Cómo se criminaliza a los defensores de los derechos humanos

COLOMBIA |  REMEDIOS GARCÍA, ACUSADA DE COLABORACIÓN CON UNA ORGANIZACIÓN ARMADA SIN PRUEBAS
El origen de las acusaciones hechas por la Audiencia Nacional, de la supuesta connivencia del Gobierno venezolano con las FARC y ETA, estaría motivado, más bien, por la estrategia contra los movimientos sociales que buscan una solución al conflicto entre Gobierno, paramilitares y las FARC.
Carlos Alberto Villanueva
Jueves 25 de marzo de 2010.  Número 122
El documento que se ha filtrado a la prensa estos días desde el despacho del juez Eloy Velasco, sobre la supuesta relación entre Chávez, ETA y las FARC acusa a 13 personas, entre españoles y colombianos. Cuatro personas están acusadas de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada, seis de colaboración con banda armada terrorista, y tres de conspiración para cometer homicidios terroristas.
Para los miembros de la Plataforma de Solidaridad con Colombia y los Derechos Humanos de Madrid, todo este asunto es “uno más de los continuos ataques del estado Colombiano contra defensores de derechos humanos y personas que han trabajado desde el Derecho Internacional Humanitario, por una salida política al conflicto que asola a Colombia”. Toda esta estrategia, apodada por los políticos colombianos como ‘contrainsurgencia’, pretende a nivel internacional distraer la atención sobre la situación actual del Congreso de la república de Colombia, donde casi al final de la legislatura, más de un 35% de sus miembros afrontan juicios por su implicación con el narcotráfico y el paramilitarismo. De igual manera, hasta noviembre de 2009, afrontan juicios por los mismos motivos 12 gobernadores, 166 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales según ha revelado Naciones Unidas. La Plataforma de Solidaridad con Colombia, señala también que la comprensión de las acusaciones del juez Eloy Velasco sólo es una de las líneas de aproximación para el entendimiento global de la situación y “su análisis puede dar los elementos básicos de lo que se puede entender como un modus operandi del gobierno colombiano en el ámbito nacional e internacional”.
Según Enrique de Santiago, abogado de Remedios García en los juicios abiertos en la Audiencia Nacional por los jueces Eloy Velasco y Baltasar Garzón, todo esto es una más de las operaciones de “los servicios de inteligencia colombianos para dificultar las relaciones con Venezuela”. En la misma línea, se pronunció Daniel Pécaut, al referirse a las acusaciones del ministro de Defensa colombiano contra el delegado suizo, Jean Pierre Gontard, quien trabajó hasta poco después del bombardeo al campamento de Raúl Reyes en 2008, en acercamientos con las FARC con motivo de un posible intercambio humanitario de prisioneros y personas retenidas/secuestradas, se trata de “una estrategia deliberada” y que “el ataque a aquellos que trabajaron como intermediarios es un modo de frenar a quienes intentarían seguir trabajando para facilitar una negociación con las FARC”.
Para De Santiago, con respecto a los procedimientos judiciales que se han llevado a cabo, tanto dentro como fuera de Colombia, a raíz de las supuestas incautaciones de información en los ordenadores de Raúl Reyes, dice que “llama la atención que todas las personas que han sido sometidas a procedimientos judiciales se han destacado, al margen de sus ideas políticas, por su trabajo en defensa de una salida negociada al conflicto o en favor de acuerdos humanitarios”. En su opinión se trata de “una advertencia para todos aquellos que trabajan para la mediación y para la resolución política del conflicto interno Colombiano conforme al Derecho Internacional Humanitario”.
En el caso de Remedios García: “porque ella reúne una serie de requisitos. En primer lugar, es una mujer vinculada a distintos movimientos solidaridad con pueblos que luchan por su liberación, no sólo en América Latina, pues ha trabajado muchos años en conflictos como los del Sahara, Palestina e Irak. En segundo lugar, se elige a una mujer que fue una de las organizadoras, como técnico en resolución de conflictos, no con responsabilidades políticas, del encuentro realizado entre el gobierno Colombiano y las FARC en España en el año 2001 en Alcalá de Henares”.
