Informe comprueba la continuidad de la grave crisis de derechos humanos

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Natasha Pitts *

Adital –

Del 23 al 30 de Enero de este año, una comisión formada por parlamentarios españoles visitó Colombia con el fin de verificar la situación de los derechos humanos en tres grupos específicos del país: mujeres, sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Hace pocos días, fue divulgado el informe con las conclusiones de la visita. La constatación principal fue que el país continúa pasando por una grave crisis de derechos humanos.El “informe de la Misión Parlamentaria españoles de verificación de Derechos Humanos en Colombia”, fue producto de reuniones con diversos sectores del país. Fueron realizadas entrevistas con miembros de la Iglesia Católica, Luterana e Menonita; con la Corte Suprema de Justicia, Colombianos y Colombianas por la Paz, organizaciones sindicales, femeninas y de derechos humanos, representantes de grupos políticos, Promotora General de la Nación, Mesa Nacional de Víctimas, entre otros.

Después de estos encuentros, fue posible formular conclusiones relacionadas a con los tres sectores analizados, tomando en cuenta el contenido de las entrevistas y el “pasado y presente histórico de Colombia”, que desde su independencia, se caracterizó “por el predominio de la violencia sobre la confrontación pacífica de ideas”.En referencia al sindicalismo, la Comisión de Parlamentarios constató que “desarrollar la labor sindical en Colombia resulta peligroso, las organizaciones sindicales y sus dirigentes sufren persecución sistemática y detenciones arbitrarias”.

Se registra en Colombia la existencia histórica de una ‘cultura antisindical”. Según el informe, en el país arraigó de tal manera esta cultura que el sindicalismo no es considerado parte del sistema democrático y es identificado, en el contexto del conflicto armado, como enemigo de Estado y de las empresas. “El resultado fue que millares de sindicalistas fueron perseguidos, encarcelados y asesinados por para militares y fuerzas del Estado. Así también se produjo la estigmatización y persecución de la legítima función social que representa la actividad sindical”.

La situación de las mujeres en Colombia también no es lo más alentadora. En visitas realizadas a Bogotá, Cali y Medellín, la Comisión escuchó testimonios de mujeres que aseguraron el aumento de la cantidad de ataques contra mujeres defensoras de los derechos humanos, aumento de las agresiones sexuales y de las amenazas contra los hijos e hijas de mujeres activistas. ES una práctica habitual”, afirmaron.

El gobierno colombiano no se ha empeñado en conseguir garantizar de forma efectiva los derechos de las mujeres, ya que las recomendaciones para la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia sexual generada en el contexto del conflicto armado no han sido respetadas y cumplidas.

Otras constataciones denuncian que los medios para atender la violencia específica contra las mujeres son “insuficientes e inadecuados”. Los líderes, reivindicaciones y programas para erradicar la violencia contra la mujer no son adecuadamente protegidos y constantemente se encuentran en riesgo. A todo lo anterior debe sumarse el factor impunidad, que reina en la mayoría de los casos de violencia contra la mujer.
De igual manera que los sindicalistas y mujeres están desprotegidos, lo mismo ocurre con las defensoras y defensores de los derechos humanos. Pues de acuerdo con el informe, “sigue siendo una práctica extendida por todo el país, tanto en zonas rurales, como en ciudades, la difusión de amenazas de muerte, panfletos amenazadores, persecuciones y intimidaciones que buscan controlar, mediante el miedo y el terror, la actividad de los y las defensores/as de los derechos humanos”. Entre los principales ejecutores de estas prácticas están los grupos paramilitares.

Para intentar enfrentar esta situación, la Comisión también preparó propuestas, entre las cuales están: el reconocimiento de los sindicatos como parte del Estado de Derecho; investigaciones profundas para esclarecer los asesinatos de mujeres, sindicalistas y defensores/as de los derechos humanos, prevención de la violencia contra la mujer, protección de las víctimas de la violencia, seguimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos, respeto al legítimo derecho de asociación, de huelga y de manifestaciones, además de la no criminalización de las protestas sociales.

Se puede acceder al informe completo clicando el link siguiente: http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/l_Misi__n_de_verifcaci__n_de_DDHH_enero_2010.pdf
Traducción: Ricardo Zúniga

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