridad en la región del Atlántico norte.

Inmediatamente se dará a conocer al Consejo de Seguridad todo ataque armado de esta naturaleza y toda medida tomada en consecuencia. Estas medidas acabarán cuando el Consejo de Seguridad haya adoptado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 6:

Para la aplicación del artículo 5, se considera ataque armado contra una o varias partes, un ataque armado: [...] contra el territorio de una de ellas en Europa o América del norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas situadas bajo jurisdicción de una de las partes en la región del Atlántico norte al norte del Trópico de Cáncer… »

Enlace con el original: http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14287

Historia del golpe de estado, desde la llegada de Zelaya al gobierno hasta la reunión del presidente legítimo con los golpistas

De la cuarta urna al genocidio en Honduras
TerceraInformación

Antecedentes

Jose Manuel “Mel” Zelaya Rosales, candidato del Partido Liberal de Honduras, de centro-derecha, ganó las elecciones hondureñas celebradas en 2006 con poco más del 50% de los votos emitidos, superando por un 5% a su inmediato perseguidor, Porfirio Lobo, del derechista Partido Nacional. Estos dos partidos suponían un bipartidismo que blindaba los privilegios de las clases altas hondureñas, que después de estas elecciones respiraba tranquila sin imaginar lo que uno de los suyos podría hacer.

Cuando Zelaya comenzó su mandato se encontró con un país muy empobrecido que necesitaba importar petróleo para funcionar, y que si lo hacía la deuda externa consumiría al país cada vez más. Es entonces cuando Zelaya se empieza a enemistar con la oligarquía de Honduras. Venezuela se encontraba ya promoviendo por aquel entonces el PETROCARIBE, una iniciativa de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América por la que Venezuela vendía su petróleo a un precio justo y con muchas facilidades de pago a los países caribeños que no poseían en su suelo ese recurso hidrocarburo y no podían permitirse importarlo. Zelaya no se lo pensó dos veces y se añadió a la iniciativa para poder pagar el petróleo un 40% más barato de su precio real y poder pagar la mitad de lo que comprase a un 1% de interés a 25 años con opción de pagarlo invirtiendo el dinero en programas sociales.

Más adelante dio ayudas para abaratar el precio de los combustibles para que el pueblo pudiera hacer uso de ellos sin empobrecerse, también ayudó al pueblo reduciendo la tasa de interés en el pago de la vivienda, minorándolo una tercera parte. Esas ayudas estimularon la actividad económica del país ya que los hondureños espoleados por el abaratamiento de los costes de la vivienda empezaron a construirse sus casas comprando los materiales y dando empleo en el sector de la construcción. Zelaya también ha aumentado en los últimos meses el salario mínimo en un 60%.

Todas estas acciones que ha ido desarrollando Manuel Zelaya en su gobierno han ido soliviantando a la oligarquía de la que él mismo proviene, que estaban viendo como Zelaya iba girando su política hacia la izquierda a favor de los pobres de forma decidida. Incluso su propio partido no le apoyaba en el congreso con sus iniciativas, igual que el resto de partidos de Honduras exceptuando a la Unificación Democrática, el único de los cinco partidos existentes en Honduras que, con sus cinco escaños en el congreso apoyaron siempre a Zelaya.

Lo que colmó la paciencia de la derecha capitalista fueron tres cosas. La primera fue la unión de Honduras al ALBA, que le costó un año a Zelaya ya que su ingreso al organismo internacional debía ser aprobado previamente en el congreso, que lo rechazó varias veces. El ALBA le ha proporcionado a Manuel Zelaya fondos para aumentar el gasto social, proyectos conjuntos que han dado trabajo al pueblo hondureño y un nuevo mercado con preferencias comerciales para los productos del país centroamericano. Lo segundo fue que, gracias al ALBA Zelaya quiso acabar con las bases militares norteamericanas en Honduras para convertirlas en aeropuertos comerciales que beneficiasen al pueblo en detrimento de los Estados Unidos, y la última fue la voz que Zelaya quiso darle al pueblo para llevar a cabo una consulta para que los hondureños se pronunciasen sobre si querían celebrar una Asamblea Nacional Constituyente para dotarse de un nuevo texto constitucional. Se hablaba de nacionalizaciones, de democracia participativa, siguiendo el ejemplo de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Para ello se iba a celebrar un referéndum el domingo 28 de junio donde el pueblo votaría sobre si en las elecciones generales de noviembre ponían una cuarta urna, además de la de diputados, alcaldes y presidente, en la que el pueblo votaría si quería que se celebrase una Asamblea Nacional Constituyente.

Zelaya quería incluir el referéndum revocatorio, entre otros muchos aspectos de la democracia participativa, por el que el pueblo podría revocar el mandato de cualquier cargo público. Eso significaba que gente como el presidente del congreso por aquel entonces Roberto Micheletti, del mismo partido que Zelaya, podría no tener asegurado los 28 años que lleva éste en el cargo. También se hablaba de que los partidos no fueran el único medio por el que los ciudadanos influyeran en el gobierno una vez cada cuatro años, sino que en la nueva constitución se establecería que los ciudadanos podrían influir todos los días de año en los asuntos públicos decidiendo aspectos como las obras públicas que se ejecutasen en sus lugares de residencia o incluso las leyes aprobadas con el parlamentarismo social de calle que se da en, por ejemplo, Venezuela, El Salvador y en Nicaragua.

La derecha tuvo que actuar, Zelaya había cambiado radicalmente, no sólo su discurso, sino que lo había acompañado por hechos. Un aviso que dio Manuel Zelaya fue cuando junto con los países del ALBA celebró en Caracas en décimo aniversario de la Revolución Bolivariana. Zelaya se dirigió a los cientos de miles de venezolanos que celebraban el aniversario proclamando que Venezuela era “el ejemplo a seguir” y que había que “tumbar al capitalismo y al imperialismo que por cientos de años habían expoliado a América Latina”.

Antes de dar el golpe, la derecha capitalista dio un aviso. Pensaron que Zelaya se acobardaría cuando el general Vásquez Velásquez se negase, desacatando una orden de Zelaya, a repartir los materiales de la votación sobre la consulta popular que preguntaba al pueblo si quería una Asamblea Constituyente. El argumento era la inconstitucionalidad que suponía el injusto delito de preguntar la opinión del pueblo. Se ha podido observar más adelante que la oligarquía hondureña es consecuente con sus principios ya que por no preguntar al pueblo, han impuesto a Micheletti sin haber sido votado por nadie.

Zelaya destituyó de su cargo al general Vásquez Velásquez, pero la justicia hondureña, integrada por la oligarquía lo volvió a restituir, avisando a Zelaya que por allí no podía pasar. El presidente hondureño era además un líder popular y salió junto con el pueblo literalmente a tomar la base aérea donde se encontraba el material electoral y a repartirlo para efectuar las votaciones. Zelaya estaba irremediablemente del lado del pueblo.

La oligarquía no estaba dispuesta a ceder sus privilegios en beneficio de un pueblo por el que no sentía ni lástima y lo había conducido hasta la extrema pobreza de una forma totalmente egoísta.

El Golpe

El día de las controvertidas elecciones donde el pueblo iba a expresar si quería la cuarta urna que diera paso a una Asamblea Constituyente, la oligarquía se desprestigió ante el mundo: doscientos militares entraron abruptamente en la casa del Presidente de Honduras y violentamente lo secuestraron, llevándolo hasta Costa Rica en pijama y dejándolo tirado en ese país sin avisar a ninguna autoridad del estado costarricense.

Los Golpistas

La oligarquía dejó claro desde el primer momento que lo que habían hecho era parte de un plan muy bien trazado a juzgar por su rapidez en las acciones que vinieron después de secuestrar a Manuel Zelaya.

El congreso se reunió con la excepción de los parlamentarios de Unificación Democrática, que no asistieron por miedo a represalias. En esa sesión legislativa los congresistas golpistas intentaron justificar el golpe de estado como una sucesión constitucional. Para ello se basaron en que Zelaya cometió delito en base a una ley que aprobó el congreso al momento de enterarse de que Zelaya quería preguntar al pueblo sobre la constituyente, aprobaron una ley que impedía la celebración de plebiscitos 180 días antes de las elecciones generales. Presentaron una carta de renuncia supuestamente firmada por Zelaya el 25 de junio, tres días antes de la celebración del referéndum. Zelaya negó rotundamente que él hubiera renunciado. El congreso dando por buenos esos hechos, eligió a Roberto Micheletti, del mismo Partido Liberal de Honduras al que pertenece Zelaya, el mismo partido que votó sin fisuras a favor de Micheletti. Hasta ese momento Micheletti era el Presidente del Congreso de Honduras.

La dictadura que acababa de surgir en Honduras no esperó tiempo para actuar contra el pueblo en busca de un silencio que aparentase la normalidad necesaria para su legitimación por parte de la comunidad internacional. Para ello los golpistas mediante el ejército tumbaron la señal del canal público de Honduras, para dejar al pueblo cercado comunicativamente y poder dividirlo con informaciones en los diarios propiedad de los empresarios hondureños que apoyan el golpe. Inmediatamente después de tumbar esta señal comenzó la caza de brujas contra los medios alternativos favorables a Zelaya y a la “cuarta urna”. RadioGloboHunduras y Canal 36 fueron desalojados por el ejército dejando al pueblo en total oscuridad mediática. Sus locutores están siendo amenzados de muerte para que se callen.

La dictadura del golpista Micheletti pronto se manchó las manos de sangre. El ejército tenía tomados los puntos clave de las principales ciudades hondureñas, como el Palacio Presidencial y el Congreso en Tegucigalpa y comenzó a reprimir al pueblo. El ciudadano Rosel Ulises Peña fue arrollado por un vehículo militar mientras defendía la libertad de prensa en la sede de Hondutel, empresa de comunicación, impidiendo que los militares entrasen en el edificio. Este asesinato se produjo el lunes 29 de junio, un día después del golpe de estado.

