Israel-Palestina ¿Quién anexiona a quién?

 

Gus-Shalom.org

 

Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.

 

En una inusual sesión de madrugada, el parlamento israelí aprobó definitivamente dos irritantes leyes racistas. Ambas están claramente dirigidas contra los ciudadanos árabes de Israel, una quinta parte de la población.La primera de ellas posibilita la anulación de la ciudadanía de las personas declaradas culpables de delitos contra la seguridad del Estado. Israel se precia de tener una gran variedad de leyes como ésta. La anulación de la ciudadanía por tales motivos es contraria al derecho internacional y a convenciones firmadas por Israel.

La segunda ley aprobada es más sofisticada. Permite a comunidades de menos de 400 familias nombrar “comités de admisión”, que pueden impedir que personas inapropiadas se incorporen a la comunidad habitacional. Muy astutamente prohíbe específicamente el rechazo de los candidatos por motivos de raza, religión, etc., pero es un párrafo engañoso. Un solicitante árabe puede ser rechazado simplemente porque tiene muchos hijos o porque no cumplió el servicio militar

La mayoría de los miembros no se molestó en presentarse para la votación. Después de todo ya era tarde y también tienen familias que atender. Quién sabe, algunos incluso pueden haberse sentido avergonzados por esa votación

Pero mucho peor es la tercera ley que se espera que pase la votación final dentro de un par de semanas: la ley que prohíbe boicotear a los asentamientos. Desde sus primeras etapas hasta el presente, el texto original en bruto de este proyecto de ley se ha refinado un poco.

Tal como está ahora, la ley castigará a cualquier persona o asociación pública que llame a un boicot de Israel, así sea económico, académico o cultural. Según esta ley, “Israel” comprende cualquier empresa o persona israelí, en Israel o en cualquier territorio controlado por Israel. En pocas palabras, se trata de los asentamientos. Y no solamente del boicot de los productos de los asentamientos, que fue iniciado por Gush Shalom hace unos 13 años, sino que se ocupa también de la reciente negativa de los actores de presentar una obra de teatro en el asentamiento de Ariel y de la convocatoria hecha por intelectuales para retirar su apoyo a los académicos del Centro Universitario de ese asentamiento. También se aplica, por supuesto, a cualquier llamada al boicot de una universidad israelí o una empresa comercial israelí.

Este es un acto defectuoso en la legislación porque es antidemocrático, discriminatorio, anexionista, e inconstitucional en su conjunto. Toda persona tiene derecho a comprar o no comprar lo que desea, de quien elija. Esto es tan obvio que no necesita confirmación. Es parte del derecho a la libre expresión garantizado por cualquier constitución que se precie, y un elemento esencial de una economía de libre mercado.

Puedo comprar en la tienda de la esquina, porque me gusta el propietario, y evitar el supermercado de enfrente que explota a sus empleados. Las empresas gastan enormes sumas de dinero para convencerme de comprar sus productos en lugar de otros.

¿Qué pasa con las campañas con motivación ideológica? Hace años, durante una visita a Nueva York, yo estaba convencido de no comprar uvas producidas en California, porque los dueños oprimían a trabajadores emigrantes mexicanos. Este boicot se prolongó durante mucho tiempo y fue -si no recuerdo mal- exitoso. Nadie se atrevió a sugerir que el boicot debería declararse ilegal.

Aquí en Israel, los rabinos de muchas comunidades regularmente pegan carteles pidiendo a sus fieles que no compren en ciertas tiendas, que creen que no son kosher, o no suficientemente kosher. Estas convocatorias son comunes. Estas publicaciones son totalmente compatibles con los derechos humanos. Ciudadanos para los que el cerdo es abominable, tienen derecho a ser informados acerca de qué tiendas venden carne de cerdo y cuáles no. Hasta donde yo sé, nadie en Israel ha impugnado este derecho.

Tarde o temprano, algunos grupos antirreligiosos publicarán convocatorias para boicotear comercios kosher, que pagan a los rabinos -algunos de ellos los más intolerantes de su especie– grandes sumas de dinero a cambio de sus certificados de kashrut. De esta manera apoyan abiertamente la institucionalidad religiosa que llama a convertir a Israel en un “Estado Halajá” -el equivalente judío de un “estado musulmán bajo la ley de la Sharia“. Los sueldos de varios miles de supervisores de Kashrut y miríadas de otros funcionarios religiosos son pagados por el público mayormente secular.

