En una inusual sesión de madrugada, el parlamento israelí aprobó definitivamente dos irritantes leyes racistas. Ambas están claramente dirigidas contra los ciudadanos árabes de Israel, una quinta parte de la población.La primera de ellas posibilita la anulación de la ciudadanía de las personas declaradas culpables de delitos contra la seguridad del Estado. Israel se precia de tener una gran variedad de leyes como ésta. La anulación de la ciudadanía por tales motivos es contraria al derecho internacional y a convenciones firmadas por Israel.
La segunda ley aprobada es más sofisticada. Permite a comunidades de menos de 400 familias nombrar “comités de admisión”, que pueden impedir que personas inapropiadas se incorporen a la comunidad habitacional. Muy astutamente prohíbe específicamente el rechazo de los candidatos por motivos de raza, religión, etc., pero es un párrafo engañoso. Un solicitante árabe puede ser rechazado simplemente porque tiene muchos hijos o porque no cumplió el servicio militar
La mayoría de los miembros no se molestó en presentarse para la votación. Después de todo ya era tarde y también tienen familias que atender. Quién sabe, algunos incluso pueden haberse sentido avergonzados por esa votación
Pero mucho peor es la tercera ley que se espera que pase la votación final dentro de un par de semanas: la ley que prohíbe boicotear a los asentamientos. Desde sus primeras etapas hasta el presente, el texto original en bruto de este proyecto de ley se ha refinado un poco.
Tal como está ahora, la ley castigará a cualquier persona o asociación pública que llame a un boicot de Israel, así sea económico, académico o cultural. Según esta ley, “Israel” comprende cualquier empresa o persona israelí, en Israel o en cualquier territorio controlado por Israel. En pocas palabras, se trata de los asentamientos. Y no solamente del boicot de los productos de los asentamientos, que fue iniciado por Gush Shalom hace unos 13 años, sino que se ocupa también de la reciente negativa de los actores de presentar una obra de teatro en el asentamiento de Ariel y de la convocatoria hecha por intelectuales para retirar su apoyo a los académicos del Centro Universitario de ese asentamiento. También se aplica, por supuesto, a cualquier llamada al boicot de una universidad israelí o una empresa comercial israelí.
Este es un acto defectuoso en la legislación porque es antidemocrático, discriminatorio, anexionista, e inconstitucional en su conjunto. Toda persona tiene derecho a comprar o no comprar lo que desea, de quien elija. Esto es tan obvio que no necesita confirmación. Es parte del derecho a la libre expresión garantizado por cualquier constitución que se precie, y un elemento esencial de una economía de libre mercado.
Puedo comprar en la tienda de la esquina, porque me gusta el propietario, y evitar el supermercado de enfrente que explota a sus empleados. Las empresas gastan enormes sumas de dinero para convencerme de comprar sus productos en lugar de otros.
¿Qué pasa con las campañas con motivación ideológica? Hace años, durante una visita a Nueva York, yo estaba convencido de no comprar uvas producidas en California, porque los dueños oprimían a trabajadores emigrantes mexicanos. Este boicot se prolongó durante mucho tiempo y fue -si no recuerdo mal- exitoso. Nadie se atrevió a sugerir que el boicot debería declararse ilegal.
Aquí en Israel, los rabinos de muchas comunidades regularmente pegan carteles pidiendo a sus fieles que no compren en ciertas tiendas, que creen que no son kosher, o no suficientemente kosher. Estas convocatorias son comunes. Estas publicaciones son totalmente compatibles con los derechos humanos. Ciudadanos para los que el cerdo es abominable, tienen derecho a ser informados acerca de qué tiendas venden carne de cerdo y cuáles no. Hasta donde yo sé, nadie en Israel ha impugnado este derecho.
Tarde o temprano, algunos grupos antirreligiosos publicarán convocatorias para boicotear comercios kosher, que pagan a los rabinos -algunos de ellos los más intolerantes de su especie– grandes sumas de dinero a cambio de sus certificados de kashrut. De esta manera apoyan abiertamente la institucionalidad religiosa que llama a convertir a Israel en un “Estado Halajá” -el equivalente judío de un “estado musulmán bajo la ley de la Sharia“. Los sueldos de varios miles de supervisores de Kashrut y miríadas de otros funcionarios religiosos son pagados por el público mayormente secular.
Entonces, ¿qué hay acerca de un boicot antirrabínico? No puede ser prohibido, ya religiosos y antirreligiosos tienen garantizados por igual sus derechos. Así parece que no todos los boicoteos por motivos ideológicos son erróneos. Ni tampoco los iniciadores de este proyecto de ley en particular -los racistas de la escuela Lieberman, los derechistas del Likud y los “centristas” de Kadima- reclaman esto. Para ellos, el boicot sólo es un error si se dirige contra las políticas nacionalistas y anexionistas de este gobierno.
