Colombia: Así fue el ‘servicio paramilitar integral’ para Dole y Chiquita

http://www.argenpress.info/2010/01/colombia-asi-fue-el-servicio.html

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Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

El periodista sueco Dick Emanuelsson, quien ha vivido en Colombia y ha cubierto el tema colombiano durante 30 años con varios extensos reportajes en las zonas bananeras de Urabá y Ciénaga, analiza en este artículo especial para ARGENPRESS las confesiones juradas del jefe paramilitar Carlos Tijeras que da otra visión diferente de la defensa de Chiquita que en 2004 admitió haber pagado al paramilitarismo 1,7 millones de dólares como extorsión o por proteger sus empleados. Tijeras relata que los paramilitares daban todo un paquete de “seguridad” a Chiquita y Dole. El paramilitarismo fue una Aseguradora armada en laz zonas bananeras que incluso sentenciaba y cumplía las sentencias que en el caso del “juez” Carlos Tijeras significaba la orden de matar a 500 civiles, entre ellos el presidente sindical de los obreros bananeros, José Güette, quien los últimos días de noviembre de 2000 guió a Emanuelsson en las fincas bananeras de Chiquita y otras empresas bananeras en la región bananera de Ciénaga.

“Me han dicho que Chiquita ha aseverado que le dio fondos a las AUC, pero lo que hizo fue bajo coerción y como una forma de extorsión. También he oído que Dole sostiene que nunca entregó fondos. Las dos aseveraciones son absolutamente falsas. De hecho, mi acuerdo con Chiquita y Dole fue para prestarles seguridad total y otros servicios”.
Carlos Tijeras, jefe paramilitar en la zona bananera de Ciénaga (http://dickema24.blogspot.com/2010/01/asi-fue-el-servicio-paramilitar.html)
En una confesión franca y abierta, el ex jefe paramilitar “Carlos Tijeras” afirma que el trato con la Aseguradora Armada paramilitar que Dole y Chiquita contrataban en Colombia para solucion

ar “problemas” era equivalente, en muchos casos, a la muerte para la persona “identificada” como “guerrillero” o “miliciano”.
Sostiene que Chiquita no dice la verdad cuando afirma que fue victima de extorsión. El sindicato bananero Sintrainagro en la región Ciénaga, cobraba diez por ciento de la cuota sindical de los miembros, que fue destinado a los paramilitares. Estos colocaban o comprobaban los dirigentes sindicales en sus puestos y así controlaba el sindicato. “Yo era el gobernante de hecho del área”, proclama el ex jefe paramilitar.
Según sus declaraciones las empresas transnacionales Dole y Chiquita no solamente pagaban a los paramilitares tres centavos por cada caja de banano exportada desde Colombia, sino que los llamaban para “solucionar problemas” en las plantaciones del banano, equivalente de “neutralizar” el problema.
“Yo, José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijera”, identificado con cédula de ciudadanía 4.020.271, declaro bajo la gravedad del juramento ante las leyes de los Estados Unidos de America, los estados de California y Florida y el Distrito de Columbia que: . . . “ (1)
Así comienzan 17 páginas de confesión de ‘Carlos Tijeras’, su nombre paramilitar, juradas ante
la fiscalía colombiana y que serán utilizadas por las autoridades judiciales de Estados Unidos en los eventuales procesos contra Dole y Chiquita.
Tijeras fue jefe del Frente William Rivas de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, el cual operaba principalmente en la zona bananera de la región Cienaga, lugar caliente de donde Gabriel García Márquez tomó sus impresiones para escribir su clásico libro “Cien años de Soledad”.
Cuando este reportero llegó por primera vez en 1991 a la “Zona” parecía que el tiempo había quedado congelado desde los primeros días en diciembre de 1928 cuando el ejército abrió fuego contra las familias obreras. Ellas, con la Biblia levantada hacia el cielo, sólo pedían mejores condiciones de vida y de trabajo en las fincas bananeras de United Fruit Co, hoy llamada Chiquita. Pero la respuesta fue mortal y brutal con el saldo de aproximadamente 3.000 personas asesinadas, entre mujeres, hombres y niños. El silencio reinaba en las plantaciones.
Ese silencio duró hasta 1988 cuando los obreros bananeros en Ciénaga hicieron el primer intento para organizar un sindicato seccional de Sintrainagro, la federación que era el resultado de la
fusión entre Sintagro y Sintrabanano, principalmente en la otra región bananera en Colombia, Urabá *. Pero el intento terminó con el asesinato del presidente seccional, Emiliano Cayetano y cuatro de los integrantes en la primera directiva en Cienaga.