La represión desde que los golpistas constituyeron la dictadura no sólo no ha desaparecido sino que, según palabras de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se ha endurecido alcanzando altas cotas de violencia. Las garantías constitucionales han sido suspendidas por lo que asesinar, entrar en las casas sin orden judicial, espiar llamadas… es legal, mientras que manifestarse o expresarse es ilegal. Desde el primer día las manifestaciones, primero espontáneas, y luego organizadas, han sido duramente reprimidas dejando miles de heridos, detenidos y varios muertos. Esto puede observarse de manera muy clara cuando el pueblo asistió en una multitudinaria manifestación de casi medio millón de personas a recibir al presidente Zelaya en su regreso a Honduras al aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa. El pueblo marchó y pudo acceder al aeropuerto gracias a que el coronel Mendoza retiró a su regimiento del aeropuerto desobedeciendo las órdenes de Micheletti. Cuando la cabeza de la manifestación colapsó el aeropuerto de manera pacífica, el ejército sin motivo comenzó a disparar a los indefensos manifestantes matando a tres e hiriendo a más de dos decenas de personas. Una de las víctimas, Isis Obed Murillo un joven de dieciséis años fue abatido por un francotirador. Poco después de estos hechos se anunció cuando faltaban diez minutos para las seis de la tarde que se adelantaba el toque de queda a esa misma hora, lo que supuso más de 800 detenidos.

La familia de Isis Obed, sumida en la tristeza le dijo a Xiomara Castro, la primera dama, en una conversación telefónica, que se sienten orgullosos de que su hijo muriera luchando por la justicia y la democracia. Los mismos que asesinaron a su hijo, han detenido a su padre para que no siguiera declarando a la prensa, según ha dicho la propia hermana del fallecido.

La represión ejercida a la ciudadanía no sólo se llevaba a cabo durante las manifestaciones sino que antes de celebrarse el ejército se cebaba con los que identificaba como partidarios de Zelaya. Autobuses y vehículos particulares que transportan “sospechosos”, distinguidos por su apariencia de pobres, a Tegucigalpa para formar parte de las movilizaciones y acciones contra los golpistas eran parados y sus ruedas desinfladas a disparos siendo sus pasajeros reprimidos a su vez para disiparlos e impedir su llegada a la capital que está fortificada desde el día del golpe y rodeada de puntos de control para que no entren en sus inmediaciones nadie que no deba.

Esta persecución no ha sido solamente hacia el pueblo que estaba en la calle, los cargos públicos que se mantuvieron fieles al mandato popular que subió a Zelaya a la presidencia de Honduras también han sufrido la persecución fascista de los usurpadores. El gabinete presidencial que apoya a Zelaya pasó a la clandestinidad, altos mandos del ejército que dieron la espalda al golpe están en las cárceles y muchos alcaldes han sido perseguidos, algunos salvados por el propio pueblo que desde el primer momento fue a los ayuntamientos a protegerlos de las arremetidas del ejército y otros, pese a la protección popular, fueron detenidos como el alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri. El ejército entró violentamente en la alcaldía sacando a la gente que protegía al alcalde con bombas lacrimógenas y disparos, deteniendo al alcalde y a decenas de ciudadanos y haciendo, en ese mismo instante, alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, al sobrino de Roberto Micheletti, William Hall Micheletti. Después de ir a por el alcalde el ejército la emprendió con el pueblo de igual manera virulenta. Se recibieron denuncias de que en las mismas celdas de las cárceles la policía tiraba bombas lacrimógenas dentro, en un ataque sin sentido contra los presos políticos.

La familia de Manuel Zelaya también está siendo perseguida y haciendo un alarde de valentía Xiomara Castro, la esposa de Zelaya ha salido de “las montañas” donde la protegía el pueblo para manifestarse pacíficamente con la ciudadanía en su lucha diaria por restaurar la democracia en Honduras.

Los golpistas han constituido una dictadura de terror, reactivando, según el gabinete presidencial en la clandestinidad, el escuadrón de la muerte 316 y nombrando como asesores de su “gobierno” a asesinos como Billy Joya que dirigió al nombrado anteriormente escuadrón de la muerte 316 que hizo desaparecer a decenas de personas de izquierda durante los años 80 en Honduras. Billy Joya está acusado por tribunales internacionales de responsabilidad criminal directa en 16 desapariciones y asesinatos. Todo esto Junto con la represión, la censura, las amenazas y la suspensión de las garantías constitucionales el gobierno golpista de Honduras cumple todos los requisitos de la práctica del terrorismo de estado.

Jose Manuel Zelaya Rosales

Cuando el alba de la mañana hondureña estaba a punto de dejar paso al sol que daría comienzo al domingo 28 de junio, el presidente de ese país centroamericano estaba convencido de que su pueblo iba a escribir una nueva página en la historia de Honduras, votando a favor de una cuarta urna que desembocase en una asamblea constituyente basada en la democracia participativa, que diera realmente y sin límites todo el poder al pueblo. Zelaya que durante el día anterior dio por finalizados los problemas que tuvo con parte de su gobierno y las altas instancias del ejército, se vio sorprendido cuando, doscientos militares allanaron su casa violentamente y lo secuestraron en pijama. Lo llevaron en un avión hasta Costa Rica y allí lo dejaron.

El presidente costarricense lo recogió y dieron juntos la primera rueda de prensa de las muchas que Zelaya ha dado desde que fuera secuestrado. Inmediatamente después, Zelaya fue a Managua, capital de Nicaragua para una reunión de la ALBA convocada con carácter urgente. Después de estas reuniones se sucedieron en Managua muchas otras del resto de organismos americanos como la OEA, SICA o el Grupo de Río.

Días después Manuel Zelaya partió a Washington, para hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pocos días antes de su intento de regresar a Honduras, junto con el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Miguel D’escoto, frustrado por los militares golpistas.

Después del intento pasó un día en Nicaragua antes de partir de nuevo a Washington donde se reunió con la secretaria de estado Hillary Clinton. El resultado de esa reunión fue que Óscar Arias, presidente de Costa Rica, mediase en el encuentro que Zelaya va a mantener con los golpistas en San José. Refiriéndose a ese “encuentro” Zelaya sentenció que no es una negociación sino “una planificación de cómo los golpistas van a salir del país”. Zelaya recalcó de cara al encuentro que hay cosas innegociables como su presidencia y la celebración de las elecciones para la “cuarta urna” que abran la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente.

Además el presidente legítimo de Honduras declaró a TeleSUR minutos antes de partir hacia San José que los golpistas estaban “saboteando” el proceso porque no dejaban salir de Honduras rumbo a Costa Rica a los dos ministros del Gabinete Presidencial en la Clandestinidad y advirtiendo que serán detenidos en base a la orden de detención en su contra que la justicia golpista hondureña, controlada por la oligarquía, ha emitido como parte de la persecución política que los golpistas llevan a cabo a todos aquellos cargos públicos y periodistas que no apoyan su dictadura sangrienta.

El pueblo de Honduras

Los hondureños contrarios al golpe, el pueblo, nada más saber el secuestro de su presidente salió a las calles e hizo algo mucho más importante que eso: organizarse y unirse para encauzar las protestas, mantenerlas y acrecentarlas. Con ese objetivo se creó en las horas siguientes al golpe el Frente de Resistencia Popular, integrado por las tres Centrales Obreras existentes en Honduras, el Sindicato de Taxistas, los sindicatos magisteriales del país, la mayor organización de campesinos hondureña Vía Campesina, y el único partido de izquierdas en Honduras Unificación Democrática. Todas las organizaciones de izquierdas de la Patria de Morazán están presentes en ese punto común llamado Frente de Resistencia Popular.

Desde el primer día el Frente tuvo claro que los objetivos de su lucha eran restituir al presidente Zelaya en su cargo, juzgar a los golpistas y sobre todo, la realización de las elecciones que fueron interrumpidas por el golpe de estado. También estaba claro cuál era la forma de conseguirlo: pacíficamente. Para ello desde el primer día el Frente de Resistencia Popular llamó al pueblo para que tomase las calles y convocó una Huelga General Permanente que ha paralizado todo el paísasfixiando económicamente a los golpistas quienes, pese a que en un primer momento negaron la existencia de una huelga, días más tarde el propio Micheletti llamó a los trabajadores a volver a sus labores, ya que la mayoría de gasolineras, supermercados, restaurantes y todos los colegios públicos se encuentran cerrados. El pueblo respondió que sólo le llegada de Zelaya a la presidencial parará la huelga.

Desde el martes 30 de junio, día en que Zelaya anunció que regresaría a Honduras, los esfuerzos del Frente se centraron en aglutinar a todo el pueblo que luchaba por Zelaya y la cuarta urna en Tegucigalpa, la capital del estado, para recibir al presidente Zelaya y unir fuerzas contra los golpistas. Desde ese mismo día cientos de miles de hondureños marchan hacia Tegucigalpa, un camino difícil porque los golpistas usando el ejército han cerrado todas las carreteras y han blindado Tegucigalpa. Aún así fueron 400 000 personas a recibir a Zelaya en su intento abortado por los golpistas y ahora mismo casi un millón de personas se encuentran en Tegucigalpa manifestándose todos los días. Los dirigentes del Frente de Resistencia Popular mantienen que si los golpistas abren las carreteras se llegarán a los dos millones de personas en Tegucigalpa, superando la población de la ciudad situada en un millón doscientas mil personas aproximadamente.

El Frente ha enviado a Costa Rica una delegación que se reunirá con Zelaya para entregarle al presidente sus puntos esenciales para negociar con los golpistas:

- Exigiendo “el castigo para los responsables de la muerte de los compañeros caídos y la represión a las movilizaciones y locales del movimiento popular.”

- Rechazan “la posibilidad de la legitimación de las autoridades de facto y reafirmamos que la única salida aceptable es el regreso al orden institucional.”

- Exigiendo “la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.”

- Además solicitan la integración de su delegación en la de Zelaya durante el encuentro con el sangriento dictador Micheletti.

Pese a la represión violenta, el miedo, la censura y la ausencia de derechos, el pueblo está saliendo cada día desde el 28 de junio en mayor número por la vuelta del presidente Zelaya y la celebración de la cuarta urna.

