Los 100 días del gobierno Santos



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Gloria Inés Ramírez Ríos *
Adital –

Comunicado expedido por la Senadora del PCC-PDA Gloria Inés Ramírez Ríos
Noviembre 24 de 2010

 

Acaban de cumplirse los primeros cien días del gobierno presidido por Juan Manuel Santos, sobre los que han abundado los balances, los análisis y las proyecciones. Aunque se trata de un tiempo muy breve para intentar un balance de realizaciones, sí permite ver claramente cuáles son las políticas del nuevo gobierno y en qué dirección se orientan.

El punto de partida para comprender la situación deber ser el “legado del Presidente Uribe”, a quien Santos llamó el “segundo libertador” en su discurso de posesión y cuyas realizaciones no se cansa de elogiar, en una evidente contradicción con la realidad histórica.

 

El columnista de El Nuevo Siglo, Mauricio Botero Montoya, en su artículo del 15 de noviembre, señaló algunos elementos de la desastrosa herencia uribista en frases lapidarias: El inmenso mal en las relaciones internacionales” (…) “el desgreño y la corrupción en los contratos de infraestructura” (…) “Según el Foro Económico Mundial, evaluando turismo y competitividad, estamos en el rango de seguridad en el puesto 125 de 133 países calificados” (…) “En infraestructura ocupamos el puesto 108 de las 133 países comparados” (…) “El Instituto Global de Paz, que mide la violencia en el mundo, nos sitúa entre los nueve países más peligrosos” (…) “Con Uribe en el gobierno, el número diario de desaparecidos fue de once personas. Con Pastrana era de dos, y en el gobierno de Samper, uno” (…) “En competitividad el país perdió diez puestos en el último año de Uribe” (…) “Entre 57 países quedamos de penúltimos en productividad y eficiencia. En la historia de Colombia, al menos desde que se llevan cifras, no se había desmejorado tanto la participación de los asalariados en el ingreso nacional. Mientras en los ocho años de administración uribista el sector financiero aumentó utilidades en 700%, lo que aplaudimos, el salario mínimo creció sólo 6%, lo que lamentamos. En ese mismo lapso, el único país del hemisferio que empeoró el índice de Gini de desigualdad, fue Colombia”.

 

Aunque faltan muchos y muy importantes temas, con los anteriores basta para entender por qué, como lo hemos afirmado en otras ocasiones, después de Uribe cualquier cosa es mejor.

 

El mejoramiento de las relaciones con los países vecinos y con las altas cortes, no es otra cosa que una rectificación a los torpes manejos de Uribe, que estaban produciendo efectos muy negativos y que se habían vuelto insostenibles para el régimen. Lo mismo puede decirse del estilo agresivo y pugnaz del uribismo, que ha sido reemplazado por uno de menor intolerancia.

 

Pero, lo fundamental de la política neoliberal y guerrerista se mantiene, como lo demuestran tanto las actuaciones del gobierno como el alud de proyectos presentados al Congreso de la República.

 

La “seguridad democrática”, rebautizada como “seguridad ciudadana”, tiene como única alternativa el aniquilamiento militar de la guerrilla o su rendición incondicional, lo que conducirá a la prolongación indefinida del conflicto, con todas sus consecuencias en pérdida de vidas, destrucción de bienes, malgasto de recursos y violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El acuerdo humanitario y la salida negociada no figuran por ninguna parte en la agenda del gobierno.

 

La ley de tierras y la ley de víctimas, ampliamente publicitadas como grandes soluciones a los problemas de los millones de colombianos que han sido afectados por el conflicto, son a todas luces insuficientes, aún en el caso de que sean aprobadas por el Congreso de la República. La primera de ellas, lo que busca en el fondo es formalizar algunos títulos de propiedad para estimular el comercio de tierras y abrirle paso a los inversionistas nacionales y extranjeros para desarrollar grandes proyectos agroindustriales, cuando lo que el campesinado de nuestro país demanda es una reforma agraria integral. La segunda, no obstante sus limitaciones para darle vigencia real a los principios de verdad, justicia y reparación, cuenta con múltiples reparos de los sectores de la ultraderecha, particularmente del uribismo.

 

La estrategia de “seguridad ciudadana” contemplada en los proyectos de reforma al Código de Policía, a los códigos Penal y de Procedimiento Penal y al Código de Infancia y Adolescencia, contienen aumentos de penas, restricciones a la libertad de reunión y sanciones a las empresas cuyas instalaciones se utilicen “para difundir ideas o doctrinas que promuevan o justifiquen conductas constitutivas de terrorismo o actividades de grupos terroristas”, entre otras recortes a las libertades públicas, sin ocuparse seriamente de las causas económicas y sociales que han disparado la criminalidad en Colombia.

