Paramilitares colombianos participan en la represión contra el pueblo hondureño.

Los miembros de un grupo de trabajo de la ONU sobre mercenarismo manifestaron en el día de ayer en Ginebra que disponían de informaciones que ubicaban a decenas de paramilitares colombianos en territorio hondureño, con la finalidad de prestar apoyo a hacendados vinculados al golpe de estado contra Manuel Zelaya, en franca violación de la Convención Internacional contra el reclutamiento, uso, financiación y entrenamiento de mercenarios, de la que Honduras es signatario.Los integrantes del grupo de Naciones Unidas, integrado por Shaista Shameem, de Fiji, Najat al-Hajjaji, de Libia, Amada Benavides de Pérez, de Colombia, José Luis Gómez del Prado, de España y Alexander Nikitin, de Rusia, alertaron a Micheletti y sus socios golpistas sobre este hecho: “Pedimos a las autoridades hondureñas que adopten todas las medidas prácticas para evitar el uso de mercenarios en su territorio y que investiguen a fondo las denuncias relativas a su presencia y actividades”.

De inmediato, el coronel que ha aparecido últimamente como vocero de los militares golpistas y represores, Ramiro Archaga, trató de desmentir las acusaciones recogidas por los investigadores de la ONU, cuando expresó a The Associated Press: “Hay muchos rumores propalados por los simpatizantes de Zelaya para causar el temor en la ciudadanía”.

La presencia de los paramilitares no es noticia nueva, ya que desde hace un mes han circulado rumores en Colombia sobre este hecho. El 24 de septiembre pasado, el diario bogotano El Tiempo denunció la existencia de un centro de reclutamiento en la finca El Japón, en Magdalena Medio, al que asistieron centenares de estos paramilitares desmovilizados, muchos de los cuales usaron el reclutamiento para escapar de la persecución de las autoridades colombianas y de la DEA norteamericana por sus vínculos con el narcotráfico, con la promesa de recibir cerca de 750 dólares mensuales, alojamiento y alimentación. La hacienda El Japón fue supuestamente decomisada por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) al narcotraficante Jairo Correa Álzate, pero es usada para estos fines con la complicidad de las autoridades colombianas, quienes se han hecho los ciegos ante la presencia de decenas de paramilitares en esta finca o no han podido dar una explicación creíble sobre estos hechos.

Lo cierto es que ni el Departamento de Lucha contra Bandas Criminales (BACRIM), ni el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) , ni autoridad colombiana alguna, dijeron tener certeza alguna sobre el reclutamiento de paras en Colombia para ser enviados a Honduras. Tampoco el embajador hondureño Hernán Bermúdez, quien representa al ilegítimo gobierno de Micheletti, parece tener información al respecto. No obstante, las organizaciones hondureñas Frente de Resistencia Popular contra el Golpe y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras han denunciado en los últimos días la participación de 120 paras colombianos en la represión al pueblo en San Pedro Sula y Santa Bárbara. Lo cierto es que la presencia de los miembros de las Autodefensas Armadas de Colombia en Honduras puede estar dirigida no solo a la represión contra el pueblo de esa nación, a la protección de las grandes haciendas de los terratenientes vinculados a los golpistas, sino también a construir y proteger aeropuertos clandestinos destinados al narcotráfico, ya que Honduras es usado reiteradamente como uno de los puntos de tránsito de la droga colombiana con destino a Estados Unidos.

La historia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) las vincula desde su fundación en 1997 como un grupo paramilitar de ultraderecha, financiado por grandes terratenientes y narcotraficantes colombianos, que actuaba ilegalmente contra el movimiento guerrillero de ese país, así como contra personas de izquierda o vinculadas a la denuncia del narcotráfico. Los recursos financieros con los que operaban los paramilitares tenían su origen en actividades delictivas como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el contrabando de armas, así como aportaciones de empresas extranjeras y políticos colombianos.

Señores del terror, los miembros de las AUC han sido acusados de realizar abominables masacres y asesinatos selectivos contra la población civil, guerrilleros y personas progresistas. Informaciones sumamente confiables los responsabilizan con más de tres mil masacres, 15 000 asesinatos y el robo forzoso de miles de hectáreas de tierra al campesinado de la zona en la que han operado.

Durante su criminal actividad las AUC han sido dirigidas por su fundador, asesinado por sus propios cómplices, Carlos Castaño Gil, así como por Salvatore Mancuso (Santander Lozada), Iván Roberto Duque Gaviria (Ernesto Báez) y Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40).

Aunque en el año 2003 sus cabecillas se acogieron a un acuerdo de desmovilización con el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que propiciaron la desmovilización de casi 30.000 de sus miembros, aún se mantienen en abierta actividad. Algunos de los jefes de las AUC se encuentran detenidos en Estados Unidos purgando sentencias por narcotráfico.

Varios grupos remanentes de las AUC se mantienen operando en Colombia, siendo identificados actualmente como las Águilas Negras, las Águilas Doradas, las Rondas Campesinas y la Organización Nueva Generación, y recibiendo la cómplice protección de grandes terratenientes, políticos, militares y policías, así como del gobierno colombiano, tal como se dio a conocer luego del escándalo que destapó el Pacto de Ralito y conocido como Escándalo de la Parapolítica. No han valido para nada, pues, las constantes denuncias sobre los crímenes de estos para narcotraficantes, emitidas por la ACNUR, Human Rights Watch y otras ONG.

Fue tal la magnitud de los hechos de sangre cometidos por las AUC que a finales de los años 1990 llegaron a realizar una masacre cada dos, casi 200 masacres por año entre 1999 y el año 2000.

Los pocos testigos de sus crímenes han denunciado la existencia de muchas fosas comunes donde han enterrado millares de personas, incluyendo ancianos, mujeres y niños. Antes de asesinarlos, los han desollado y descuartizado vivos sin escrúpulo y piedad algunos, llegando incluso a emplear víboras venenosas para efectuar sus asesinatos.

La incongruencia del proceso de desmovilización de las AUC, cobra hoy gran notoriedad cuando han aparecido serias denuncias sobre la implicación de remanentes de las mismas, que operan en la frontera con Venezuela y dedicadas al narcotráfico, al contrabando y al tráfico de armas, en los planes de asesinato contra el presidente venezolano Hugo Chávez y en el apoyo a la guerra sucia contra la Revolución Bolivariana. (Ver en Internet mi artículo: (“Presidente Hugo Rafael Chávez Frías: objetivo permanente de los terroristas venezolanos y cubanos”.)

Ciertamente, los paramilitares colombianos aún actúan con total impunidad luego de su supuesta desmovilización, pues cuentan con total apoyo en las altas esferas del poder en Colombia, incluso con la complicidad de funcionarios cercanos al presidente Uribe. En los últimos años se han visto involucrados en este odioso maridaje entre paras y el gobierno varios políticos como el congresista Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe, y el propio vicepresidente colombiano Francisco Santos Calderón.

Conociendo la historia de las AUC y de sus connotados criminales, no cabe la menor duda de que es legítimo el reclamo del Frente de Resistencia Popular contra el Golpe y del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, así como del Grupo de trabajo de la ONU sobre mercenarismo, para denunciar la presencia de estos asesinos al servicio de los golpistas hondureños.

Si una vez cometieron atrocidades rayanas en el genocidio en tierras colombianas, hay que evitar a toda costa que enluten a miles de hogares hondureños bajo la anuencia del golpismo en Honduras y la complicidad de los de gobiernos Estados Unidos y Colombia.

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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