El Mundo

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América fue la primera organización internacional que se reunió con Zelaya y lo hizo apenas pasadas unas horas de que saltase la noticia del golpe. Los países integrantes del ALBA rompieron las relaciones diplomáticas y comerciales con la Honduras golpista, como presión internacional, sentando el ejemplo que otros países como El Salvador y Paraguay siguieron. Otros muchos como México, Argentina o España simplemente rompieron relaciones diplomáticas con los golpistas.

Los países del ALBA dinamizaron a la comunidad internacional convocando todas y cada una de las cumbres extraordinarias que celebraron el resto de organizaciones mundiales que se reunieron esos días. En palabras del ALBA “dejar que se enfríe la situación beneficiaría a los golpistas”.

Todas las cumbres celebradas dieron un abrumador respaldo al presidente Zelaya exigiendo la restitución del orden constitucional, que pasaba por respetar el mandato que el pueblo le había dado a Zelaya hasta enero de 2010 como su presidente. La Organización de los Estados Americanos, por integrar totalmente a todos los países de América, fue la organización que cargó con el peso de la situación. Para ello la primera medida que tomó fue retrasar la llegada del presidente Zelaya por tres días, dando un ultimátum a los golpistas contradiciendo al propio Zelaya que tenía la intención de volver cuanto antes “por el bien de su pueblo”.

El siguiente paso que tomó la OEA fue concertar un encuentro con los golpistas en Honduras con José Miguel Insulza, el secretario de la organización. Este encuentro tuvo el objetivo de notificar a los golpistas del retraso de la llegada de Zelaya, cosa que ya sabían. Las consecuencias de no acatar el ultimátum sería expulsar a Honduras de la OEA, algo que los propios golpistas hicieron antes de vencer el plazo.

Durante todos estos hechos el único medio de comunicación que impidió que la situación cayera en el olvido fue TeleSUR estando en todo momento en el lugar donde se encontraba el pueblo. Por ello diversos canales del mundo se plegaron a su señal como Radio Televisión Española y CNN en español.

Situación

La oligarquía que anteriormente gobernaba en Latinoamérica muchos países que ahora están en manos del pueblo, no respetan las victorias electorales que no les favorecen, e intentan de manera violenta, retomar el poder. Lo intentó la oligarquía venezolana en el año 2.002, lo lograron en Haití en el año 2.004, lo pretendió la oligarquía boliviana con la teoría de la Media Luna mientras cometió genocidio contra la población indígena y la ecuatoriana en base a esas teorías separatistas reclamó para sí Guayaquil como estado independiente. En Nicaragua y Paraguay difaman a los presidentes que lideran sus países y claman por fraudes electorales que no pueden demostrar. Acabamos de ver lo que ha hecho la hondureña.

Todos estos países guardan cosas en común. Son del ALBA, la organización que establece vínculos de uniones comerciales, culturales y sociales en base a los preceptos socialistas de cooperación, complementación, solidaridad y respeto a la soberanía de los países que lo forma, y que además acabó con el ALCA, la propuesta de los Estados Unidos para las relaciones entre los países de Latinoamérica. Además estos países, mediante sus gobiernos, han establecido, -o se encuentran intentándolo-, cauces para una mayor participación ciudadana que de la posibilidad real al pueblo de influir en los asuntos públicos todos los días del año y no sólo cada cierto tiempo en unas elecciones, donde son los partidos, y no los ciudadanos, los que dirigen los asuntos públicos.

La oligarquía hondureña ha evitado durante ya 13 días que el pueblo pueda decidir. Y ya ha anunciado que adelantará las elecciones de noviembre para así, legitimar su situación revistiendo la dictadura de una imagen democrática que convenciera a la comunidad internacional para que terminase su presión contra los golpistas.

Sufriendo una huelga general y una importantísima presión internacional no se puede explicar que los usurpadores se sostengan en poder sin una ayuda externa. Todas las miradas se han dirigido a los Estados Unidos de América, histórico apoyo económico y estratégico para los golpistas latinoamericanos. En la actualidad el gobierno de los EUA representado por Barack Obama se ha mostrado como un cambio profundo con respecto a sus predecesores. Así lo constatan sus declaraciones respecto al golpe de estado en Honduras, siempre de apoyo a Zelaya y a su restitución. Sus hechos parecen no confirmar sus palabras, ya que, además de no cortar relaciones diplomáticas con Honduras, ni suspender la cooperación militar y económica de la que ahora se benefician los golpistas, y retrasar la llegada de Zelaya a Honduras mediante la OEA, sabían los planes de los usurpadores desde un mes antes del secuestro tal como declaró su embajador y no evitaron el golpe.

En la última reunión que Hillary Clinton mantuvo con el presidente Zelaya, los Estados Unidos dejaron claro que no iban a cortar relación con los golpistas y que antes de eso preferían una negociación donde puedan no perder tanto con la vuelta de Zelaya, por culpa de la rápida movilización del ALBA y TeleSUR que han movilizado e informado a todo el mundo para que este atentado contra el pueblo no cayera, otra vez, en el olvido. Por ello han nombrado al presidente de Costa Rica, Óscar Arias, conocedor también del golpe de estado antes de que sucediera y elogiado por los golpistas hondureños. Al igual que los estados Unidos de América, Óscar Arias también ha condenado el golpe delante de las cámaras y es un perfecto negociador en este caso ya que no puede representar mejor a las empresas que están expoliando su país y están interesadas en que los gobiernos que llevan a cabo reformas de izquierdas en la economía caigan.

Honduras puede sentar un mal precedente para los pueblos que elijan por ellos mismos. Si este golpe triunfa finalmente las oligarquías anteriormente nombradas podrían ver la luz al final del túnel y seguir el ejemplo de Honduras. Ya habrían constatado que cuentan con un apoyo que sería el único sostén que necesitarían para culminar sus golpes.

Masiva movilización en las calles

Testimonios de la Represión

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Aumenta la represión

El lado oculto de Interpol

Farcpolítica: La agencia internacional que avaló los computadores de ‘Raúl Reyes’
Interpol es la organización de países más grande del mundo después de la ONU. Sin embargo, es poco lo que se sabe de ella y del papel que jugó en la trágica historia del siglo XX y de lo que va corrido del XXI. POLO repasó no sólo las páginas ocultas de la historia de la Organización Internacional de Policía Criminal, sino también su accionar en el contexto geopolítico actual.En 1923, la idea de que las diferentes policías del mundo cooperaran para capturar delincuentes comunes que delinquieran en más de un país, o que se refugiaran más allá de las fronteras donde cometieron la fechoría, motivó la creación de Interpol en Viena. Sin embargo, algunos investigadores se han puesto a buscar -en lo que queda de archivos- la otra historia, esa escrita en letra pequeña, la que casi nadie se atreve a recordar ni mencionar, aún hoy.

Según el periodista Laurent Greilsamer, subdirector del diario francés Le Monde y autor del libro ‘Interpol, la sede de la sospecha’, fueron los gitanos nómadas, estigmatizados como delincuentes, una de las mayores preocupaciones de las policías europeas de los años 30. Interpol creó fichas donde se censaba a los miembros de ese pueblo, incluso en contravención a los propios estatutos de la organización, los cuales prohíben la persecución de cualquier persona por motivos políticos, religiosos o raciales.

No fue un azar que la Alemania nazi se interesara en esos expedientes y que la sede de Interpol fuera traslada a Berlín desde 1939. Todo el mundo conoce el final de la historia: millones de gitanos y judíos fueron aniquilados en cámaras de gas.

¿Al servicio de la CIA?

Aunque pudo deshacerse en gran medida de ese pasado tomando disposiciones tales como trasladar su sede a París después de la Segunda Guerra y desaparecer gran parte de sus archivos –de forma accidental en medio de la guerra, o voluntaria para destruir pruebas-, todavía hoy Interpol parece no crear conceso a su alrededor.

Para analistas y defensores de derechos humanos, las nuevas actividades de Interpol, como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pueden ser la fachada para otro tipo de móviles. Y es que, si bien la organización defiende su imparcialidad por el hecho de ser financiada por los países miembros (187 en total), Greilsamer muestra cómo a mediados de los años 70 el Congreso de EE.UU. aprobó un importante aporte a la organización por medio de la Agencia para el Desarrollo Internacional -USAID por sus siglas en inglés–, organismo presente en nuestro país en el marco del Plan Colombia.

Sin embargo, un informe del General Accounting Office –la Contraloría gringa- revelaría que esa donación (de 135 mil dólares) tenía un fin preciso: servir de forma encubierta las actividades de la CIA en regiones claves para los intereses de ese país, como lo son América Latina y el sudeste asiático. A los miembros europeos de Interpol este aporte no pareció gustarles del todo, pues consideraron que inclinaría la balanza del lado norteamericano. ¿Es consecuencia de ello que hoy Europa prefiera contar con su propio sistema de policía, Europol, antes que pasar por Interpol?

El secretario de Interpol, el estadounidense Ronald F. Noble –antiguo subdirector del Tesoro de EE.UU.- escribió en julio de 2007 en el Nuevo Herald sobre la posible creación de un fichero mundial de personas condenadas por terrorismo y detenidos en lugares diferentes al país de origen. De acuerdo con algunas ONG este proyecto afectaría en espacial a inmigrantes sin papeles y presos políticos. Pero además presenta otros aspectos: para muchos no es posible abordar el tema del terrorismo internacional desde una óptica exclusivamente militar.

El experto francés en temas de policía, Frédéric Poquin, plantea que cada país tiene su propio terrorismo: “En Francia es considerado un acto terrorista sabotear el itinerario de un tren y retrasarlo para hacer reivindicaciones sociales y políticas. Los que lo hacen son detenidos y condenados como terroristas y ello ha despertado un intenso debate en ese país. ¿Pero cuál es la noción de terrorismo en Colombia?”, se pregunta este experto. ¿Son los actos de los paramilitares terroristas? ¿O sólo los de la guerrilla?

Durante la era Bush se habló de una guerra preventiva contra el terrorismo, a lo cual Interpol pareció apostarle, a juzgar por las palabras del secretario Noble publicadas por el Nuevo Herald en julio de 2007: “El mundo necesita un grupo especializado multinacional, multilingüe y fuerte, dedicado a la lucha contra el terrorismo, que funcione 24 horas al día y 7 días a la semana”.