Pero en 1991 cuando llegué ya se había reorganizado el sindicato y contaba con más de 1.500 afiliados, liderado por Reynaldo Maiguel, un flaco, alto, mestizo que en una noche en febrero de 1994 despertó cuando los paramilitares tumbaban la puerta en un barrio proletario de Ciénaga y ante su mujer y dos pequeñas hijas fue asesinado con doce tiros en su cuerpo.
Lo mismo pasó en 1996, cuando el sindicato había tomado más fuerza y registraba más de 2.500 miembros. Humberto Robledo, quien me guiaba por las bananeras de Ciénaga, temía por su vida y poco después de mi reportaje desapareció de la región. Hasta la fecha no tengo claro si fue asesinado, desaparecido o desplazado a las grandes ciudades en Colombia, como miles de habitantes de la región.
Cuando llegué por tercera vez a Ciénaga a final de noviembre del 2000, la situación estaba má
s que tensa.
“Compañeros, ¡mucho cuidado por que los ‘paracos’ les están esperando en la carretera, toma el otro camino!” decía un señor en una bicicleta que nos advirtieron sobre el inminente riesgo. Los rostros de José y Robinson, dos morenos típicos de la costa, quedaron congelados a pesar del calor de 40 grados en la sombra. El chofer que habíamos contratado quedó más preocupado, pero aceptó dirigir el carro en la dirección contraria a la de los paramilitares que nos estaban esperando con su emboscada.
José Güette, padre de siete hijos, era el presidente seccional de Sintrainagro y el sindicato se había reducido con mil miembros desde 1996. Robinson Olivero era el fiscal.
“Los paramilitares han ocupado la zona en alianza con las Fuerzas Militares (FF.MM.) y nos tienen en la mira”, fue un comentario, de José Güette, fuera del protocolo que nunca cité en el extenso reportaje que salió el 12 de enero en el semanario LO-Tidningen. Es el órgano de la central obrera sueca con un tiraje de casi cien mil ejemplares por semana. Güette sabía que declaraciones duras en aquel momento eran peligrosas. A pesar de que sus comentarios en el reportaje fueron suaves, doce días después de que el reportaje había sido publicado, recibí en mi oficina de Bogotá la noticia que José Güette había sido asesinado.
Lo que no sabía yo es que nueve años después, el 29 de Octubre de 2009, el jefe paramilitar Carlos Tijeras iba a poner sus sangrientas cartas en la mesa, confesando que fue él que dio la orden de asesinar a José Güette esa tarde el 24 de enero de 2001.
La ‘pacificación’ y la erradicación del sindicalismo
Dice el jefe paramilitar:
“También ayudamos a Chiquita y Dole a pacificar el sindicato que representaba a los trabajadores bananeros de la región. Cuando yo asumí el Comando del Frente William Rivas, el sindicato que representaba los trabajadores bananeros era Sintrainagro. Se trataba de un sindicato de izquierda y muy agresivo. Creo que eran simpatizantes de las FARC. Yo ordené la ejecución del presidente izquierdista de Sintrainagro, José Güette Montero”.
Así no más, franco y al grano. Carlos Tijeras no solamente es el autor intelectual y material del asesinato de Güette, él ordenó la muerte de más de 500 civiles en la zona bajo su mando, tildándolos de guerrilleros, milicianos o simplemente simpatizantes a la guerrilla.
Para entender cómo interpretan las AUC la izquierda y movimientos sociales en general, vale la pena regresar a la 1ª Cumbre fundacional de las AUC en noviembre de 1994, en donde un

centenar de grupos paramilitares dispersos por todo el territorio nacional se reunieron y se fusionaron en las AUC. En su documento político consideraban que los sindicalistas representaban la “extrema izquierda”. Y así el documento puntualizó quienes eran y serían sus enemigos:
“Por consenso general se aprueba seguir considerando como blancos militares a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda” (2).
¿Y los paramilitares, donde tenían su base ideológica y a quienes servían?
Las AUC se fundaron con el propósito de matar por el status quo político, es decir, preservar lo establecido en la sociedad desde el punto de vista económico y político, y defender al estado. Por eso no pueden ser considerados como “rebeldes” o actores que se han levantado en armas contra el Estado. En el documento del 1994 se estableció la organización naciente paramilitar en tres estructuras:
GRAU, Grupo de Autodefensa Urbano
GRIN, Grupo de Inteligencia
GRAP, Grupo de Apoyo Político, cuya misión, entre otras cosas, será la de promover eventos públicos de derecha y en contra la subversión (Pág. 55).