Entonces, ¿qué hay acerca de un boicot antirrabínico? No puede ser prohibido, ya religiosos y antirreligiosos tienen garantizados por igual sus derechos. Así parece que no todos los boicoteos por motivos ideológicos son erróneos. Ni tampoco los iniciadores de este proyecto de ley en particular -los racistas de la escuela Lieberman, los derechistas del Likud y los “centristas” de Kadima- reclaman esto. Para ellos, el boicot sólo es un error si se dirige contra las políticas nacionalistas y anexionistas de este gobierno.

Esto se explícita en la propia ley. Los boicoteos son ilegales si se dirigen contra el Estado de Israel y no, por ejemplo, si el Estado de Israel llama a un boicot en contra de algún otro Estado. Ningún israelí en su sano juicio condenaría con carácter retroactivo el boicot impuesto por los judíos del mundo a Alemania inmediatamente después de que los nazis llegaran al poder -un boicot que sirvió de pretexto a Josef Goebbels para desencadenar, el 1 de abril de 1933, el primer boicot nazi contra los judíos (“Deutsche wehrt euch! Kauft nicht bei Juden!”).

Tampoco ningún sionista honesto encontró erróneas las medidas de boicot aprobadas por el Congreso contra la ex Unión Soviética, bajo la intensa presión judía, con el fin de derribar las barreras a la emigración libre para los judíos. Estas medidas fueron un gran éxito.

No menos exitoso fue el boicot mundial contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, un boicot muy bien recibido por el movimiento de liberación de Sudáfrica, aunque también perjudicara a los trabajadores africanos contratados por los empresarios blancos (un argumento ahora repetido por los colonos israelíes, que explotan a trabajadores palestinos con salarios de hambre).

Así que los boicoteos políticos no están mal, siempre y cuando se dirijan contra los demás. Es la antigua “moral hotentote” de la tradición colonial, “si yo robo tu vaca, está bien. Si tú robas la mía, está mal”.

Los derechistas pueden llamar a la acción contra las organizaciones de izquierda. Los izquierdistas no pueden llamar a la acción contra las organizaciones de derecha. Es tan simple como eso.

Pero la ley no sólo es antidemocrática y discriminatoria, también es abiertamente anexionista. Mediante un simple truco semántico, y en menos de una oración, los legisladores hacen lo que sucesivos gobiernos israelíes no se atrevieron a hacer y es anexar los territorios palestinos ocupados a Israel.

O tal vez es al revés: son las colonias las que anexan a Israel. La palabra “asentamientos” no aparece en el texto. Dios no lo quiera. Como tampoco la palabra “árabes” no aparece en ninguna de las otras leyes. En cambio, el texto se limita a establecer que las llamadas al boicot de Israel, que están prohibidas por la ley, incluyen el boicot de las instituciones israelíes y las empresas en todos los territorios controlados por Israel. Esto incluye, por supuesto, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Este es el núcleo de la cuestión. Todo lo demás es enmascaramiento.

Los promotores de esta ley quieren silenciar nuestro llamado a boicotear a los asentamientos, que está cobrando impulso en todo el mundo. La ironía del asunto es que pueden lograr exactamente lo contrario.

Cuando comenzamos el boicot, nuestro objetivo declarado era trazar una línea clara entre Israel en sus fronteras reconocidas -la Línea Verde- y los asentamientos. No abogamos por un boicot del Estado de Israel que, a nuestro juicio, es el que envía un mensaje equivocado y empuja a los centristas de Israel a los brazos de la extrema derecha (“¡El mundo entero está contra nosotros!”) Un boicot de los asentamientos, creemos, ayuda a restablecer la Línea Verde y a hacer una clara distinción.

Esta ley hace exactamente lo contrario. Al borrar la línea entre el Estado de Israel y los asentamientos se cae en las manos de los que llaman a un boicot de Israel en la creencia (errónea, creo) de que un estado de apartheid unificado allanaría el camino a un futuro democrático.

Recientemente, un juez francés de Grenoble demostró la locura de esta ley. El incidente implica a la empresa israelí de exportación casi monopolista de los productos agrícolas, Agrexco. El juez sospecha que la compañía cometió fraude, ya que los productos de los asentamientos se declararon falsamente como procedentes de Israel. Bien podría ser fraude, también, porque las exportaciones de Israel a Europa tienen derecho a un trato preferencial que los productos de los asentamientos no tienen. Estos incidentes se están produciendo más y más a menudo en varios países europeos. Esta ley hará que se multipliquen.

En la versión original, los que boicotean habrían cometido un delito penal y serían multados. Eso nos causaría una gran alegría, porque nuestra negativa a pagar las multas y el posterior encarcelamiento dramatizaría la situación.