¿Pero en la administración se dejará de hablar efectivamente de enemigos y ejes del mal para tratar de entender el fenómeno terrorista en una dimensión más diplomática, política e histórica, que militar y policiva? Al menos esta última posición pareció quedar sentada en el discurso que ofreció Obama en El Cairo a comienzos de junio. ¿Interpol le seguirá el paso a la nueva política exterior estadounidense?

Interpol y el computador de Reyes

Por lo pronto, la intervención de la Policía Internacional en el examen del computador de Reyes dejó mucho que desear para bastantes observadores –no sólo de los países vecinos de Colombia, sino también de EE.UU. y Europa-, por la forma politizada y llena de imprecisiones con la cual la organización internacional intentó avalar la supuesta ausencia de manipulación de datos en los computadores.

Lo cierto es que el contenido de éste es utilizado aún hoy, quince meses después del hallazgo, para señalar no sólo a cuanto opositor se convierta en un palo en la rueda de la segunda campaña reeleccionista y la aprobación de los TLC con EE.UU., Canadá y la UE, sino también a los países que curiosamente representan un ‘problema’ para EE.UU. en la región, como lo son Ecuador y Venezuela.

En un comunicado de prensa de junio de 2008 Interpol tuvo a bien aclarar: “basándose en el estudio de toda la información y el material proporcionados por Colombia, incluido un informe oral confidencial, INTERPOL pudo convencerse, y así lo hizo constar claramente en su informe, de que las pruebas informáticas cuyo análisis forense se le había solicitado fueron decomisadas en el campamento de los terroristas de las FARC el 1 de marzo de 2008 y pertenecían a Raúl Reyes”.

Sin embargo, la pregunta obvia es: si la participación de Interpol se limitaba a un análisis técnico en cuanto a si los discos duros habían sido manipulados o no –sin importar el contenido- ¿por qué llega Interpol a la conclusión de que el computador fue decomisado en Ecuador y pertenecía al número dos de las Farc? Deja mucho que desear, por otro lado, que los discos duros y demás pruebas hayan sido transportados al lugar donde se hizo el examen forense en la valija diplomática de funcionarios colombianos. Algo que terminaría por romper del todo la cadena de custodia, ya que según el informe de Interpol ésta ya se había roto: “Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”.

Interpol ya no quiere al DAS

Tal y como lo registraron los medios de comunicación, en mayo pasado Interpol decidió que el DAS no siga siendo su interlocutor en Colombia y pidió a la Policía Nacional asumir esas funciones. ¿Se habrán sentido atracados en su buena fe al haberle creído a las autoridades colombianas en el tema del computador de Reyes, cuando hoy se sabe que esas mismas autoridades son acusadas de haber perpetrado interceptaciones telefónicas ilegales, en el caso del DAS, y de falsos positivos, en el caso de las FF.AA.?

http://www.polodemocratico.net/El-lado-oculto-de-Interpol

Un eurodiputado británico: «Muchas de las pateras que se dirigen a Europa deberían ser hundidas»

DPA

El controvertido líder del ultraderechista Partido Nacional Británico, Nick Griffin, sugiere que se destruyan las embarcaciones usadas por los inmigrantes.

El controvertido líder del ultraderechista Partido Nacional Británico (BNP) y miembro recién elegido del Parlamento Europeo, Nick Griffin, sugirió en una entrevista transmitida hoy que las barcas con inmigrantes ilegales que se dirigen a Europa procedentes de África deberían ser hundidas.Griffin, en una entrevista concedida a la BBC, opinó que las medidas dirigidas a prevenir la llegada masiva por mar de inmigrantes ilegales procedentes del África subsahariana deberán «endurecerse mucho».

«Francamente, deben ser hundidas unas cuantas de esas barcas», dijo. Griffin entonces explicó: «No quiero decir que nadie deba ser asesinado en el mar. Quiero decir que las barcas deberían ser hundidas, les pueden lanzar una balsa salvavidas y pueden regresar a Libia».

«…Europa tarde o temprano tendrá que cerrar sus fronteras o simplemente será inundada por el Tercer Mundo», añadió.

El BNP obtuvo dos escaños en las recientes elecciones al Parlamento Europeo. Unos 37.000 africanos han navegado por el Mediterráneo a Italia vía Libia en los últimos años.

http://www.lavozdegalicia.es/mundo/2009/07/09/00031247147077369206846.htm

Subida de la luz del 23% y la estafa del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico

El ex Presidente de Gobierno José Mª Aznar y el Presidente de Gobierno J.L. Rodríguez Zapatero tienen muchos puntos en común en política económica, al margen del alineamiento de uno y otro a diferentes grupos económicos hegemónicos de la economía española y mundial. Pero si en algo se parecen es en la política eléctrica, al margen, repito, de si uno y otro están alineados con un grupo económico u otro. En tal caso el resultado puede ser que por ejemplo Endesa acabe en el grupo económico asociado al BBVA con el PP o que bajo el actual Gobierno el más beneficiado de la política económica del Gobierno sea el grupo liderado por el BBVA. Pero el hecho concreto al que nos vamos a referir los señores Aznar y Zapatero están directamente relacionados, una historia iniciada durante los Gobiernos del primero, que continuo el segundo, y que no acabará hasta por lo menos el año 2020.En los dos últimos años el recibo de la luz ha subido el 22,8% para el usuario doméstico medio, y va a seguir subiendo. El dato representa más de 5 veces el IPC acumulado en el mismo periodo. Todo ello relacionado con la liberalización del mercado eléctrico legislado por el Gobierno, subiendo de forma continuada el recibo de la luz a los ciudadanos con el objetivo de que con las reformas mencionadas cuanto más elevada sea la tarifa fijada desde el Ministerio más atractivas parecerán las ofertas lanzadas por las compañías que operan con sus propias tarifas. Es decir, una estafa a los ciudadanos y un claro posicionamiento de clase del Gobierno hacia el capital que controla el sector eléctrico, directamente relacionado con el sector financiero.

Por ilustrar con datos la situación en julio de 2007 el precio del kWh fijado por Industria era de 10,96 céntimos para potencias contratadas entre 2,5 y 5 kW. Dos años después, con la Tarifa de Último Recurso (TUR), aplicable a todos los usuarios con hasta 10 kW de potencia, el precio del kWh asciende a 13,99 céntimos, un 27,7% más. En cuanto al término de potencia, ha pasado de los 1,93 euros por kW de julio de 2007 a 2,04 euros desde julio de 2009, un incremento del 5,9%.

Y por el camino, en plena crisis económica y con una situación de grave desestructuración de la economía española el Gobierno pone en marcha el denominado Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, a través del cual se dice pretender pagar a las compañías eléctricas la deuda por el déficit generado por el precio de la luz, según ellas por debajo de los costos de producción. Un déficit que nadie demuestra con datos contrastables, y que por el contrario los datos de los que se disponen indican lo contrario. De momento en el 2008 el beneficio neto de Iberdrola alcanzó los 2.860 millones de euros, un 21,5% más que en el 2007 y los de Endesa ascendieron a 2.014 millones de euros, un 20,5% más que en el 2007. Es decir, en realidad de lo que estamos hablando es de un nuevo traspaso de las rentas del trabajo a las del capital en un ejercicio más de desequilibrio de cómo se reparte la riqueza generada entre las clases sociales.

El Fondo del Déficit del Sistema Eléctrico se creará con emisiones de deuda avalada por el Estado, lo que ha generado una verdadera lucha entre la banca internacional para hacerse con la gestión del fondo y las jugosas comisiones que generará. En conjunto el Fondo llegará a gestionar unos 20.000 millones de euros: 10.000 este mismo año, y otros 9.500 distribuidos hasta el 2.012 (3.500 millones más en 2009, 3.000 en 2010, 2.000 en 2011 y 1.000 millones de euros en 2012. Pero por supuesto al mismo tiempo irá subiendo las tarifas eléctricas de aquí al 2012, dicen que para “evitar que el déficit siga aumentando”.

El plan del Gobierno es que hasta el año 2020, o más, a través de los recibos de la luz se paguen los 20.000 millones del fondo más los gastos, es decir, todo lo relacionado con las comisiones producto de las gestiones de los bancos. Es decir, un negocio redondo, y por supuesto otra forma de aumentar los impuestos indirectos desequilibrando aún más la progresividad del sistema fiscal..

Esto del “déficit tarifario” fue planteado en primer lugar con el Ministerio de Rodrigo Rato y posteriormente fue asumido por el Gobierno de Zapatero. En base a este concepto tal y como está planteado la sociedad española le debe a las eléctricas en torno a 15.000 millones de euros, pero en realidad son las eléctricas las que nos deben mucho dinero a los ciudadanos españoles, porque esto no es más que una falacia montada por Gobiernos al servicio de los poderes económicos.

Y digo esto porque bajo el Gobierno de Aznar se le dio a las eléctricas ni más ni menos que un billón tres cientos mil millones de pesetas para la modernización del campo eléctrico español con el objetivo de abaratar el sistema. En contrapartida el precio de la electricidad no subiría durante unos años, y al acabar dicho periodo se subiría según el IPC. Los hechos son que las eléctricas usaron el dinero, no modernizaron el sistema en función del dinero que cogieron –ni mucho menos-, sino que lo utilizaron en gran parte para capitalizar el sistema monopolizando prácticamente el sistema eléctrico español, etc. Es decir, bajo el Gobierno de Anzar se consumó en la práctica la monopolización del sistema y su expansión hacia el exterior. Y el Gobierno de Zapatero asume todo esto y además les premia. Por supuesto que todo esto no ha impedido que siguieran aludiendo a la antigüedad de las instalaciones y al déficit del sistema.