Esto se explícita en la propia ley. Los boicoteos son ilegales si se dirigen contra el Estado de Israel y no, por ejemplo, si el Estado de Israel llama a un boicot en contra de algún otro Estado. Ningún israelí en su sano juicio condenaría con carácter retroactivo el boicot impuesto por los judíos del mundo a Alemania inmediatamente después de que los nazis llegaran al poder -un boicot que sirvió de pretexto a Josef Goebbels para desencadenar, el 1 de abril de 1933, el primer boicot nazi contra los judíos (“Deutsche wehrt euch! Kauft nicht bei Juden!”).
Tampoco ningún sionista honesto encontró erróneas las medidas de boicot aprobadas por el Congreso contra la ex Unión Soviética, bajo la intensa presión judía, con el fin de derribar las barreras a la emigración libre para los judíos. Estas medidas fueron un gran éxito.
No menos exitoso fue el boicot mundial contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, un boicot muy bien recibido por el movimiento de liberación de Sudáfrica, aunque también perjudicara a los trabajadores africanos contratados por los empresarios blancos (un argumento ahora repetido por los colonos israelíes, que explotan a trabajadores palestinos con salarios de hambre).
Así que los boicoteos políticos no están mal, siempre y cuando se dirijan contra los demás. Es la antigua “moral hotentote” de la tradición colonial, “si yo robo tu vaca, está bien. Si tú robas la mía, está mal”.
Los derechistas pueden llamar a la acción contra las organizaciones de izquierda. Los izquierdistas no pueden llamar a la acción contra las organizaciones de derecha. Es tan simple como eso.
Pero la ley no sólo es antidemocrática y discriminatoria, también es abiertamente anexionista. Mediante un simple truco semántico, y en menos de una oración, los legisladores hacen lo que sucesivos gobiernos israelíes no se atrevieron a hacer y es anexar los territorios palestinos ocupados a Israel.
O tal vez es al revés: son las colonias las que anexan a Israel. La palabra “asentamientos” no aparece en el texto. Dios no lo quiera. Como tampoco la palabra “árabes” no aparece en ninguna de las otras leyes. En cambio, el texto se limita a establecer que las llamadas al boicot de Israel, que están prohibidas por la ley, incluyen el boicot de las instituciones israelíes y las empresas en todos los territorios controlados por Israel. Esto incluye, por supuesto, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Este es el núcleo de la cuestión. Todo lo demás es enmascaramiento.
Los promotores de esta ley quieren silenciar nuestro llamado a boicotear a los asentamientos, que está cobrando impulso en todo el mundo. La ironía del asunto es que pueden lograr exactamente lo contrario.
Cuando comenzamos el boicot, nuestro objetivo declarado era trazar una línea clara entre Israel en sus fronteras reconocidas -la Línea Verde- y los asentamientos. No abogamos por un boicot del Estado de Israel que, a nuestro juicio, es el que envía un mensaje equivocado y empuja a los centristas de Israel a los brazos de la extrema derecha (“¡El mundo entero está contra nosotros!”) Un boicot de los asentamientos, creemos, ayuda a restablecer la Línea Verde y a hacer una clara distinción.
Esta ley hace exactamente lo contrario. Al borrar la línea entre el Estado de Israel y los asentamientos se cae en las manos de los que llaman a un boicot de Israel en la creencia (errónea, creo) de que un estado de apartheid unificado allanaría el camino a un futuro democrático.
Recientemente, un juez francés de Grenoble demostró la locura de esta ley. El incidente implica a la empresa israelí de exportación casi monopolista de los productos agrícolas, Agrexco. El juez sospecha que la compañía cometió fraude, ya que los productos de los asentamientos se declararon falsamente como procedentes de Israel. Bien podría ser fraude, también, porque las exportaciones de Israel a Europa tienen derecho a un trato preferencial que los productos de los asentamientos no tienen. Estos incidentes se están produciendo más y más a menudo en varios países europeos. Esta ley hará que se multipliquen.
En la versión original, los que boicotean habrían cometido un delito penal y serían multados. Eso nos causaría una gran alegría, porque nuestra negativa a pagar las multas y el posterior encarcelamiento dramatizaría la situación.
Esta cláusula se omitió. Pero cada empresa particular de los asentamientos, y de hecho cada colono que se sienta alcanzado por el boicot, puede demandar –sin límite por los daños– a cualquier grupo que llama al boicot y a cualquier persona relacionada con la llamada. Desde el momento en que los colonos están fuertemente organizados y disfrutan de fondos ilimitados de todo tipo provenientes de dueños de los casinos y de turbios comerciantes de sexo, pueden presentar miles de demandas y prácticamente paralizar el movimiento de boicot. Este es, por supuesto, el objetivo.
La lucha está lejos de terminar. Tras la promulgación de la ley apelaremos a la Corte Suprema de Justicia para que la anule, por ser contraria a los principios fundamentales y constitucionales de Israel y a los derechos humanos
Como solía decir Menajem Begin: ¡”Todavía hay jueces en Jerusalén!” ¿O no?
Fuente: http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1301161372/
Construction in West Bank settlements has resumed since the freeze expired on 26 September