Esta cláusula se omitió. Pero cada empresa particular de los asentamientos, y de hecho cada colono que se sienta alcanzado por el boicot, puede demandar –sin límite por los daños– a cualquier grupo que llama al boicot y a cualquier persona relacionada con la llamada. Desde el momento en que los colonos están fuertemente organizados y disfrutan de fondos ilimitados de todo tipo provenientes de dueños de los casinos y de turbios comerciantes de sexo, pueden presentar miles de demandas y prácticamente paralizar el movimiento de boicot. Este es, por supuesto, el objetivo.

La lucha está lejos de terminar. Tras la promulgación de la ley apelaremos a la Corte Suprema de Justicia para que la anule, por ser contraria a los principios fundamentales y constitucionales de Israel y a los derechos humanos

Como solía decir Menajem Begin: ¡”Todavía hay jueces en Jerusalén!” ¿O no?

Fuente: http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1301161372/

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Sierra Leone: Information on the 1997 coup d’etat, ECOMOG harassment of civilians, and the current situation in Sierra Leone.

http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,USCIS,,SLE,3df0dba62,0.html

 

Title

Sierra Leone: Information on the 1997 coup d’etat, ECOMOG harassment of civilians, and the current situation in Sierra Leone.
Publisher United States Bureau of Citizenship and Immigration Services
Country Sierra Leone
Publication Date 5 January 2000
Citation / Document Symbol SLE01001.SND
Cite as United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, Sierra Leone: Information on the 1997 coup d’etat, ECOMOG harassment of civilians, and the current situation in Sierra Leone. , 5 January 2000, SLE01001.SND , available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df0dba62.html %5Baccessed 29 March 2011]

United States Bureau of Citizenship and Immigration Services - Logo

Query:

Please provide information on the 1997 coup d’etat, the actions of ECOMOG forces in the aftermath of that coup, and the current situation in Sierra Leone.

Response:

1997 COUP D’ETAT

On 25 May 1997, the government of President Ahmed Tejan Kabbah, who had been elected president in March 1996 in the first multi-party elections for nearly three decades in Sierra Leone, was overthrown by a group of soldiers from the Sierra Leone Army (SLA) who had formed the Armed Forces Revolutionary Council (AFRC). The leader of the coup and head of the newly formed AFRC, Johnny Paul Koroma, had been among nine soldiers charged with attempting to overthrow the government in September 1996. The armed forces were joined by the rebel Revolutionary United Front (RUF) and formed what became known as the People’s Army. In effect, AFRC soldiers (formerly SLA soldiers) and rebel RUF soldiers jointly ruled Sierra Leone until February 1998 when ECOMOG (Economic Community of West African States Monitoring Group) troops stormed Freetown and returned President Kabbah to power. The RUF and AFRC, including members of the SLA, retreated to the country side (UK, Apr. 2000, 5; HRW, July 1998, 4; UN OCHA-IRIN, 29 Dec. 2000).

MAY 1997 – DECEMBER 1999

The nine months of AFRC/RUF rule of Sierra Leone, from 25 May 1997 to 13 February 1998, was characterized by serious human rights violations and a complete breakdown of the rule of law. Immediately after the 1997 coup, Nigerian ECOMOG forces already present in Sierra Leone were significantly reinforced by additional troops from Nigeria, Guinea and Ghana. On 13 February 1998, ECOMOG forces ousted the AFRC/RUF junta. There were reports of acts of violence and intimidation by ECOMOG troops against civilians in Freetown and other parts of the country (UN OCHA-IRIN, 29 Dec. 2000; UK, Apr. 2000, 5 & 9; HRW, July 1998, 4).

On 19 October 1998, twenty-four (24) army officers were executed by firing squad after having been convicted of participation in the 1997 coup d’etat. Ten (10) officers convicted of the same charges had their sentences commuted to life in prison. The executions were condemned by Amnesty International, Human Rights Watch, the British government, the European Union (EU) and UN Secretary-General Koffi Annan (AFP, 23 Oct. 1998; AFP, 20 Oct. 1998; AI, 20 Oct. 1998; Roy-Macauley, 19 Oct. 1998; HRW, 19 Oct. 1998).

In January 1999 RUF rebels and some former troops of the SLA launched an assault on Freetown and seized parts of the city from ECOMOG. Before ECOMOG regained control of the capital, at least 5,000 people were killed and many neighborhoods were demolished. Thousands of others were abducted by the rebel forces. Some were used for forced labor, others as sex slaves, and many terrorized into joining the rebel army. ECOMOG forces summarily executed suspected rebels and collaborators in their efforts to drive the rebel forces from the city (UN OCHA-IRIN, 29 Dec. 2000; UK, Apr. 2000, 8).