Por otra parte hablar de liberalización del sistema eléctrico español es o una broma de mal gusto o un intento de engañar por parte del Gobierno a la ciudadanía, porque con lo concentrando que está el sistema después de que desde los años 80 se llevase una política agresiva contra las pequeñas y medianas empresas del sector hoy en día sólo cuatro empresas dominan el mercado, y son Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa y HC Energía, las cuales han obtenido en lo que llevamos de año 1.867 millones de euros de beneficios a pesar de la reducción del consumo por la crisis económica. Es decir, lo que era la parte pública se privatizó, los grandes emporios económicos han concentrado en sus manos el parque eléctrico y los beneficios, y finalmente no tenemos una política gubernamental destinada al desarrollo de la iniciativa pública del sector. En estas condiciones hablar de libre mercado es un insulto a la inteligencia, esto es neoliberalismo puro, es decir, grandes grupos económicos liderados por el capital financiero nacidos de la fusión del capital bancario e industrial directamente conectados y en posición hegemónica con los distintos Gobiernos. Y todo ello en una situación de crisis económica con necesidad de liquidez, para lo que este plan es una oportunidad perfecta.

Pedro Mª De Palacio es militante del PCE, IU y autor de la bitácora “La escarpada subida”

Un nuevo acto de soberanía: Ecuador denuncia al CIADI

Kaos en la Red
El presidente Rafael Correa, firmó en 2 de julio el Decreto Ejecutivo número 1823 mediante el cual el Ecuador denuncia y da por terminado el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El Convenio fue suscrito el 15 de enero de 1986, durante el gobierno del fallecido León Febres Cordero, líder de ideológico de la derecha más reaccionaria del Ecuador y cuyo gobierno pasará a la memoria por ser uno de los más represivos de la historia de este país. El actual mandatario ecuatoriano firmó el decreto justo un mes después de que la Comisión Legislativa y de Fiscalización –el poder legislativo- se pronunciara a favor de esa solicitud planteada por el gobierno. La denuncia de ese tratado se fundamenta en el artículo 422 de la Constitución (aprobada por plebiscito popular el pasado 28 de septiembre), en la cual se dispone que “no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. Esto significa que el Ecuador desde el día de hoy no se someterá al arbitraje del CIADI por las controversias jurídicas que se registren en los contratos firmados con entidades privadas internacionales. ¿Qué es el CIADI?

El CIADI es una institución arbitral privada del Banco Mundial con sede en Washington, creada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Su fundamentación principal es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales. El CIADI se fundó como consecuencia del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, que entró en vigor el 14 de octubre de 1966, y está financiado por el propio Banco Mundial. Entre sus funciones se establece como principal, que el CIADI facilitará la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados contratantes y nacionales de otros Estados contratantes, en un procedimiento de conciliación y arbitraje. En realidad su objetivo es tutelar y proteger los intereses de las corporaciones internacionales, en caso de controversias, conflictos, disputas, “entre inversores particulares (multinacionales) y Estados. Adicionalmente, el CIADI realiza estudios académicos sobre legislación de arbitraje y elabora publicaciones sobre el arreglo de diferencias respecto de las inversiones internacionales. Su Secretario General, en la actualidad, desde marzo de este año, la canadiense Meg Kinnear (antes de su nombramiento ejercía como directora general del Trade Law Bureau de Canadá), se encarga de nombrar árbitros a pedido de las partes para establecer procedimientos de arbitraje ad-hoc, especialmente en el contexto de las reglas de arbitraje de la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). En la segunda mitad del siglo pasado, las empresas transnacionales han aumentado su poder mediante normas e instituciones especialmente diseñadas para dotarles de protección generalizada a los inversores privados extranjeros. Estas polémicas protecciones han sido promovidas por el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, las mismas que se convierten en norma a través de los tratados bilaterales de inversiones (TBI) y se hacen cumplir a través de tribunales de arbitraje internacionales, como es este CIADI. Bajo la lógica de la seguridad jurídica a las inversiones, lo que subyace en el CIADI es la intencionalidad clara de protección de los inversores por encima del derecho público nacional e internacional, sin garantías para los Estados, quedando desprovistos de mecanismos de impugnación como la apelación y otros recursos. El arbitraje se realiza carente del principio de justicia, no son órganos judiciales, significa la privatización de la justicia donde una parte tiene doble calidad es juez y parte, lo que viene a significar una dependencia y una subordinación jurídica de los derechos de los Estados en paneles privados de arbitraje. El CIADI dotó a las compañías transnacionales –llamados inversionistas- con de un organismo internacional que ayuda a proteger su rentabilidad en el extranjero. No es un organismo independiente, dado que es parte del Grupo del Banco Mundial, del cual recibe su financiación, y por más que los países suscritos a esta institución logren construir argumentos a su favor, el fallo del CIADI siempre está determinado de una carga ideológica a favor de los inversionistas. Este fue el leit motiv de su creación y también de su actual existencia. Los casos dirimidos en el CIADI carecen de imparcialidad jurídica, es hecho se cae por su propio peso simplemente analizando la conformación de los tribunales que se organizan en sus causas: cada parte nombra un árbitro, pero quien nombra el árbitro dirimente siempre es el Presidente del Banco Mundial en coordinación con el Secretario General del CIADI. Si observamos una panorámica del plano internacional, encontramos que solo a finales de 2007, el total de controversias internacionales en materia de inversiones había alcanzado un total de 293, de las cuales 187 se sometieron al CIADI. Dichos casos involucraban al menos a 73 gobiernos, siendo 44 de ellos pertenecientes al grupo de los países en desarrollo, de los cuales 78% se amparan en supuestos incumplimientos de obligaciones de acuerdos bilaterales de inversión (TBIs), de los que hablaremos posteriormente.

Antecedentes históricos

Fue la agresión llevada a cabo por Inglaterra, Alemania e Italia contra Venezuela (1) para dirimir con Estados Unidos las áreas de influencia en territorios americanos, escudada en el cobro compulsivo de deudas morosas y el reconocimientos de reclamaciones pendientes, a pesar de que sobre estas últimas el gobierno venezolano mantenía objeciones doctrinarias sustentadas en principios del derecho internacional, lo que dio pie a dos doctrinas que en la región fueron el punto de partida de una tradición jurídica regional de defensa a ultranza de las prerrogativas territoriales del Estado nacional en materia de inversiones hasta la década de los ochenta. Doctrina Drago. La llegada a Buenos Aires de la noticia de la intervención europea en Venezuela generó una preocupación generalizada tanto en las esferas de poder como entre la ciudadanía. A los ojos de importantes sectores de la europeizada élite argentina, la injerencia de las potencias europeas fue percibida como una amenaza a la región. En el Congreso, la intervención de Gran Bretaña, Alemania e Italia en Venezuela generó la división en dos grupos: el de aquellos sectores partidarios de efectuar una declaración de solidaridad sudamericana y el de los proclives a no adoptar ninguna medida que pudiera generar tensiones en los lucrativos vínculos argentinos con Europa.

En esas circunstancias, Luis María Drago, ministro de relaciones exteriores argentino entre agosto de 1902 y julio de 1903, preparó una nota, protestando por los sucesos de Venezuela, con fecha 29 de diciembre de 1902 y dirigida al embajador argentino en Washington, Martín García Merou, para que éste la presentara al gobierno norteamericano. La nota incluyó lo que más tarde se dio en llamar la Doctrina Drago. El argumento central de esta doctrina sostiene que “la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea (2) “. Doctrina Calvo. Doctrina surgida de los trabajos del jurista argentino Carlos Calvo, según la cual, cualquiera que viva en un país extranjero debe solucionar sus conflictos en los tribunales nacionales de ese país. Sin embargo la posición de los países latinoamericanos cambian en los años ochenta, en una América Latina que sufría la “Operación Condor”, las dictaduras militares, los desaparecidos y las violaciones de derechos humanos, dándose paralelamente un clima de debilidad de la soberanía nacional, y en este sentido la aceptación de los arbitrajes del Banco Mundial. Elementos como la acumulación de deuda externa, los planes de ajuste estructural provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consenso de Washington, vinieron a significar liberalización de mercados, flexibilización laboral y privatización de las empresas y sectores públicos. Los años setenta fueron una época de fuerte presión por parte de las políticas más voraces del neoliberalismo, con fuertes injerencias y chantajes políticos y económicos provenientes del FMI, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y por otro una complicidad de los gobiernos latinoamericanos, gran parte de ellos manchados de sangre y todos inmersos en la corrupción. La aceptación del sometimiento a los organismos internacionales de crédito generaron una domesticación de las élites gobernantes latinoamericanas y el efecto de “obediencia debida financiera”, condenando al mismo tiempo el desarrollo de la “América morena”. La llamada “santidad de los contratos” como un verdadero dogma de fe, a favor de las cada vez más poderosas empresas multinacionales, forman parte del menú para la aprobación de todos estos contratos, tratados y convenios, que han tenido como finalidad la “estimulación” para el desembarco de los inversores en las economías latinoamericanas, los cuales llegaban como supuestos “salvadores”, que como se ha podido ver inmediatamente, nunca salvaron nada, pero dejaron economías de “mercados” abiertos, desregulados y defensas las nacionales legales desactivadas. En ese contexto, la tradicional defensa de la soberanía latinoamericana frente al arbitraje internacional comenzó a debilitarse, y a mediados de la década de los 80 y en la de los 90, los gobiernos del continente van aceptando entre otras condiciones de las instituciones de Bretton Woods, las condiciones del CIADI. Los gobernantes latinoamericanos, más preocupados en dar buenas señales a los inversores y a los organismos internacionales de crédito, se olvidan de sus ciudadanos, de la soberanía de sus pueblos, de sus responsabilidades constitucionales, comprometiéndose a través de tratados de sometimiento carentes de garantías de ninguna clase, a las voluntades del capital extranjero, llegando incluso a privatizar la justicia. La consecuencia fue que hoy, muchos países latinoamericanos son víctimas de estos procesos estructurales de injusticia económica. ¿Qué son los TBIs? Son acuerdos o contratos firmados para la protección de los inversores nacionales de uno de los países signatarios en relación a las inversiones en el territorio del otro país signatario. Por lo tanto, la violación a lo acordado en el tratado es considerado como una violación al derecho internacional (en virtud del principio pacta sunt servanda), como consecuencia, los conflictos de inversión están doblemente protegidos, tanto por las normas del derecho internacional, cuanto por los acuerdos establecidos en este tipo de Tratados. En este sentido, los TBIs son los mecanismos por medio de los cuales se determinan las reglas aplicables, sus alcances y el proceso, y en muchos casos se amplían las normas contempladas tanto a nivel nacional como internacionales. Los TBIs protegen las inversiones, el problema está en la definición y alcance de este término, ya que para muchos inversionistas de países “desarrollados”, todas las actividades que desempeñan en los países en vías de desarrollo, son concebidas como inversión, y por tanto gozan de esta protección que les favorece frente al perjuicio que se causa en muchos casos al Estado. También existe un debate sobre el tema de la “propiedad intelectual” como materia que estaría concebida como inversión, por lo que a través de un TBI se podría favorecer los intereses que en este ámbito tienen las grandes empresas transnacionales en contra de los legítimos intereses de los Estados. Sin embargo, no hay una “norma internacional” con relación a la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) considerados como inversiones que pueda ser invocada en el contexto de las obligaciones bilaterales para cumplir con “las normas internacionales más exigentes” impuestas en algunos acuerdos de inversión. Pero los TBIs y los capítulos de libre comercio de los acuerdos de inversión van más allá de las normas internacionales en la medida que amplían los derechos de propiedad intelectual no abarcados en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC e incorporan el principio de “trato nacional” sin las excepciones estipuladas en los tratados internacionales. Los TBIs son acuerdos entre dos países con el objeto de proteger a los inversores de uno de los países que invierte en el otro país signatario. Sin embargo, son las empresas e inversionistas de uno de los países, los que acogiéndose al TBI que tiene firmado su país con el otro, directamente demandan al Estado que supuestamente violó dicho TBI. La duración de los TBI representan una limitación y una violación a la independencia y soberanía de los Estados, ya que en los mismos las partes estipulan la duración que tendrá dicho tratado, pero adicionalmente se contempla una clausula de “prorroga” en virtud de lo cual un tratado subsiste luego de la denuncia realizada por una de las partes, en el plazo estipulado, generalmente en 10, 15 o 20 años. En este lapso –entre la denuncia y el fin de la jurisdicción del CIADI- un Estado puede ser requerido para un proceso arbitral, y el mismo se llevará a cabo a pesar de que con anterioridad el Estado haya denunciado dicho tratado. En resumen, las principales características de los convenios es que incorporan una definición amplia de inversiones y su remisión a su legislación interna; se establecen incentivos y garantías generales especialmente en materia tributaria, sobre expropiación y compensaciones, se ajustan a modelos liberales; se establece la libre transferencia de recursos; sobre solución de controversias, se adopta el procedimiento arbitral previsto por el CIADI, así como un mecanismo ad-hoc por acuerdo entre las partes. En este contexto Ecuador ha suscrito y ratificado 26 TBIs, 10 de los cuales son con países de Europa, 1 con Asia, 2 con América del Norte, 6 con América del Sur, y otros 6 con Centroamérica. Todos ellos fueron suscritos antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, y el presidente Correa ya ha manifestado públicamente su voluntad de denunciarlos todos (9 de ellos ya fueron denunciados y los otros 17 lo serán próximamente) de igual manera que lo está haciendo con el CIADI.