Juicios fuera de Colombia
El antecedente de esta estrategia de criminalización se sitúa en Costa Rica en el año 2003, durante el primer año de mandato del gobierno de Álvaro Uribe y después del fracaso de los Diálogos de Paz entre el anterior Gobierno y las FARC. Con motivo de los cuales, y a solicitud de ambas partes, se había solicitado la intermediación de personas del ámbito político y académico. A su vez, Costa Rica autorizó el ingreso de personas delegadas por las FARC y el Gobierno para adelantar las gestiones pertinentes. También, el Gobierno de Costa Rica, autorizó el establecimiento de un despacho en San José. Fue entonces, con la muerte de Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008, y con el anuncio de la supuesta documentación existente en su ordenador, cuando se inició la persecución internacional. El 18 de Marzo de 2008, a tan sólo 2 semanas después de la supuesta incautación, se inicia la agresión mediática y judicial, basada en los supuesto contenidos digitales, contra varios ciudadanos de Costa Rica: Francisco Gutiérrez y su esposa, Cruz Prado y el ex congresista del Partido Conservador Colombiano, Álvaro Leyva, refugiado en este país desde 1998, todo en colaboración con el diario local Aldía y las agencias de inteligencia. Todos ellos, hoy libres judicialmente de todas las acusaciones.
En el Estado español también se inicia la persecución de los activistas pro derechos humanos de Colombia. El 25 de julio de 2008, se detuvo a Remedios García, con un juicio abierto en el despacho del juez Garzón, del cual aún no se ha levantado el secreto sumarial. Según Enrique de Santiago, el hecho de que se mantenga el secreto sumarial “es altamente preocupante, pues deja a Remedios en un estado de indefensión al no poder aportar pruebas sobre las imputaciones”, secreto que, además, se va a prolongar un mes más a petición de Garzón.
Pruebas sin fundamento contra Remedios García
En el caso que ahora instruye el juez Eloy Velasco, las pruebas, según De Santiago son “fundamentalmente, esos supuestos correos electrónicos encontrados en los ordenadores de Raúl Reyes. El testimonio de dos supuestos desmovilizados de las FARC, de los cuales no se da nombre, en ningún momento, sólo sus alias. Después el juez menciona dos supuestas pruebas, que desde el punto de vista judicial deberán acreditar quien diga que son pruebas: ruedas de prensa y videos de informativos de televisión. Además, otra prueba que se menciona, que aún no se ha podido conocer, son unos supuestos informes realizados por las fuerzas de seguridad españolas”.
Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja, Álvaro Leyva, Carlos Lozano, Piedad Córdoba, los periodistas Hollman Morris y William Para, son sólo algunas de las personas que han afrontado juicios ante la justicia de Colombia. El eje de las pruebas, en todos los casos, ha sido los supuestos correos electrónicos incautados a Raúl Reyes. Hasta la actualidad, no se han podido demostrar en los distintos juicios las acusaciones vertidas contra ellos. La existencia de dichos correos ha sido desmentida bajo juramento por un miembro de la Policía Judicial, el capitán Ronald Ayden Coy Ortiz, que hizo el informe sobre el computador de Reyes. Preguntado por el contenido de dicho ordenador, en testimonio en el juicio contra Carlos Lozano.
El proceso en el Estado español en la Audiencia Nacional (AN) empieza a instruirse en julio de 2008, con la visita del fiscal jefe a Colombia. En la causa de Eloy Velasco hay dos bloques de pruebas. En primer lugar, las que se aportan desde España, que datan de los años ‘93, ‘94 y ‘99 y también a las diligencias policiales del ‘99. Todas ellas producto de la documentación intervenida a personas que en su momento fueron presentadas como miembros de ETA. En segundo lugar, las pruebas, que según el auto de procesamiento, han sido aportadas por la Comisión Rogatoria Internacional (CRI) y que han sido instruidas y recogidas por los cuerpos de seguridad de Colombia, es decir, toda la documentación que supuestamente vincula a Remedios García con las FARC y, a su vez, a las FARC y a ETA.
Para Enrique de Santiago, uno de las incongruencias más grandes halladas en todo el proceso, radica en las enormes diferencias entre los respectivos documentos elaborados por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional (quien después de su visita a Colombia en julio de 2008, interpone una querella para que se investigue las supuestas relaciones entre ETA y las FARC) y el auto de procesamiento del juez Velasco. El fiscal jefe sitúa los supuestos cursos de entrenamiento en explosivos entre ETA y las FARC en España y, a su vez, el juez los ubica en territorio de Venezuela. También, el fiscal, en ningún momento hace referencia a Remedios García, pero el juez la acusa como una de las organizadoras de dichos cursos en el territorio venezolano.