Eso explica como los 60-70 congresistas actualmente encarcelados en Colombia por formar parte de la ‘para-política’ han utilizado el paramilitarismo para ocupar curules en el congreso u otras instancias públicas.
Sindicato bajo control paramilitar
Dice Tijeras en su declaración, “El 24 de enero de 2001, en Ciénaga, cerca del supermercado Olímpica, entre las calles 17 y 18, le disparamos a José Güette Montero y lo matamos. Entonces yo instalé Robinson Olivero como Presidente del sindicato y hasta el día de hoy los líderes de Sintrainagro son personas aprobadas por las AUC. Una vez que pusimos nuestra gente a cargo de Sintrainagro, el sindicato me pagaba 10% de las cuotas sindicales que SINTRAINAGRO cobraba mensualmente. Este sindicato representaba a los trabajadores de las plantaciones de ambas empresas, Dole y Chiquita.”
El ex soldado del ejército colombiano, que incluso fue seleccionado como el mejor del Batallón de Infantería Mecanizado No 5 “Córdoba” en Santa Marta, fue enviado a la Península de Sinaí donde formó parte del contingente colombiano de las Fuerzas de Paz (Cascos Azules), pero su trayectoria no es nada pacífico ni de solución de conflictos. En 1999, llegó al Magdalena y a Ciénaga y reemplazó un jefe paramilitar dado de baja dirigiendo una guerra sucia y bestial que durante dos décadas ha causado tragedias en las familias más pobres de la zona bananera, dejando miles de niños y jóvenes como huérfanos, como, por ejemplo, los nueve niños de Carmen Elena Riobo, que quedó viuda cuando los matones paramilitares asesinaron a su esposo Audén una mañana de 1996 en el pequeño corregimiento Santa Rosalía en las faldas de Sierra Nevada. Los compañeros del sindicato recaudaban mensualmente una suma para que los nueve hijos de Audén y otros huérfanos de la región no murieran de hambre. Pero era una tarea descomunal porque, según las propias palabras del líder paramilitar; “Yo mismo, dentro del proceso de Justicia y Paz, he confesado más de 500 asesinatos. Esta es una relación parcial, pues mi versión libre aun no ha terminado. Falta aún verificar otros hechos”.
Un paquete paramilitar de seguro integral
El área en el que Carlos Tijeras ejercía su régimen de horror eran los municipios de Pueblo Viejo, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Fundación; en el norte del departamento Magdalena. Y el poder de las AUC era total, admite Tijera:
“Cualquier compañía que tuviese negocio con los dueños y productores de banano, llámese Chiquita Brands o Dole Food o cualquier otro nombre, coordinaba sus operaciones con el Frente William Rivas, que era que tenía control completo en la zona”.
Las transnacionales bananeras de Dole y Chiquita tenían íntimas relaciones con los escuadrones de la muerte más sangrientas que ha tenido Colombia en toda su historia, y aprovechando el control total de los paramilitares en la zona acordaron de un paquete integral de seguridad, como si las AUC fueran una aseguradora armada.
“Había una relación abierta y pública de las autodefensas (léase AUC) con los capataces de las fincas, sean Dole o Chiquita”, aclara Tijeras.
En la confesión escrita por Carlos Tijeras, éste menciona personas y rutas y cómo las bananeras pagaban a los jefes paramilitares la cuota de tres centavos por cada caja de banano que salía por el puerto de Santa Marta.
“Los pagos que nos realizaba Chiquita Brands, enviados a través de la empresa de seguridad, eran la contraprestación por los servicios de seguridad y cooperación que les prestábamos, no una extorsión forzada”.
Este último dato es importante ya que Chiquita, ante los fiscales y jueces en Estados, ha sostenido que fue extorsionada por los paramilitares y querían proteger sus trabajadores. Sin embargo cuenta Tijeras que:
“Nosotros vigilábamos las plantaciones y los camiones que llevaban la fruta hasta el puerto para que no fueran atacados por la guerrilla o saqueados y robados por delincuentes comunes, protegíamos a sus directivos, bienes y empleados y estábamos muy pendientes para que los trabajadores y sindicatos colaboraran con la empresa y no hicieran reclamaciones laborales injustas o exageradas o se dejaran a convencer por la subversión para promover paros y huelgas bananeros. Los pagos se realizaban en bloque porque eran liquidados luego de realizar la exportación de la fruta, a razón de tres centavos de dólar por caja exportada”, escribe Tijeras.