 

Con el pretexto de combatir la corrupción y hacer una distribución más equitativa de los recursos, en el Congreso avanza el Proyecto de Ley de Regalías, que lo que hace es recortarles los ingresos a los departamentos y municipios productores de recursos mineros, que constituye, además, un franco retroceso en materia de descentralización, cuando lo que debería plantearse es el aumento de las participaciones que las empresas extranjeras le entregan al Estado por concepto de explotación de nuestros recursos mineroenergéticos.

 

La ley de primer empleo y de formalización laboral, que establece una serie de descuentos en las contribuciones parafiscales a las empresas que generen empleos nuevos para menores de 25 años o que se formalicen, son la reedición de la ley 789 de 2002, que les entregó gabelas a los empresarios por más de 3.5 billones de pesos que nunca se revirtieron en la creación de empleo. Por lo demás, hay que tener en cuenta que durante la campaña electoral Santos prometió tres millones de empleos, meta que después fue reducida a 2.5 millones y que ahora se concreta en bajar el desempleo a un 9%. El desempleo en septiembre de este año fue del 10.6%, lo que quiere decir que, suponiendo que la meta se cumpla, apenas habría una disminución del 0.4% cada año, un objetivo francamente precario si se considera que Colombia tiene el desempleo más alto de América Latina. Otra meta ridícula es la de la formalización. Al comienzo del gobierno se anunció que se formalizarían 500 mil empleos, pero en las últimas cifras oficiales se habla apenas de 350 mil. En un país que tiene 13 millones de trabajadores en la informalidad, esta meta de formalización es insignificante. En resumen, el desempleo y la precariedad laboral seguirán golpeando a millones de colombianos.

 

En el Congreso de la República avanza, igualmente, la reforma a la salud haciendo caso omiso de los cuestionamientos de las sociedades científicas y de distintos sectores de la opinión pública. Lo que hace esta reforma es reeditar, con algunos retoques la llamada Emergencia Social y mantener el carácter mercantilista que ha causado la profunda crisis en que hoy se debate la salud, con el agravante de que también cursa un proyecto para convertir la “sostenibilidad fiscal” en un derecho del cual dependerá el cumplimiento de los demás derechos, todo ello con el fin de acabar con las tutelas que les permitieron a muchísimos usuarios acceder a una mejor atención en salud.

 

Falta ver en qué termina el trámite del Estatuto Anticorrupción, que ha encontrado resistencias, aparentemente superadas, en sectores del Partido Conservador, hasta el punto de que el Presidente de la Comisión Primaria del Senado llegó a afirmar que de aprobarse “se tendrán que construir muchas cárceles”, en tanto que el Senador Roberto Gerlein lo calificó de “exageración exasperante que va más allá de lo racional”, todo ello no obstante que el diario El Tiempo editorializó diciendo que “Algunos apartes del proyecto son tímidos y necesitan ser reforzados”.

 

La verdad es que la corrupción hace parte de la naturaleza del régimen dominante y que la preocupación de momento del gobierno es tranquilizar a la ciudadanía mostrando que hace algo, en vista de los escándalos de los últimos días, que la revista SEMANA llamó “las nueve ollas podridas”, a saber: la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Incoder, Fondelibertad, el Banco Agrario, el Inpec, la Dian, el DAS, Ingeominas y el Inco. Todas esas ollas pertenecen a la cocina uribista, de la que también hizo parte el actual Presidente, y si se examina más a fondo el “legado”del “segundo libertador”, se encontrará que hay muchas otras igualmente putrefactas.

 

En lo que respecta al tratamiento respetuoso que el nuevo gobierno prometió para la oposición, hay una distancia considerable entre las palabras y los hechos, por lo que no ha sido posible un acuerdo alrededor del Estatuto de la Oposición.

 

Este breve resumen que, desde luego, no abarca todos los temas, permite concluir que no hay ninguna variación sustancial en la política neoliberal y guerrerista que caracterizó al gobierno de Uribe y que continúa en el gobierno de Santos. Se trata, en lo fundamental, de hacer una serie de ajustes para reforzar el mismo modelo desastroso que ha hecho de Colombia uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo y de mantener la guerra sin fin de la “seguridad democrática”.

 

Prácticamente todo el establecimiento se ha congregado alrededor del “Acuerdo de Unidad Nacional” y la única fuerza de oposición en el Congreso de la República es el Polo Democrático Alternativo. Lo que se requiere, entonces, es aglutinar todas las fuerzas populares en un solo frente para luchar por la salida negociada al conflicto interno, por cambios democráticos avanzados en las estructuras económicas, sociales y políticas, por el respeto a nuestra soberanía nacional y por la construcción de una alternativa política que represente y defienda los intereses nacionales y populares.

 

Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 2010

* Senadora de la República por el PDA

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