All parties to the conflict were responsible for human rights abuses and violations of international humanitarian law. Civilian Defense Forces (CDFs) and civilian militias, commonly referred to as Kamajors, who support the Kabbah government, committed various human rights abuses including indiscriminate killings and torture. The Kamajors were responsible for the majority of abuses committed by those fighting on behalf of the Kabbah government since February 1998. However, abuses by forces aligned with the Kabbah government were carried out on a smaller scale than those abuses committed by the AFRC/RUF (HRW, July 1998, 4-5).

The AFRC/RUF waged war by attacking the civilian population. They used a brutal terror campaign to exert political and military control over the population. Testimony taken from survivors and witnesses of rebel attacks reported physical mutilation, rape, abduction, torture and murder among the atrocities committed by the AFRC/RUF (HRW, July 1998, 11).

In an attempt to restore peace and stability to the country, the United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) was deployed in November 1999 to assist in the implementation of the Lome Peace Accord signed by the Kabbah government and RUF rebels in July 1999. The accord provided for the establishment of a unity government that includes the RUF and former AFRC junta. UNAMSIL has been criticized as being ineffective in its ability to protect civilians from harm in rebel-controlled territory (HRW, 30 Nov. 2000; Adeyemi, 15 Nov. 2000).

In February 2000 UNAMSIL was expanded in size from 6,000 to 11,000. During the following month rebels attacked UN forces in eastern Sierra Leone and seized weapons and equipment. In May more than 500 UN peacekeepers were abducted by the RUF. The previous peace deal reached between the Sierra Leonean government and the RUF rebels collapsed and British troops arrived to evacuate British nationals. British advisors provided support for the UN forces (Reuters, 3 Jan. 2001; UN OCHA-IRIN, 29 Dec. 2000).

Complicating matters further, the Indian commander of UNAMSIL accused Nigerian peacekeepers of sabotaging the peace process by colluding with rebels in illegal diamond mining. In August 2000 former SLA soldiers held several UN officials, ECOMOG troops, journalists, and others hostage. Most were released within a week and RUF commanders being held were also freed a month later. In September British paratroopers attacked the camp of a rebel group known as the West Side boys who had taken 11 British troops hostage. During the same month India and Jordan withdrew their troop support from UNAMSIL. British troops deployed a taskforce of 500 British Royal Marines in Freetown to reinforce their troops who were training the SLA (Reuters, 3 Jan. 01; UN OCHA-IRIN, 29 Dec. 2000; Adeyemi, 15 Nov. 2000).

CURRENT SITUATION

On 10 November 2000, the RUF and the government of President Kabbah signed a nine-point peace agreement in Abuja, Nigeria. The agreement called for an immediate 30-day cease-fire, full deployment of UNAMSIL, and the return of equipment, weapons and ammunitions seized by the RUF. The agreement also called for the immediate resumption of the disarmament, demobilization and integration program of the Lome Peace Accord signed in July 1999. In December Britain announced that 300 Gurkha soldiers will help train the SLA (UNOCHA-IRIN, 29 Dec. 2000; Adeyemi, 15 Nov. 2000).

Presently, UNAMSIL reports that general security in the country remains calm, except for areas near the southeastern Guinea border. Agence France Presse reported the Sierra Leone government’s mounting concern over RUF rebel activity in Guinea that has claimed at least 900 lives and caused the displacement of hundreds of thousands of local Guineans and Sierra Leoneans and Liberians who resided in Guinea as refugees. Sierra Leonean refugees continue arriving in the Guinean capital of Conakry after fleeing the conflict zones of southwestern Guinea. Many of those in Conakry are awaiting sea passage to Freetown. UNHCR stated that as of December 30th 1,559 refugees had voluntarily repatriated to Sierra Leone in an effort to flee the rebel violence that has now spread to southern Guinea. Meanwhile in Freetown, returnees have refused to move out of refugee transit centers after the maximum 5-day stay. UNHCR is trying to arrange alternate accommodations in Sierra Leone for those from unsafe areas of the country (UNHCR, 2 Jan. 2001; AFP, 27 Dec. 2000; UN-OCHA, 22 Dec. 2000).

UNAMSIL peacekeepers, whose mandate has been extended until 31 March 2001, appear to now be poised to enter RUF controlled territory. However, at the moment RUF intentions remain unclear. Although the RUF appears to have attempted to put a stop to atrocities being committed by its forces and has allowed further freedom of movement within Sierra Leone, the RUF has sent mixed signals regarding UNAMSIL deployment in accord with the peace agreement. The RUF has indicated that the UN forces could only deploy if RUF leader, Foday Sankoh, is freed; and at other times the RUF has stated that Sankoh’s release was not a requisite for UNAMSIL deployment in territory under its control. The U.S. government has extended Temporary Protected Status (TPS) to certain Sierra Leonean nationals until 2 November 2001 (Reuters, 3 Jan. 2001; UNSC, 22 Dec. 2000; FR, 9 Nov. 2000).

E Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia que el presidente Santos encubre el paramilitarismo

La reingeniería paramilitar bajo el eufemismo de “bandas criminales”
MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) se propone desarrollar una serie de acciones con el fin de denunciar tanto nacional como internacionalmente las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemístico término de bandas criminales (bacrim).

Durante el encuentro de esta organización de derechos humanos que tuvo lugar en Bogotá entre el 10 y el 12 de marzo, los participantes determinaron igualmente seguir combatiendo la negativa estrategia de “Seguridad Democrática”, impulsada por el controvertido mandato de Álvaro Uribe Vélez y que ahora en el gobierno de Juan Manuel Santos ha tomado el apelativo de “Prosperidad Democrática”.

Al final del encuentro, el MOVICE expidió el siguiente pronunciamiento:

 

DECLARACION POLITICA

V Encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

“En MOVIDA con los pies por la tierra”

Durante los días 10, 11 y 12 de marzo del 2011, nos encontramos más de 300 delegados del MOVICE de todo el territorio colombiano y en resistencia al olvido y a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, hermanados en el sueño de una Colombia en Paz con Justicia Social, convocados en la memoria de nuestras víctimas, fortaleciendo nuestra unidad y convocando a otros y otras Movimientos y sectores sociales y políticos.

 

Deliberamos sobre la actual situación frente a Derechos Humanos, Ley de Víctimas, tierra y territorio y Conflicto Social y Armado junto con su solución política y negociada:

 

CONSTATAMOS


Sobre la situación de Derechos Humanos:

 

– Que en desarrollo de la “Política de Seguridad Democrática” se han generado y se siguen presentando graves crímenes de Lesa Humanidad como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros.

– Que a través de la persecución realizada por el DAS, se han generado parte de estos crímenes y se ha desarrollado una campaña contra el MOVICE, en particular en la realización de su segundo encuentro nacional, de donde podemos afirmar que crímenes y judicializaciones cometidas contra miembros del Movimiento se han hecho bajo esta estrategia.

– Que en desarrollo de la Política de Prosperidad Democrática la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales – Bacrim, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares

– Que el cambió en el lenguaje del discurso gubernamental de Seguridad Democrática a Prosperidad Democrática, de supuesta concertación y respeto a los derechos humanos, no ha trascendido a los hechos y se mantiene la violencia sociopolítica, impunidad y el conflicto social y armado.

– Que continúa la criminalización de la protesta social, estudiantil, con el uso desmedido de la fuerza represiva del ESMAD, la judicialización de líderes campesinos, comunales, estudiantiles y defensores de derechos humanos, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual, del control militar de la vida y del pensamiento crítico.

– Que los crímenes se desarrollan en regiones del país donde persisten grandes intereses económicos, de la agroindustria, de la infraestructura comercial hacia el desarrollo de megaproyectos de extracción de recursos naturales.

– Que los crímenes de violencia sociopolítica se agudizan con la ausencia de garantías a los derechos fundamentales a la vida, la salud, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente y a un desarrollo autónomo desde las prácticas tradicionales de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

– Que se mantiene la crítica situación de los presos políticos y en particular de las mujeres recluidas en cárceles bajo procesos de persecución judicial.

– Que se evidencia la decisión del Gobierno por generar división al interior de las víctimas y organizaciones sindicales, de derechos humanos y sociales, a través de diferentes propuestas como la de una conferencia nacional de derechos humanos que como está planteada no responde a las propuestas del movimiento señaladas desde su creación.

 

Sobre el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

 

– Que después de 5 años de aplicación de la Ley 975 de 2005, los avances en materia de verdad siguen siendo irrisorios y con ausencia de justicia. Por ello nos preocupa que se estén planteando reformas que profundizarían el desconocimiento de los derechos de las víctimas, como es el caso de la Ley de Justicia Transicional y reformas en procedimientos judiciales.

– Que el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido presentado sin consulta y su trámite avanza sin brindar garantías de protección a los derechos de las víctimas, incluyendo además falencias fundamentales con respecto a los estándares internacionales.

– Que el Estado colombiano se niega a reconocer su responsabilidad en los crímenes cometidos negando con ello los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición.

 

Sobre la situación de Tierras y Territorio


– Que persiste el despojo de tierras y territorios, con ausencia de procesos de restitución que resuelvan la situación integral de los desplazados en el país. Manteniéndose las violaciones a los derechos humanos y falta de protección de quienes se atreven a reclamar su derecho a restitución y retorno a la tierra y territorio.