Dole y Chiquita principales financiadores a las AUC
“Los ingresos que obtenía el Frente William Rivas de Chiquita y Dole eran esenciales para nuestra operación. En un mes normal, 80% ó 90% de los ingresos del Frente William Rivas provenían de las compañías bananeras. El Frente William Rivas tenía un ingreso de 100 millones de pesos al mes (aproximadamente 51.000 US-dólar, nota del redactor). Los comerciantes aportaban un 10% o un 20%, el resto provenía de las bananeras, por que nosotros no trabajábamos con el narcotráfico”.
Subraya el jefe paramilitar que “los servicios que les prestábamos a Chiquita eran los mismos que prestábamos a Dole y a todas las comercializadoras bananeras que tenían plantaciones y operaciones en el territorio del Frente William Rivas” (….) Desde las bases y los subcomandos y retenes móviles, les garantizamos condiciones de seguridad”.
¿Pero como era posible que las AUC montaran retenes de 24 horas día tras día en las principales carreteras de la zona bananera sin que el ejército hiciera algo? Tijeras explica la relación con el ejército colombiano:
“El Frente William Rivas también colaboró abiertamente con las fuerzas armadas de Colombia. Teníamos bases y retenes de seguridad en las vías públicas, y el ejército pasaba por estos retenes. El principal batallón de mi área era el Batallón de Infantería Mecanizado No 5 ‘Córdoba’, y con ellos coordinábamos, compartíamos información. Nuestra actividad se coordinaba con las Fuerzas Militares”.
Las aseveraciones de Dole y Chiquita “son falsas”
Chiquita admitió en 2004 haber pagado a las AUC 1,7 millones de dólares mientras Dole ha insistido en su posición que no ha sabido ni ha pagado un centavo a las AUC durante años de operaciones por parte de la empresa transnacional estadounidense. Carlos Tijeras sostiene lo contrario:
“Esto es desafortunado porque no es verdad. (….) Establecí un arreglo con las plantaciones de Dole de mi área, según el cual me pagarían 70.000 pesos por hectárea, por año. Ese arreglo se hizo, directamente, con los administradores de las plantaciones. Los pagos de Dole me fueron recogidos por ‘Poncho’. Nico era el encargado de tener relaciones directas con los administradores y capataces de las fincas, porque era el comandante de las compañías móviles del Frente William Rivas que operaban y cuidaban los municipios de de la zona bananera del Magdalena”.
¿Y el Dole? ¿Será que Dole puede seguir negando todo tipo de vínculos con las AUC cuando miles de habitantes de la zona eran testigos de las íntimas relaciones entre los paramilitares y todas las empresas que operaban en la zona bajo control paramilitar?
“Me han dicho que Chiquita ha aseverado que le dio fondos a las AUC, pero lo que hizo fue bajo coerción y como una forma de extorsión. También he oído que Dole sostiene que nunca entregó fondos. Las dos aseveraciones son absolutamente falsas. De hecho, mi acuerdo con Chiquita y Dole fue para prestarles seguridad total y otros servicios”.
Identificar para matar “el problema”
“A mis hombres los buscaban regularmente los administradores de Chiquita y Dole para que les ayudaran frente a una acción criminal o para que les arreglaran otros problemas. También nos llamaban desde las plantaciones de Chiquita y Dole para identificar a personas especificas como ‘problemas de seguridad’ o simplemente de ‘problemas’. Todo el mundo sabía que esto significaba que teníamos que ejecutar a la persona identificada. En la mayoría de los casos los que cayeron eran líderes o miembros de los sindicatos o personas que buscaban apropiarse o reclamar terrenos que Dole o Chiquita querían para cultivar el banano, y los administradores de Dole o Chiquita les decían a las AUC que estos individuos eran sospechosos de ser guerrilleros o criminales.”
Como ejemplo de esos asesinatos pedidos por los representantes de la empresa estadounidense Dole, Carlos Tijeras enumera doce casos de “muchísimos ejemplos”, como dice, de servicios específicos que las AUC provenían a las compañías.
“Enumero algunos de los más representativos en los cuales unidades bajo mi mando dieron de baja a personas con base en las informaciones, solicitudes y peticiones de los gerentes, administradores, supervisores o capataces de Dole. (…) De igual manera, gran parte de las ejecuciones que llevamos a cabo pueden vincularse o a Dole o Chiquita o a las dos empresas”.