Para los miembros de la Plataforma de Solidaridad con Colombia, el estudio de la documentación refleja que se trata de una causa instruida, por Colombia y con una enorme posibilidad de que gran parte de estas pruebas fuesen aportadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyos cuatro últimos directores, sus respectivos subdirectores, dos ex jefes de inteligencia y un jefe del servicio de informática han terminado en prisión por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo.
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Carlos Alberto VillanuevaJueves 25 de marzo de 2010.  Número 122
El documento que se ha filtrado a la prensa estos días desde el despacho del juez Eloy Velasco, sobre la supuesta relación entre Chávez, ETA y las FARC acusa a 13 personas, entre españoles y colombianos. Cuatro personas están acusadas de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada, seis de colaboración con banda armada terrorista, y tres de conspiración para cometer homicidios terroristas.
Para los miembros de la Plataforma de Solidaridad con Colombia y los Derechos Humanos de Madrid, todo este asunto es “uno más de los continuos ataques del estado Colombiano contra defensores de derechos humanos y personas que han trabajado desde el Derecho Internacional Humanitario, por una salida política al conflicto que asola a Colombia”. Toda esta estrategia, apodada por los políticos colombianos como ‘contrainsurgencia’, pretende a nivel internacional distraer la atención sobre la situación actual del Congreso de la república de Colombia, donde casi al final de la legislatura, más de un 35% de sus miembros afrontan juicios por su implicación con el narcotráfico y el paramilitarismo. De igual manera, hasta noviembre de 2009, afrontan juicios por los mismos motivos 12 gobernadores, 166 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales según ha revelado Naciones Unidas. La Plataforma de Solidaridad con Colombia, señala también que la comprensión de las acusaciones del juez Eloy Velasco sólo es una de las líneas de aproximación para el entendimiento global de la situación y “su análisis puede dar los elementos básicos de lo que se puede entender como un modus operandi del gobierno colombiano en el ámbito nacional e internacional”.
Según Enrique de Santiago, abogado de Remedios García en los juicios abiertos en la Audiencia Nacional por los jueces Eloy Velasco y Baltasar Garzón, todo esto es una más de las operaciones de “los servicios de inteligencia colombianos para dificultar las relaciones con Venezuela”. En la misma línea, se pronunció Daniel Pécaut, al referirse a las acusaciones del ministro de Defensa colombiano contra el delegado suizo, Jean Pierre Gontard, quien trabajó hasta poco después del bombardeo al campamento de Raúl Reyes en 2008, en acercamientos con las FARC con motivo de un posible intercambio humanitario de prisioneros y personas retenidas/secuestradas, se trata de “una estrategia deliberada” y que “el ataque a aquellos que trabajaron como intermediarios es un modo de frenar a quienes intentarían seguir trabajando para facilitar una negociación con las FARC”.
Para De Santiago, con respecto a los procedimientos judiciales que se han llevado a cabo, tanto dentro como fuera de Colombia, a raíz de las supuestas incautaciones de información en los ordenadores de Raúl Reyes, dice que “llama la atención que todas las personas que han sido sometidas a procedimientos judiciales se han destacado, al margen de sus ideas políticas, por su trabajo en defensa de una salida negociada al conflicto o en favor de acuerdos humanitarios”. En su opinión se trata de “una advertencia para todos aquellos que trabajan para la mediación y para la resolución política del conflicto interno Colombiano conforme al Derecho Internacional Humanitario”.
En el caso de Remedios García: “porque ella reúne una serie de requisitos. En primer lugar, es una mujer vinculada a distintos movimientos solidaridad con pueblos que luchan por su liberación, no sólo en América Latina, pues ha trabajado muchos años en conflictos como los del Sahara, Palestina e Irak. En segundo lugar, se elige a una mujer que fue una de las organizadoras, como técnico en resolución de conflictos, no con responsabilidades políticas, del encuentro realizado entre el gobierno Colombiano y las FARC en España en el año 2001 en Alcalá de Henares”.