– Que la restitución planteada desde el plan de choque del ministerio de agricultura pretende legalizar el despojo, entregando una ínfima parte de las tierras y profundizando el modelo de agroindustria, extracción de recursos y de infraestructura con extranjerización de la propiedad de la tierra en función megaproyectos.

– Que al despojo violento de tierras y territorios se suman mecanismos legales como el Plan de Desarrollo 2010 – 214, Política minero energética, planes de reordenamiento territorial y ampliación de la frontera agrícola.

 

Sobre la profundización del Conflicto Social y Armado


– Que persisten estrategias militares de la fuerza pública de arrasamiento, de restricción de derechos, de consolidación de zonas militares, en el control de la vida civil y el territorio.

– Que es este contexto las FARC EP y el ELN han expresado públicamente su disposición hacia un diálogo y negociación de Paz en medio de la guerra. Parte de esta voluntad se evidencia en la entrega unilateral de retenidos con la mediación de Colombianos y Colombianas por la Paz.

– Que ante esta voluntad de paz, el gobierno ha dicho que tiene la llave de la paz, sin embargo aún no se concreta éste escenario, el cual no sería solo de interés de las partes sino de la sociedad en general.

 

Atendiendo a las anteriores consideraciones, a sus estrategias y al mandato de las víctimas organizadas en los veinticuatro capítulos que integran nuestro movimiento, el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado,

 

RESUELVE:

 

1. Continuar oponiéndonos a la política de “Seguridad Democrática”, hoy en su nueva versión llamada de “Prosperidad Democrática”. Denunciar, la estrategia de múltiples falsos positivos que ha incluido, no solo las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas, sino además el encubrir la reingeniería paramilitar con falsas desmovilizaciones y reinserciones así como la realización de montajes judiciales. El Movice no ha reconocido, ni reconocerá denominar las estructuras paramilitares, como bandas criminales o asimilar estrategias de criminalidad de Estado con la delincuencia común.

2. Adelantar todas las acciones jurídicas y políticas, frente a la persecución ejercida por el DAS, que conlleven a desenmascarar y judicializar ante los tribunales a los máximos responsables de estos crímenes, principalmente al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.

3. Emprender acciones conducentes a que los funcionarios involucrados en la suplantación de las desmovilizaciones, beneficiarios del despojo y de reinserciones respondan patrimonialmente para restituir los recursos dilapidados por parte del Estado en estos montajes.

4. Incidir en la propuesta presentada ante el Congreso de la República de modificaciones estructurales al proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras, no sin antes advertir que este ha sido inconsulto con las víctimas. Esperamos que dichas propuestas sean incorporadas, pero al mismo tiempo advertimos que de persistir en el proyecto el carácter abiertamente inconstitucional y contrario a los estándares internacionales en esta materia, demandaremos esta norma ante la Corte Constitucional.

5. Persistir en la movilización y fortalecimiento de los procesos organizativos, tal como lo hemos hecho, con la ley 975 de 2005, decreto 128 de 2003, con las extradiciones, el estatuto de desarrollo rural y todas aquellas normas que violan o limitan los derechos de las víctimas. El MOVICE considera que la fuerza social principal para acabar con la impunidad y los crímenes de Estado en Colombia reside en la capacidad organizativa y en la iniciativa de las víctimas.

6. Convocar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional en el acompañamiento y apoyo de todas las acciones que en materia de restitución, retorno, recuperación, resistencia y redistribución de la tierra emprendan las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas, (desplazadas o en resistencia) y habitantes de zonas rurales, que han sido víctimas de prácticas de despojo. Llamar a la realización del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías como una expresión de la unidad de agendas de acción de campesinos, indígenas, afro descendientes, desplazados, pobladores urbanos, sindicalistas, estudiantes y demás víctimas del despojo.

7. Exigir al Estado Colombiano y a la insurgencia concertar mecanismos para una pronta solución política y negociada al conflicto social y armado. En ese sentido, respaldar las iniciativas de Paz de la sociedad civil como la de Colombianos y Colombianas por la Paz, que persiguen mediante una agenda humanitaria llegar a la mayor brevedad a una mesa de negociación que ponga punto final al conflicto armado y que ofrezca una solución con justicia y democracia a la larga confrontación que ha sufrido el país. El MOVICE anuncia la decidida voluntad de construir una agenda propia con propuestas desde las víctimas hacia la paz.

8. Anunciar la inauguración del centro de memoria sobre el genocidio político contra la Unión Patriótica, como paso trascendental hacia la construcción de un Centro de Memoria contra la criminalidad estatal. El MOVICE saluda y fomenta continuar con las distintas iniciativas de memoria constituidas a la fecha.