Los casos de asesinatos mencionados por Tijeras se extienden entre 2001 hasta 2005. Jorge Alberto, Miguel Ángel y Gustavo Enrique Téren Pérez fueron asesinados el 7 de septiembre de 2001 en la Hacienda “La Francisca” en la zona bananera. “Fueron señalados por Dole de ser milicianos de la guerrilla”, escribe Tijera y ese señalamiento de Dole era suficiente para Tijera para tomar una decisión tan fatal como quitar la vida de tres personas.
Refuerza sus relatos hacia Dole y Chiquita, agregando que “en cuanto a Dole le prestábamos seguridad armada desde las plantaciones hasta las bodegas de Dole en Río Frío. Cuando era el momento de embarcar, le prestábamos la seguridad para llevar el banano hasta el puerto. Lo mismo hacíamos con Chiquita. Nosotros les cuidábamos las plantaciones, estábamos pendientes que no les robaran la fruta o maquinaría. Atendíamos sus solicitudes de ayuda (cursivo del citado). Obviamente, todo esto requería coordinación y cooperación entre Chiquita, Dole y el Frente William Rivas”.
“¡Yo era el gobernante!”
El relato de Carlos Tijeras en estas 17 páginas es impactante y sin vacilar entrega sus cartas en la mesa, descubriendo la maquinaría de muerte que eran y son los paramilitares colombianos. Sus capos con manos manchadas de sangre colombiana confiesan, que ellos mataban de la forma más bestial a los que consideraban a sus enemigos, que es el movimiento popular; sindicatos, partidos o movimientos de izquierda, es decir; el pueblo organizado, tildándole de ser parte de una u otra forma de la guerrilla, que sí tenía mucha gente que colaboraba con la insurgencia guerrillera.
Esa autodefensa para la oligarquía colombiana en muchas regiones fue convertida en el verdadero poder. Hay muchos reportajes en la prensa, como la Revista Semana, Cambio y El Tiempo, en donde latifundistas, terratenientes o políticos locales han dado testimonios de que el paramilitarismo y una corriente de la oligarquía colombiana se hicieron dueños de la tierra y poder político-económico en la región. El caso expuesto de Carlos Tijeras es ilustrativo en ese sentido:
“Durante el tiempo en que fui comandante del Frente William Rivas, operé a plena luz del día y tenía mi base principal en el Municipio de Zona Bananera (casco urbano del municipio de Ciénaga). Yo era el gobernante de hecho del área, ya que las autoridades civiles habían sido incapaces de sacar a las FARC del área. Durante el tiempo en que ostenté ese papel de gobernante de hecho, actué en total y abierta cooperación con las autoridades civiles legales. Me reunía con los alcaldes locales, tales como Marcelino Daza, Jesús Avendaño, Fulgencio Olarte de Zona Bananera, y coordinábamos nuestros esfuerzos. Yo me consideraba un socio de las autoridades civiles de Colombia, y nuestra misión conjunta era de derrotar a las FARC, mantener a la población local bajo control para que no apoyaran a las FARC, y ejercer el mando en el área. Yo asumí muchas responsabilidades como gobernante. . . “.
“Estábamos defendiendo al Estado”
En esas tareas de gobernante armado no faltaba la colaboración con los militares.
“El Ejército Colombiano y las AUC tenían un enemigo común, la guerrilla, y no debíamos enfrentarnos. Era la principal forma de colaboración; no enfrentarnos, hostigarnos, ni dispararnos entre nosotros, que estábamos defendiendo al Estado. Les avisábamos sobre la presencia de guerrilleros, cuando la guerrilla les atacaba, nosotros atacábamos a la guerrilla por la retaguardia para aliviarlos la presión y permitir que el ejército se defendiera. Procuramos siempre evitar enfrentarnos con el ejército y las Fuerzas Armadas”.
La confesión de este líder paramilitar es basada, como dice, en el hecho de que fue uno de miles de participantes en lo que él considera como la guerra “por la futura dirección de mi país. Estábamos al lado de la democracia y el capitalismo y combatíamos a los comunistas y guerrilleros. Esperaba que mi país agradeciera mis servicios, y de hecho los líderes políticos manifestaron claramente su apoyo por lo que yo hacía. Sin embargo, los vientos de la política cambiaron y ahora los políticos que fueron nuestros aliados nos repudian. Esto me deja apenas con la verdad de lo que hice, el porqué lo hice, y debo asumir las consecuencias”, termina Carlos Tijeras las declaraciones de sus 17 de páginas de confesión que dice, “van en contra mis intereses personales”. Está conciente este jefe paramilitar, que ha retado sectores sumamente poderosos y que lo confesado puede convertirse en penas de prisión muy largas.