Ecuador en el CIADI

En este momento Ecuador enfrenta 8 demandas ante el CIADI, 5 de ellas se amparan en el incumplimiento de obligaciones de TBIs con Estados Unidos, 1 en el TBI firmado con Francia, y 1 en el TBI firmado con el Estado español. Las empresas multinacionales involucradas son: MCI Power Group L.C. and New Turbine Inc., Noble Energy Inc. and Machala-Power Cia Ltd., Occidental Petroleum corporation and Occidental Exploration and Production Company, Murphy Exploration and Production Company, Burlington resources Inc. and others, Perenco y Repsol YPF SA. Países latinoamericanos con demandas en el CIADI. Brasil es el único país integrante del MERCOSUR que no se adhirió al CIADI. Argentina firmó el convenio en mayo de 1991; Paraguay firmó en julio de 1981; Uruguay se adhirió en mayo de 1992. En el resto de países de América del Sur, el convenio del CIADI entró en vigencia en octubre de 1991 en Chile, en septiembre de 1993 en Perú, en junio y julio de 1995 en Venezuela y Bolivia respectivamente y en agosto de 1997 en Colombia. El convenio del CIADI permite a los Estados retirarse de este tribunal de arbitraje, mediante el artículo 71 del convenio, que establece que la denunciación producirá efecto seis meses después de recibida la notificación de denuncia y no afecta a los arbitrajes cuyo “consentimiento” haya sido otorgado antes de dicha notificación. Todo intento de dar consentimiento por parte de un inversor, luego de la notificación de denuncia, sería estéril. Hasta la fecha, los países latinoamericanos y caribeños enfrentan 59 casos pendientes en el tribunal del CIADI, siendo Argentina, con 31 demandas pendientes de arbitraje (20% de las demandas a nivel mundial y 70% de las demandas a nivel regional), el país latinoamericano más denunciado ante este organismo internacional. Mayoritariamente las demandas corresponden a sectores de actividad vinculados con los recursos naturales, basados tanto en la explotación de petróleo, gas y minería como en la elaboración de alimentos; y también con el sector de servicios, en la generación provisional de electricidad de agua potable.

El antecedente boliviano

Actualmente Bolivia enfrenta dos procesos de arbitraje con empresas transnacionales en el CIADI: Eurotelecom Internacional (ETI) y Quiborax. El monto demandado por la segunda empresa es de 40 millones de dólares. El caso de ETI, por Entel, el arbitraje está detenido este años. Bolivia firmó el convenio del CIADI el 3 de mayo de 1991 y lo ratificó a través de la Ley 1593, el 12 de agosto de 1994. El acuerdo entró en vigor el 23 de julio de 1995 y el gobierno de Evo Morales lo denunció y renunció el 29 de abril de 2007. Los argumentos anti CIADI planteados por Bolivia dos años atrás fueron: los fallos del CIADI son definitivos, no cabe recurso de apelación; no son neutrales, de 232 casos sentenciados hasta aquella fecha, 230 fueron a favor de las empresas y contra los Estados; la injerencia del CIADI contradice la Constitución política del Estado de Bolivia (artículo 135) y el Tribunal constitucional ya lo declaró incompetente; el organismo sólo presentarían demandan las empresas; sus metodologías serían arbitrarias y poco claras; no acepta audiencias con peticionarios externos, se reuniría a puertas cerradas; la defensa de los Estados en esta instancia resulta ser muy costosa, dada la necesidad de contratar abogados en los Estados Unidos. Como se verá, estamos hablando de los mismos conceptos que el Ecuador expone hoy para denunciar su convenio con el CIADI. En el marco de UNASUR y en la agenda de la presidencia Pro Tempore de Rafael Correa, que entrará en vigor el próximo 10 de agosto, la creación de un organismo regional que sustituya para los países latinoamericanos el papel del CIADI ha pasado a ser una prioridad.

Notas:
(1) El 9 de diciembre de 1902, 15 unidades de la armada inglesa y alemana actuando en operación conjunta atacaron el puerto de La Guaira. Desembarcaron tropas en los muelles, de los cuales se apoderaron; a las 12 de la noche fuerzas alemanas atravesaron la ciudad para conducir sus representantes diplomáticos a la flota y así ponerlos a salvo de una eventual represalia venezolana; a las 5:00 a.m. del día 10 los ingleses harían lo mismo, trasladando además a varios connacionales que exigían protección. La pequeña flota de guerra venezolana no opuso ninguna resistencia al no estar a la altura de las circunstancias. Entre los días 12 y 13 siguientes, una expedición inglesa tomó por asalto el castillo Libertador y el fortín Solano de Puerto Cabello después de bombardearlos con extrema precisión destruyendo sus cañones. Pocos días después, al grupo anglo-germano se unieron dos buques de la armada italiana para servir a la expedición en tareas de acompañamiento logístico. También se unieron Holanda, Bélgica, España y México. El 22 de diciembre en Puerto Cabello empezó el 22 de diciembre y el 24 de diciembre en Maracaibo, las fuerzas europeas comienzan un fuerte bloqueo. Todos estos actos de violencia se produjeron sin una previa declaración de guerra emitida por alguna de las partes y sin que mediaran ofensas venezolanas a los agresores, que supusieran la necesidad de una respuesta tan drástica como la que constituyeron los actos mencionados. Debido al apoyo norteamericano hacia los agresores europeos, el dictador venezolano Cipriano Castro (1899-1908) optó por aceptar las condiciones de los últimos el 1º de enero de 1903. El 13 de febrero, Castro reconoció a través del protocolo de Washington la justicia de los reclamos europeos, pagando algunas deudas de inmediato y otras a través de comisiones, estableciéndose en garantía hasta el 30 % del ingreso de las aduanas de La Guayra y Puerto Cabello, lo que fue percibido por agentes belgas.
(2) G. Ferrari, op. cit., p. 63. Ver también Alberto Conil Paz, Historia de la Doctrina Drago, Buenos Aires, 1975, y Carlos Alberto Silva, La política internacional de la Nación Argentina, Buenos Aires, Imprenta de la Cámara de Diputados, 1946, pp. 492-517.

Dotan 200 mil hectáreas de tierras fiscales en Pando en benficio de 2500 familias

Más de 2.500 familias provenientes del trópico boliviano recibirán dotaciones comunitarias de un aproximado de 200 mil hectáreas de tierras fiscales en el departamento de Pando.
El departamento de Pando fue declarado primer territorio saneado de Bolivia el 2 de agosto de 2008 en la gestión del Presidente Evo Morales, con una superficie total de 6.308.625 hectáreas.

Se regularizó y perfeccionó el derecho de propiedad de 2,6 millones de hectáreas en beneficio de 1.175 propietarios individuales y 159 comunidades campesinas e indígenas. Se titularon las TCO’s Multiétnico II y Yaminahua.

Se tiene previsto respetar y consolidar concesiones forestales del sector productivo empresarial (usuarios tradicionales, barraqueros) en una superficie menor a 1 millón de hectáreas.

