Posted: 26 Jul 2009 03:17 PM PDT
Vía InvestorsConundrum, me entero que César Alierta, presidente de Telefónica, se ha salvado de momento de una condena en firme por una cuestión de meses y de discrepancia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
De momento la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al presidente de Telefónica, César Alierta, y a su sobrino Luis Javier Placer al considerar prescrito el delito de uso de información privilegiada en la compra de acciones de Tabacalera en 1997.
La prescripción se debe ha que han transcurrido más de cinco años desde que se consumó la conducta ilícita (cuando se vendieron las acciones, en febrero de 1998) hasta que el juez de instrucción decidió en junio de 2003 admitir a trámite la querella interpuesta por una asociación de consumidores. Si en lugar de la fecha en que la querella se admitió a tramite se hubiese contado como fecha de la prescripción la fecha de interposición de la querella (teoría del Tribunal Supremo) a día de hoy Alierta estaría condenado a entre 1 y 4 años de prisión.
Dejando de lado, la casuística de las polémicas prescripciones, para mi Alierta debería dimitir ya que el tribunal considera probado que Alierta se enriqueció con el uso ilegítimo de información privilegiada.
La sentencia sostiene que existió “un concierto común entre ambos” para “sacar un provecho económico” de las principales decisiones que Tabacalera, entonces presidida por Alierta, adoptó en 1997. Los tres magistrados afirman que el directivo “ideó la forma de aprovechar el conocimiento de determinados datos sustanciales relativos al mercado bursátil, a las operaciones que se iban a realizar y a la repercusión que tales hechos fueran a tener en el mercado de valores para obtener, de ese modo, una ventaja patrimonial considerable”.
Por muy buen gestor que sea Alierta, a mi no me parece normal que la primera compañía española, por capitalización bursátil, esté presidida por un personaje, con la catadura moral suficientemente laxa como para utilizar información privilegiada de una compañía cotizada presidida por él para su propio beneficio o el de su sobrino.
En cualquier país normal, después de esta sentencia, aunque sea absolutoria, el consejo de administración de Telefónica debería exigir la dimisión de su actual Presidente. Es una cuestión no sólo de forma sino de fondo.
De momento, parece que la fiscalía anticorrupción prevé recurrir al Tribunal Supremo la actual sentencia.
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