Juicios fuera de ColombiaEl antecedente de esta estrategia de criminalización se sitúa en Costa Rica en el año 2003, durante el primer año de mandato del gobierno de Álvaro Uribe y después del fracaso de los Diálogos de Paz entre el anterior Gobierno y las FARC. Con motivo de los cuales, y a solicitud de ambas partes, se había solicitado la intermediación de personas del ámbito político y académico. A su vez, Costa Rica autorizó el ingreso de personas delegadas por las FARC y el Gobierno para adelantar las gestiones pertinentes. También, el Gobierno de Costa Rica, autorizó el establecimiento de un despacho en San José. Fue entonces, con la muerte de Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008, y con el anuncio de la supuesta documentación existente en su ordenador, cuando se inició la persecución internacional. El 18 de Marzo de 2008, a tan sólo 2 semanas después de la supuesta incautación, se inicia la agresión mediática y judicial, basada en los supuesto contenidos digitales, contra varios ciudadanos de Costa Rica: Francisco Gutiérrez y su esposa, Cruz Prado y el ex congresista del Partido Conservador Colombiano, Álvaro Leyva, refugiado en este país desde 1998, todo en colaboración con el diario local Aldía y las agencias de inteligencia. Todos ellos, hoy libres judicialmente de todas las acusaciones.
En el Estado español también se inicia la persecución de los activistas pro derechos humanos de Colombia. El 25 de julio de 2008, se detuvo a Remedios García, con un juicio abierto en el despacho del juez Garzón, del cual aún no se ha levantado el secreto sumarial. Según Enrique de Santiago, el hecho de que se mantenga el secreto sumarial “es altamente preocupante, pues deja a Remedios en un estado de indefensión al no poder aportar pruebas sobre las imputaciones”, secreto que, además, se va a prolongar un mes más a petición de Garzón.
Pruebas sin fundamento contra Remedios GarcíaEn el caso que ahora instruye el juez Eloy Velasco, las pruebas, según De Santiago son “fundamentalmente, esos supuestos correos electrónicos encontrados en los ordenadores de Raúl Reyes. El testimonio de dos supuestos desmovilizados de las FARC, de los cuales no se da nombre, en ningún momento, sólo sus alias. Después el juez menciona dos supuestas pruebas, que desde el punto de vista judicial deberán acreditar quien diga que son pruebas: ruedas de prensa y videos de informativos de televisión. Además, otra prueba que se menciona, que aún no se ha podido conocer, son unos supuestos informes realizados por las fuerzas de seguridad españolas”.
Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja, Álvaro Leyva, Carlos Lozano, Piedad Córdoba, los periodistas Hollman Morris y William Para, son sólo algunas de las personas que han afrontado juicios ante la justicia de Colombia. El eje de las pruebas, en todos los casos, ha sido los supuestos correos electrónicos incautados a Raúl Reyes. Hasta la actualidad, no se han podido demostrar en los distintos juicios las acusaciones vertidas contra ellos. La existencia de dichos correos ha sido desmentida bajo juramento por un miembro de la Policía Judicial, el capitán Ronald Ayden Coy Ortiz, que hizo el informe sobre el computador de Reyes. Preguntado por el contenido de dicho ordenador, en testimonio en el juicio contra Carlos Lozano.
El proceso en el Estado español en la Audiencia Nacional (AN) empieza a instruirse en julio de 2008, con la visita del fiscal jefe a Colombia. En la causa de Eloy Velasco hay dos bloques de pruebas. En primer lugar, las que se aportan desde España, que datan de los años ‘93, ‘94 y ‘99 y también a las diligencias policiales del ‘99. Todas ellas producto de la documentación intervenida a personas que en su momento fueron presentadas como miembros de ETA. En segundo lugar, las pruebas, que según el auto de procesamiento, han sido aportadas por la Comisión Rogatoria Internacional (CRI) y que han sido instruidas y recogidas por los cuerpos de seguridad de Colombia, es decir, toda la documentación que supuestamente vincula a Remedios García con las FARC y, a su vez, a las FARC y a ETA.
Para Enrique de Santiago, uno de las incongruencias más grandes halladas en todo el proceso, radica en las enormes diferencias entre los respectivos documentos elaborados por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional (quien después de su visita a Colombia en julio de 2008, interpone una querella para que se investigue las supuestas relaciones entre ETA y las FARC) y el auto de procesamiento del juez Velasco. El fiscal jefe sitúa los supuestos cursos de entrenamiento en explosivos entre ETA y las FARC en España y, a su vez, el juez los ubica en territorio de Venezuela. También, el fiscal, en ningún momento hace referencia a Remedios García, pero el juez la acusa como una de las organizadoras de dichos cursos en el territorio venezolano.
Para los miembros de la Plataforma de Solidaridad con Colombia, el estudio de la documentación refleja que se trata de una causa instruida, por Colombia y con una enorme posibilidad de que gran parte de estas pruebas fuesen aportadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyos cuatro últimos directores, sus respectivos subdirectores, dos ex jefes de inteligencia y un jefe del servicio de informática han terminado en prisión por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo.Noticias relacionadas
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