En el saneamiento se identificaron un millón y medio de hectáreas de tierra fiscal, de las cuales 700 mil están en proceso de dotación a nuevas comunidades campesinas pandinas y zafreros del Beni.

De las otras 750 mil hectáreas de tierras fiscales de libre disponibilidad, 200 mil hectáreas se destinan a un programa de asentamientos comunitarios iniciado hace tres años en beneficio de 2.500 familias.

El viceministro de Tierras Alejandro Almaraz informó que los nuevos asentamientos comunitarios contarán con vías de acceso, infraestructura social, agua y saneamiento básico, iniciativas productivas, atención en salud, medios de comunicación y otros.

El proyecto productivo para el aprovechamiento forestal de recolección sostenible y no maderable establece que las nuevas comunidades usarán el suelo de la siguiente manera:

- El 87,5% de la tierra se destinará al aprovechamiento comunitario del bosque que comprende la recolección de castaña, goma, majo, asaí y madera para uso familiar.

- En el 10% de la superficie se desarrollará agroforesteria comunitaria con plantaciones de plátano, cayú, cacao y café y otros productos en barbechos y zonas de recuperación del bosque.

- El 2,25% se destinará a módulos integrales de agropecuaria y forestería familiar con cultivos como frejol, maiz, arroz, yuca y otros.

- El 0,2% se usará en áreas de equipamiento: viviendas, infraestructura social-comunal, piscicultura y otras.

Se informó que inicialmente las familias se dedicarán a la recolección de castaña. El gobierno ha previsto ampliar la demanda a nivel nacional incluyendo el producto en el subsidio de lactancia materna y desayuno escolar.

¿Plan electoral?

Algunos medios de comunicación y políticos de la oposición denuncian que el programa de asentamientos humanos impulsado por el gobierno tiene objetivos electorales.

Según los denunciantes, el gobierno traslada gente a Pando con el objetivo de mejorar la votación del MAS en las elecciones generales.

El senador de Podemos Roger Pinto criticó la “pasividad” de la Corte Nacional Electoral (CNE) porque no se pronuncia sobre el traslado de gente en época electoral, que en su criterio es “un delito”.

Según Pinto, el gobierno pretende trasladar 4.700 familias al departamento de Pando; “si este no es un cohecho electoral… yo debo ser Napoleón”.

El viceministro Almaraz aseguró que el programa de asentamientos humanos se desarrolla desde hace tres años con participación activa del campesinado pandino y de manera pacífica, concertada y libre de conflictos.

La autoridad dijo que el avance del plan de redistribución de tierras no puede subordinarse a la temperatura electoral en el país ni mucho menos a las susceptibilidades de la oposición política.

Sri Lanka conflict (REUTERS)

ASIA’S LONGEST MODERN WAR


Tamil residents flee Palai village for a safe area in Kilinochchi, 2006.<br> REUTERS/Anuruddha Lokuhapuarachchi
Tamil residents flee Palai village for a safe area in Kilinochchi, 2006.
REUTERS/Anuruddha Lokuhapuarachchi

More than 70,000 people have been killed in a quarter century of conflict between government troops and Tamil Tiger rebels fighting for a separate homeland.

  • Hundreds of thousands uprooted
  • Thousands of child soldiers
  • At least 1 million mines laidThe military declared victory over the rebels in May 2009, putting the entire island nation under government control for the first time since 1983.Asia’s longest modern war has its roots in ethnic tension between the Buddhist Sinhalese majority and the mainly Hindu Tamil minority who accuse the government of discrimination.The fighting pitted government troops against Tamil Tiger rebels demanding an independent state in the north and east of the island.Hundreds of thousands of Sri Lankans have been displaced across the island due to the war. Some were uprooted again during the 2004 Indian Ocean tsunami.Landmines and explosive debris have left large areas uninhabitable. The fighting has also laid waste to agricultural land, contributing to child malnutrition. The use of child soldiers, some as young as nine, by both sides in the conflict has added to the tragedy.A ceasefire was agreed in 2002 and the rebels dropped their demand for an independent state, settling for regional autonomy. But violence surged at the end of 2005 and the Tigers reverted to their original demand for all-out independence.A relentless military offensive has since retaken the 15,000 sq km the rebels ran as a separate state in the north and east.Tens of thousands of civilians who were until recently trapped between troops and rebels in the final war zone in the northeast of the island are now living in government-run camps where aid agencies are helping to feed and shelter them.
  • AFRICA: South Africa recommits to peacekeeping



    Photo: UN/IRIN
    SANDF peacekeepers in Burundi.

    JOHANNESBURG, 10 July 2009 (IRIN) – South Africa has renewed its commitment to United Nations and African Union peacekeeping missions, announcing the continued deployment of troops in the Democratic Republic of Congo (DRC), Sudan, Uganda and Nepal.

    “These are all ongoing missions” in fulfilment of international obligations, Henri Boshoff, military analyst at the Institute for Security Studies, a South Africa-based think-tank, told IRIN.

    Despite being hard pressed to maintain adequate troop strength, training and equipment, the South African National Defence Force (SANDF) would continue to assist integration, training and capacity building efforts in the DRC Defence Force, and some 1,140 troops would continue to be deployed to MONUC, the UN mission to the DRC.

    Some 850 troops would continue supporting the UN/AU operation in Sudan, a small group would be deployed to the AU Observer Mission in Uganda, and a single observer would participate in a UN mission in Nepal.

    What is to happen to the 1,100 SANDF soldiers about to be pulled out of Burundi remains unclear. “There is a lot of pressure to move them to the DRC,” Boshoff said.

    Syria: Disclose Fate of Detainees

    One Year After Prisoners Died During Unrest, No News of at Least 1,500
    JULY 4, 2009

    “A whole year has passed, and yet no one knows what has happened to these people…The Syrian government should end the anguish of the prisoners’ families, disclose the names of those injured or killed, and immediately grant them access to their loved ones.”

    Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director

    (New York) – Syrian authorities should immediately make public the fate of all detainees at Sednaya prison, at least nine of whom are believed to have been killed when military police used lethal force during unrest in the prison last July, Human Rights Watch said today. Syria should also free those who have finished serving their sentences, Human Rights Watch said.

    The government has not provided the families of detainees or the public with any information regarding the events at Sednaya or the names of those injured or killed, and it has prevented any contact between the prisoners in Sednaya and their families since that incident. Human Rights Watch urged foreign diplomats visiting Damascus to ask President Bashar al-Asad about the inmates’ fate.

    “A whole year has passed, and yet no one knows what has happened to these people,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “The Syrian government should end the anguish of the prisoners’ families, disclose the names of those injured or killed, and immediately grant them access to their loved ones.”

    Prison authorities and military police used firearms to quell a riot that began on July 5, 2008 at Sednaya prison, about 30 kilometers north of Damascus. Human Rights Watch obtained the names of nine inmates who are believed to have been killed in a standoff between the prisoners and authorities that reportedly lasted for many days. Syrian human rights organizations have reported that the number of inmates who were killed may be as high as 25. One member of the military police was also confirmed dead.

    The government has not released any information about the action its forces took against the prisoners or any investigation it may have begun about the violence at the prison. However, the government has imposed a communication ban on the prisoners, who have not been able to contact their family members since the violent episode a year ago.

    Since that time, the Syrian authorities also have refused to release prisoners from Sednaya who have finished serving their sentences. Human Rights Watch has obtained the names of at least 25 prisoners who have completed their sentences since the deadly attack but who apparently remain imprisoned. They include Nizar Rastanawi, a prominent human rights activist whom the State Security Court had sentenced to a four-year term on charges of “spreading false news” and “insulting the President of the Republic” after a member of the security services testified that he overheard a conversation Rastanawi was having. Rastanawi completed his sentence on April 18, 2009, but the government has not released him. His family has been unable to obtain any information about him and is extremely concerned for his safety.

    Families of detainees in Sednaya have issued at least two appeals to President Bashar al-Asad for information, but received no answer. On October 10, 2008, 17 mothers of Sednaya detainees from the town of Qatana publicly appealed to the president to provide information about their sons and to allow them to visit, after several failed attempts to obtain information from the Ministry of Justice. In their appeal, they noted that they had “learned about the burial of bodies in Qatana at night,” and that they were concerned that these may have been the bodies of their children.

    In May 2009, the families of seven young inmates whom the state security court sentenced to prison terms in 2007 for developing an online youth discussion group and publishing articles critical of the Syrian authorities also sent a letter to the Syrian president but received no answer.

    “Ignoring these pleas for basic information is cruel and inhumane,” said Whitson. “Not only does President al-Asad fail to show respect for the rights of Syrian citizens, he fails to show mercy to Syrian mothers and fathers trapped in a nightmare of mystery about the fate of their children.”

    A brother of a detainee held in Sednaya since January 2007, who asked that his name be withheld for fear that it would cause harm to his brother, expressed his pain and frustration to Human Rights Watch: “There is no information whatsoever. My brother was on trial at the State Security Court, but we have not heard anything since the events in Sednaya. We want to know what happened to him. Is he still alive or dead? My father keeps asking me to go inquire about my brother. But who do I turn to?”

    Background

    Sednaya prison is under the control of Syrian military forces. The government holds pretrial detainees there, sometimes for years, under the jurisdiction of three separate branches of Syria’s security apparatus – Military Intelligence, Air Force Intelligence, and State Security. The prison is also used for people sentenced by the State Security Court, a special court that does not meet international fair trial standards. Human Rights Watch has documented ill-treatment and torture of detainees upon arrival at Sednaya. Estimates of the number of inmates in Sednaya vary. One inmate who finished his sentence in 2007 estimated it to be around 1,500. Syrian human rights groups believe that the number has increased since then.

    Since the riot in July 2008, there have been other reports of violence at the prison. In December 2008, Human Rights Watch received reports that prison guards had used deadly force there again. A resident of the town of Sednaya told Human Rights Watch that on December 6, he heard gunshots from the prison for 30 minutes and later saw considerable smoke coming from the middle of the prison. Two weeks later, on December 18, a Syrian human rights activist told Human Rights Watch that he had received information about violence in the prison that day, and that ambulances were sent there, but he did not have further details. Another activist told Human Rights Watch that he received new reports of incidents at Sednaya on December 27 and 31, and that a fire on December 31 had destroyed part of a wall of an interior building. Human Rights Watch was unable to confirm these reports independently.