“Además, no cabe duda que con esta Declaración me estoy poniendo a un mayor riesgo al vincular gente muy poderosa con estos delitos, los cuales, sin la menor sombra de duda, van a tratar de silenciarme o matarme. Sin embargo, espero quedarme en la cárcel durante el tiempo de mi condena y mi deber religioso y moral es confesar todo lo que hecho”.
Las preguntas que quedan en el aire
¿Y quienes son la “gente muy poderosa” que podría intentar de matar o silenciar a Carlos Tijeras?
¿Quiénes han sido expuestos en las 17 de páginas de Carlos Tijeras?
¿Quiénes han negado el hecho de la contratación de la Aseguradora Armada en la zona Bananera?
¿Quiénes atacaron en una carta enviada el 7 de febrero de 2001 el reportaje publicado en el LO-Tidningen (semanario de la central obrera sueca el 12 de enero de 2001) y en donde acusa a este reportero por crear desempleo entre los obreros bananeros y por crear conflictos entre trabajadores y Chiquita?
¿Quiénes han negado los vínculos entre el paramilitarismo y el general (r) Rito Alejo del Río, haciendo homenaje a este general por Uribe llamado “El Pacificador de Urabá?”
¿Quiénes han intentado absolver el ejército por su masacre en San José de Apartadó el 21 de febrero de 2005 para acomodarse en la silla de poder en una sede sindical atacando, la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, que “señalaba al Ejército como autor de la masacre de 8 personas de la comunidad de San José de Apartadó, entre ellos tres niños. Consideramos que con declaraciones tan irresponsables como estas, no se contribuye a la aclaración de los hechos ni ha lograr la consolidación de una paz duradera en la región de Urabá” (3).
Más temprano que tarde la verdad siempre le alcanza a uno. Y Carlos Tijeras ha pisado en muchos dedos delicados y, como él mismo teme, seguramente lo van a silenciar.
* Ha cubierto Latinoamérica durante treinta años para la prensa sueca. De esos años vivía 1999-2005 en Colombia pero tuvo que dejar el país por las constantes amenazas de muerte por su trabajo periodístico. Vive y trabaja desde 2006 en Honduras y colabora con varios medios alternativos latinoamericanos, entre ellos Argenpress, Anncol, Radio Café Stereo, Noticolombiapress, entre varios.
Notas:
1) “Yo, José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijera”, identificado con cédula de ciudadanía 4.020.271, declaro bajo la gravedad del juramento ante las leyes de los Estados Unidos de America, los estados de California y Florida y el Distrito de Columbia que: . . . “
2) Primera Cumbre de las Autodefensas de Colombia, pag. 54-55
Foto 1: Colombia – Obreros bananeros de diferentes plantaciones en la región bananera de Ciénaga, entre ellas Chiquita en donde fueron premiados los “mejores trabajadores”. El hombre armado es un vigilante de Chiquita. / Autor: Dick Emanuelsson
Foto 2: Colombia – José Güette (Izq), presidente del sindicato bananero de Sintrainagro en la región de Cienaga, Güette fue asesinado el 24 de enero de 2001. El jefe paramilitar Carlos Tijera (Centro) ordenó la ejecución de más de 500 personas, muchos de ellos sindicalistas, por solicitud de los directivos, administradores o capataces en las empresas de Dole o Chiquita, según la confesión de Tijeras. Robinson Olivero (Der), fiscal en la seccional de Sintrainagro en Cienaga, que, según el jefe paramilitar Carlos Tijera, fue impuesto en el cargo de presidente seccional de Sintrainagro después que Tijeras ordenó la ejecución de José Güette el 24 de enero de 2001. / Autor: Dick Emanuelsson

Foto 3: Colombia – (Arriba) La confesión de Carlos Tijeras el 29 de octubre de 2009 en la cárcel de Barranquilla en donde reconoce que es responsable de la ejecución de José Güette. (Abajo) “En el lugar de Güette fue impuesto Robinson Olivero, fiscal en la seccional de Sintrainagro, por el jefe paramilitar. Las AUC recibieron diez por ciento de la cuota que Sintrainagro cobró de sus afiliados, según Tijeras y todos los sindicalistas fueron primero comprobados por los paramilitares”. / Autor: Dick Emanuelsson.

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