9. Expresar solidaridad con las personas detenidas y judicializadas por motivos políticos o de conciencia, especialmente a Carmelo Agamez, Nelson de Jesús Gómez, Winston Gallego, David Ravelo, Imber Barrio, Harry Castillo y Carolina Rubio, integrantes del MOVICE víctimas de persecución judicial.

10. Ratificar la necesidad de construir una estrategia de lucha contra el exilio y apoyar los esfuerzos de los capítulos de víctimas que desde el exterior han trabajado por la construcción de esta nueva estrategia.

11. Finalmente llamar al Movimiento Social, de Derechos Humanos y Paz a responder de manera unitaria a la actual política gubernamental de concertación sin garantías reales. La unidad debe constituirse en el pilar fundamental de los movimientos sociales en Colombia. El MOVICE saluda y corrobora su voluntad de trabajo conjunto al lado de expresiones como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Minga de Resistencia social y comunitaria, el Techo Común, la CUT, la Gran Coalición democrática, los procesos indígenas y afrocolombianos.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Bogotá, marzo 12 de 2011.

http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=487:movice-anuncia-acciones-contra-encubrimiento-a-reingenieria-paramilitar-&catid=64:nacionales&Itemid=48

Ongoing violence leading to rising displacement in Libya, says UN agency

Refugees await food distribution at the border town of Sallum, Egypt, after fleeing the ongoing crisis in neighbouring Libya

25 March 2011 – The United Nations refugee agency said it is receiving reports of increased displacement in Libya, while the numbers of people fleeing the North African nation amid what Secretary-General Ban Ki-moon called “the brutal campaign of violence by the Libyan regime against its own people” have remained steady.

Non-governmental partners working with the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) estimate that up to 20,000 people have been taking refuge in the small town of Al Butwen, east of Ajdabiya for over two weeks, while some 5,000 people are displaced in the coastal town of Derna.

The agency has sent two convoys with medical supplies to the rebel-held city of Benghazi through the Egyptian Red Crescent and the Libyan Red Crescent, as well as thousands of blankets, sleeping mats and other relief items.

However, UNHCR does not currently have access to deliver humanitarian aid into other parts of Libya, spokesperson Melissa Fleming told a news conference in Geneva.

Colonel Muammar Al-Qadhafi has waged a fierce military crackdown in response to the protests that erupted in Libya last month as part of a wider movement calling for reform across North Africa and the Middle East.

As of 23 March, more than 350,000 people have fled the violence in Libya, with most of them going to neighbouring Egypt and Tunisia, said UNHCR. It added that the numbers of those fleeing have remained steady over the past few days.

Yesterday Mr. Ban reported to the Security Council that although the Libyan authorities have repeatedly claimed to have instituted a ceasefire, there has been no evidence of that.

“To the contrary, fierce battles have continued in or around the cities of Ajdabiya, Misratah and Zitan, among others. In short, there is no evidence that Libyan authorities have taken steps to carry out their obligations under Resolutions 1970 or 1973,” he said, referring to last week’s resolution and an earlier one calling for a ceasefire and full protection of civilians.

In a related development, the head of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Irina Bokova, today condemned the killing of Libyan journalist Mohammed al-Nabbous on 19 March and called for all journalists detained in the country to be freed.

According to the International Press Institute, the 28-year-old founder of online channel Libya Al-Hurra, or Free Libya, was killed by snipers in Benghazi during an attack on the city by pro-Qadhafi forces.

“His tragic death, along with numerous reports of journalists being detained in the country, indicates just how dangerous Libya has become for media workers,” Ms. Bokova stated in a news release.

“In keeping with the Geneva Conventions to which Libya is a State party, it is essential that all those in positions of power in the country respect the right of journalists to do their work unhindered,” she added.

Mr. al-Nabbous is the second journalist to be killed in Libya within the past two weeks, said UNESCO. Ali Hassan al-Jaber, a cameraman with Al Jazeera, was killed in an apparent ambush last week.

In water-rich DR Congo, 50 million people lack clean water to drink – UN

Some 90 per cent of the DRC’s rural population is dependent on groundwater and springs for drinking water

22 March 2011 – An estimated 51 million people in the Democratic Republic of the Congo (DRC) – or three quarters of the population – have no access to safe drinking water, even though the country holds over half of Africa’s water reserves, the United Nations Environment Programme (UNEP) said in a new study released today.

The country’s troubled legacy of conflict, environmental degradation, rapid urbanization and under-investment in water infrastructure has seriously affected the availability of drinking water, UNEP said in the study, unveiled to coincide with World Water Day.