    International human rights law, including the International Covenant on Civil and Political Rights ratified by Syria, prohibits arbitrary detention, which includes holding persons beyond the expiration of their sentences and requires all persons who have been arbitrarily detained to be compensated. The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners require that prisoners be able to communicate with the outside world at “regular intervals.” These UN rules also require the use of force only when absolutely necessary and that relatives must be informed immediately on the death of any prisoner.

    Saudi Arabia: Women’s Rights Promises Broken

    Evidence Shows Male Permission Still Being Required for Surgery, Travel
    JULY 8, 2009

    “The Saudi government is saying one thing to the Human Rights Council in Geneva but doing another thing inside the kingdom…It needs to stop requiring adult women to seek permission from men, not just pretend to stop it.”

    Sarah Leah Whitson, Middle East director

    (New York) – Saudi officials continue to require women to obtain permission from male guardians to conduct their most basic affairs, like traveling or receiving medical care, despite government assertions that no such requirements exist, Human Rights Watch said today. The government made its assertions most recently in June 2009, to the UN Human Rights Council in Geneva.

    Saudi Al-Watan newspaper reported on July 2 that Saudi doctors have confirmed that Health Ministry regulations still require a woman to obtain permission from her male guardian to undergo elective surgery. In late June, Saudi border guards at the Bahrain crossing refused to allow the renowned women’s rights activist Wajeha al-Huwaider to leave the country because she did not have her guardian’s permission, al-Huwaider told Human Rights Watch.

    “The Saudi government is saying one thing to the Human Rights Council in Geneva but doing another thing inside the kingdom,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “It needs to stop requiring adult women to seek permission from men, not just pretend to stop it.”

    Human Rights Watch documented in an April 2008 report, Perpetual Minors, the impact of the “guardianship” system, which requires Saudi women to obtain permission from male guardians before they can carry out a host of day-to-day activities, such as education, employment, travel, opening a bank account, or receiving medical care. The report demonstrated the negative consequences for women whose guardians – fathers, husbands, brothers or male children – refused to give such permission. Similarly, the Al-Watan article pointed out the dire situation of women living in discord with husbands who refuse to grant them a divorce.

    The government itself has repeatedly denied the existence of such guardianship requirements under Islamic law. Most recently, at its review before the UN Human Rights Council in June, Saudi Arabiastated that any purported Shari’a concept of male guardianship over women is not a legal requirement in the kingdom, and that “Islam guarantees a woman’s right to conduct her affairs and enjoy her legal capacity.” The Health Ministry specifically denied any requirement for a guardian’s permission for women seeking surgery, in response both to Human Rights Watch in March 2008 and, again, to Al-Watan in July 2009.

    Evidence obtained by Human Rights Watch and Al-Watan indicates that such permission is a requirement, however. For its 2008 report, Human Rights Watch spoke to four physicians and two women who confirmed the need for a guardian’s permission. A clinical psychologist told Human Rights Watch, “If a [pregnant] woman comes in to the hospital with a guardian, then she can leave with anyone, even the driver. If she comes in without a guardian, it becomes a “police case,” and she’ll need a guardian to come to the hospital in order for her to get discharged. She stays here if no one picks her up.” The Al-Watan article cited four doctors, including surgeons, who confirmed the requirement of a male guardian’s consent for a woman to undergo surgery.

    “Saudi Arabia continues to treat women as perpetual minors by refusing to allow them to make decisions about their own health,” said Whitson. “In Saudi Arabia, men get to decide how healthy a woman can be.”

    It appears that the government also continues to insist that Saudi women obtain a male guardian’s permission to travel. Al-Huwaider tested the government’s assertion at the Human Rights Council that guardianship was not a legal requirement by travelling to the Saudi-Bahraini border on three separate occasions, on June 25, 26, and 27, without the traditional guardian approval document. However, border guards turned her back each time and prevented her from leaving the kingdom because, they explained, she had no permission from her guardian, Huwaider told Human Rights Watch.

    Through its ratification of the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in 2001, Saudi Arabia assumed the obligation to take action to end discrimination against women in all its forms. The convention obliges Saudi Arabia “to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women,” including “any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women … of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”

    Article 12 of the convention obliges states to “take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning.” Article 15(4) obliges states to “accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.”

    Honduras: Pruebas sugieren que soldados dispararon contra personas indefensas

    El gobierno de facto debería permitir que la Comisión Interamericana investigue
    JULY 8, 2009

    La evidencia que hemos visto sugiere que los soldados dispararon a manifestantes que no llevaban armas. Dado que hubo una víctima fatal, el gobierno de facto tiene la obligación de asegurar que se lleve a cabo una investigación independiente en vez de negar toda responsabilidad.

    José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch

    Human Rights Watch obtuvo evidencia que sugiere que soldados hondureños habrían usado fuerza excesiva contra manifestantes que apoyan al depuesto presidente Manuel Zelaya afuera del aeropuerto de Tegucigalpa el 5 de julio de 2009, señaló hoy Human Rights Watch. Al menos un adolescente murió y, según se ha informado, más de 10 personas habrían resultado heridas durante el enfrentamiento entre soldados y manifestantes. Aún no se ha confirmado información según la cual una segunda persona habría fallecido.

    Funcionarios hondureños sostuvieron públicamente que el Ejército no era responsable por la muerte y los heridos. Sin embargo, de acuerdo con testigos, así como fotografías y videos tomados durante el enfrentamiento, los soldados habrían disparado con armas de fuego cargadas con municiones contra manifestantes que no habrían estado armados.

    “La evidencia que hemos visto sugiere que los soldados dispararon a manifestantes que no llevaban armas”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Dado que hubo una víctima fatal, el gobierno de facto tiene la obligación de asegurar que se lleve a cabo una investigación independiente en vez de negar toda responsabilidad”.

    El 6 de julio, el canciller del gobierno de facto dijo que “no hay ninguna responsabilidad” por parte de las fuerzas de seguridad y expresó que las dos supuestas muertes fueron causadas por disparos de los manifestantes. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que el Ejército solo había utilizado balas de goma para dispersar a la multitud.

    Human Rights Watch señaló que estas declaraciones son incompatibles con la evidencia que ha revisado. Dos periodistas extranjeros (un fotógrafo y un camarógrafo) informaron a Human Rights Watch que no vieron que los manifestantes llevaran armas mortales cuando se inició el enfrentamiento, aunque uno de los testigos dijo que algunos de los manifestantes habían comenzado a arrojar piedras a los soldados desde cierta distancia. Algunos de los soldados empezaron a disparar después de que los manifestantes comenzaran a desmantelar un cerco (uno de los testigos expresó que se trataba del segundo cerco exterior ubicado en el perímetro de la pista de aterrizaje del aeropuerto). Los testigos informaron que, durante todo el enfrentamiento, el sonido de los disparos provino, exclusivamente, del lado de los soldados.

    Uno de los testigos expresó que vio que al menos dos soldados atravesaron el cerco y dispararon sus armas contra la multitud, hacia la gente que corría. El otro expresó que vio a un soldado que, deliberada y metódicamente, apuntaba su rifle y disparaba a los manifestantes.

    Fotos y videos tomados en la escena de los hechos respaldan los relatos de los testigos. Las imágenes muestran a los manifestantes corriendo y arrojándose detrás de paredes y de otros objetos, aparentemente, para protegerse de los disparos. (Uno de los testigos dijo que después de los disparos observó que había orificios de bala en las paredes detrás de las cuales muchos de los manifestantes habían intentado escudarse). En las imágenes se ve a otros manifestantes arrojando piedras a los soldados. En el video, el sonido de los disparos se produce en forma intermitente durante alrededor de 10 minutos. En algunas de las imágenes parece que los soldados dispararon a la multitud. También se ve el cuerpo de la víctima cuya muerte se ha confirmado, un adolescente que, según se informa, se llama Isi Obed Murillo.

    De acuerdo con varios informes de prensa, el muchacho murió como consecuencia de una herida de bala en la cabeza. El padre de la víctima estaba en la manifestación y supuestamente habría dicho que vio cómo un soldado apuntaba y disparaba a los manifestantes.

    Human Rights Watch señaló que la evidencia visual sugiere que al menos algunos soldados usaron municiones y no balas de goma. En las imágenes parece que las armas que usaban los soldados eran una mezcla de diversos tipos de M-16, que necesitan adaptadores para usar balas de goma. En las imágenes no se ven tales adaptadores. Las imágenes de casquillos dorados que los soldados dejaron después de disparar también muestran que los casquillos no tenían las puntas en forma de estrella que son distintivas de los cartuchos de fogueo y que denotarían el uso de balas de goma.

    Incluso si el Ejército sólo hubiera usado balas de goma, Human Rights Watch señaló que estas pueden ser mortales. Por ello, los estándares internacionales exigen que solo se usen en casos de defensa propia o para defender a otros contra amenazas inminentes de muerte o de sufrir heridas graves. En cualquier caso, las balas de goma no deben dispararse de cerca y, al usarlas, solo debe apuntarse hacia debajo de la cintura con el objeto de incapacitar, ya que disparos en la parte superior del cuerpo han provocado muertes. En este caso, a pesar de las piedras lanzadas, no parece haber existido una justificación adecuada para disparar balas de goma contra los manifestantes.

    Human Rights Watch expresó que serían necesarias medidas especiales para asegurar una investigación seria de los hechos a fin de determinar si los soldados efectivamente dispararon a la multitud y las causas por las cuales hubo víctimas mortales. Instó al gobierno de facto a que autorice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ingresar al país para que lleve a cabo una investigación independiente sobre este incidente y otros supuestos abusos que se habrían producido luego del golpe de Estado del 28 de junio. (La Comisión envió una solicitud formal para visitar al país el 30 de junio).

    “La Comisión Interamericana brindaría a la investigación la independencia y la credibilidad necesarias. Como consecuencia del golpe, los funcionarios del gobierno de facto simplemente carecen de estas cualidades”, expresó Vivanco.

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