UNEP was among several participants at an event in the capital, Kinshasa, staged by the National Water and Sanitation Committee, which brought together government representatives, development partners, financial institutions, non-governmental organizations (NGOs) and researchers to discuss steps to address the DRC’s water challenges.

Speaking at the forum, UNEP’s DRC Programme Manager, Hassan Partow, said the study confirmed that despite recent progress, including water sector reforms, the scale of the challenge means that the country will not be able to meet its water targets under the UN-set Millennium Development Goals (MDGs), which calls for reducing by half the proportion of people without access to safe drinking water by 2015.

The DRC would have to supply an additional 20.3 million people with safe drinking water by 2015 even to meets its national development goals, which are significantly below the MDGs water target, according to UNEP.

“Since peace was brokered in 2003, the Government has gradually managed to reverse the negative trend in water coverage that has plagued the DRC since its period of conflict and turmoil”, said Mr. Partow. “This represents an important achievement which should be applauded.”

“However, the stark reality is that the DRC has one of the fastest urbanization growth rates in the world and this is not being matched with adequate water and sanitation service delivery,” he added.

Based on extensive fieldwork and stakeholder consultations across the country, the UNEP study found that inadequate water and sanitation delivery in the DRC’s rapidly expanding urban centres is due to insufficient, aging and overloaded networks, combined with the degradation of critical water sources and watersheds, such as the Lukunga and N’Djili catchments, which provide millions of people with drinking water in Kinshasa.

According to the study, entitled “Water Issues in the Democratic Republic of Congo – Challenges and Opportunities,” in addition to major infrastructure improvements, an investment of approximately $70 million over a five-year period is required to help strengthen the water sector.

UNEP recommends innovative strategies such as community-managed water supply systems in urban fringe areas and low-cost technical solutions, including communal tap areas and rainwater harvesting.

The UN Children’s Fund (UNICEF), meanwhile, drew attention to an estimated 37 million rural residents in DRC who risk contracting disease because they have no alternative but to draw untreated water directly from rivers or lakes that are likely to be contaminated.

“A child living in a Congolese village is four times more likely to drink contaminated water than someone in town. Yet, all children have equal right to survival and development of which drinking water is a vital component,” said Pierrette Vu Thi, the UNICEF representative in DRC in a statement to mark the World Water Day.

More than 2 million Congolese children under the age of five, or one in five in that age group, are regularly sick with diarrhoea, according to figures from the country’s department of health cited by UNICEF.

“The fact that we are unable to provide each family clean drinking water is an affront,” said Ms. Vu Thi. “Too many children die because we do not respect our responsibility, and their deaths are ignored,” she added.

PNUMA y gobiernos presentan estrategia internacional contra desechos marinos

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=20579&criteria1=ambiente&criteria2=mar

 

25 de marzo, 2011 Representantes de gobiernos de 35 países y expertos del Programa de la ONU para el Medio Ambiente y de otros organismos lanzaron hoy una nueva estrategia de cooperación internacional para luchar contra la contaminación producida por los desechos vertidos a los mares y océanos.
En una reunión sobre este tema celebrada en Honolulu, Hawai, los participantes se comprometieron a intercambiar soluciones técnicas, legales y de mercado para evitar que este problema continúe creciendo.

“Básicamente es una estrategia que está orientada por resultados y el objetivo es reducir los impactos en el mar en los próximos 10 años”, explicó Irma Larrea, oficial de Programas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Agregó que del encuentro surgirá el “Acuerdo de Honolulu”, que dará lugar a la primera estrategia global en la reducción, prevención y manejo de este tipo de desechos.

Según el PNUMA, casi 300 especies marinas sufren las consecuencias producidas por la ingestión de plásticos y otros contaminantes.

Côte d´Ivoire: ACNUR reporta 1,5 millones de desplazados por conflicto

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=20570&criteria1=Ivoire&criteria2=desplazados

 

25 de marzo, 2011 El conflicto en Côte d´Ivoire ha causado ya el desplazamiento de un millón de personas en Abidján, declaró la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
La portavoz en Ginebra de ese organismo, Melissa Fleming, destacó que otros 500.000 marfileños han abandonado sus hogares en el oeste del país.

“Las familias que huyen de las áreas de conflicto le han dicho a nuestra gente que tienen miedo de verse atrapadas en el fuego cruzado o ser alcanzadas por balas perdidas. Otros dicen que ya no pueden afrontar la situación financiera, porque los bancos y las empresas han cerrado y esto ha causado desempleo”, explicó Fleming.

Agregó que las terminales de autobús están llenas de pasajeros desesperados por marcharse a zonas donde no se han producido enfrentamientos.